PGR política, candidato equívoco

Miguel Angel Granados Chapa
Reforma/27 de mayo de 2010

El desprestigio de la Procuraduría General de la República impide conceder entero crédito a su acusación contra Gregorio Sánchez Martínez. El Gobierno federal ha convertido más de una vez a la PGR en instrumento político para fines ajenos a su función formal. Pero el candidato de la coalición PRD, PT y Convergencia en Quintana Roo, detenido en espera de que se inicie un proceso en su contra por varios delitos, sobre todo lavado de dinero, aparece en el escenario con un talante equívoco en relación al dinero.

Su personalidad es, de suyo, polémica. Entró en la política a partir de su condición de pastor religioso, muy atractivo para ciertos sectores de Cancún –de donde es alcalde con licencia--. Y ha solido manejarse con holgura financiera. Figura en la economía local como empresario en varios ramos, dueño de una fortuna generada en menos de los catorce años en que ha residido en ese puerto. Llegó entonces desde Chiapas, donde radicaba después de algunos años en su natal Guerrero.

Actualmente, para no ir más lejos, enfrenta varios procesos iniciados por el contratista de Pemex, Steven Santander, que asegura haber entregado diez millones de dólares para su campaña a la alcaldía cancunense, cantidad que le sería devuelta una vez ganada esa posición. Uno de los juicios mercantiles respectivos se basa en pagarés de hasta por dos millones de pesos firmados por Alfredo Achard, con el aval de Sánchez. El fiado apareció después en el ayuntamiento de Benito Juárez (cuya cabecera es Cancún) como asesor del presidente municipal. Santander, el acreedor frustrado, es un contratista de Pemex que ha acumulado una fortuna en su relación con esa empresa pública..

La intención política de la PGR se manifiesta de varias maneras. Por un lado, aunque según la Procuraduría desde enero se realizaba la investigación correspondiente, la orden de aprehensión fue solicitada una vez consumado el registro de Sánchez y ya iniciada su campaña. Si se le inicia proceso y la justicia de amparo o la electoral le son adversas, la coalición que lo postula quedará en riesgo de no presentar candidato. Según el PRD, es falso que la Procuraduría haya alertado a ese partido sobre la pesquisa en curso, al contrario de lo que se informó tras la detención de Sánchez. Por otro lado, de forma más vaga y baja, se deslizó desde la propia PGR la versión de que la captura del alcalde con licencia se debía también a su involucramiento en el asesinato del general Mario Enrique Tello, jefe de Seguridad Pública en ese municipio, asesinado en febrero del año pasado, cuando ha quedado claro que no se le fincan responsabilidades en ese caso.

Sin intervención de la PGR ha habido otros intentos de evitar la candidatura de Greg Sánchez. Fue reformada la constitución local para establecer un requisito de residencia para los aspirantes a gobernar a Quintana Roo más severo que el vigente: Se elevó a veinte años, pero la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la reforma. Luego, el alcalde se acercaba a ser el candidato de la coalición en que figuraba también el PAN. Pero de manera súbita, el presidente del partido, César Nava, resolvió romper la alianza e impulsar una candidatura propia, encarnada en la alcaldesa de Isla Mujeres, Alicia Ricalde Magaña. Se sabrá, sin duda, si la negativa panista de apoyar eventualmente a Sánchez surgió de la intuición política de Nava o si recibió información privilegiada sobre las adversidades que tendría que enfrentar el candidato del PRD.

Desde tiempo inmemorial, la procuración federal de justicia ha estado infectada por sesgos políticos, mostrados en la época del PRI en los procesos contra disidentes políticos. La alternancia no modificó el panorama en ese campo. Se recordará por siempre la actuación grotesca de la PGR en el procedimiento que condujo al desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Pero ya antes, en un caso semejante porque se trataba de un proceso electoral y de un candidato, la PGR afectó a los ciudadanos de Jalisco y acaso fue factor determinante del triunfo de Emilio González Márquez en la jornada de julio de 2005. Arturo Zamora, en ese momento alcalde de Zapopan con licencia, era el candidato del PRI en su intento de recuperar el gobierno que había perdido 10 años atrás. Desde meses antes se filtraron desde el Ministerio Público Federal rumores sobre su relación con el narcotráfico. Y en vísperas de las elecciones, Zamora fue llamado por la PGR como si fuera a iniciarle una averiguación previa formal. Muy pronto lo exoneró, pero el daño electoral que le produjo fue contundente aunque resultara imposible cuantificarlo. Al año siguiente, en una elección municipal en el Estado de México, también al cabo de un proceso electoral fue detenido Mario Moreno, candidato del PRD a la alcaldía de Iztapaluca. Fue liberado casi de inmediato y ganó las elecciones, pero fue claro que al menos por el momento de obrar en su contra se había actuado con criterios políticos y no ministeriales.

No está dicha la última palabra acerca de Greg. En este momento sigue siendo candidato y si en los próximos días se le iniciara proceso, le quedan los recursos de la justicia de amparo y de la justicia electoral, que no necesariamente le serían adversos. De la conducta del PAN en este caso podremos inferir el origen del sesgo político en que probablemente actuó la PGR. El ganador del episodio, sin duda alguna, resultan el PRI y el grupo del gobernador Félix González Canto, que pavimentan así el camino hacia el 2012.