jueves, 20 de noviembre de 2008

La pista del dinero

Carlos Ornelas
Excélsior/19 de noviembre de 2008


Cuando leí la noticia de que la Cámara de Diputados le puso cerrojos a los estados para el ejercicio del presupuesto educativo, me vino a la memoria la película Todos los hombres del presidente, donde Garganta Profunda (el seudónimo que Bob Woodward utilizó para proteger a su informante en el caso Watergate) le sugiere al reportero que siga el rastro del dinero. De acuerdo con el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, los estados deberán informar cada trimestre a la Secretaría de Educación Pública y a la Cámara de Diputados federal sobre el número, nombres, funciones del personal comisionado, el periodo de duración de la comisión y publicar las listas en la internet.
Para evitar que los estados esquiven esa imposición, los diputados la ataron a reglas claras de rendición de cuentas. No indican que habrá castigos para los gobiernos locales que tengan comisionados en exceso ni los forzarán a que reduzcan su número, pero sí que sobrevendrán sanciones para las autoridades que no cumplan con la indicación de transparencia. La medida es importante: no equivale a una “auditoría general de plazas” ni significa que se taparán los caños por donde se cuelan millonadas cada año, pero es la primera pista para darle seguimiento a los recursos que se desperdician. Por lo pronto nada más es un golpe a la opacidad, pero tiene el potencial de que, con la información que se haga pública, crezcan las demandas sociales para acotar el poder del grupo que maneja al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Las nuevas reglas de ejecución del presupuesto conllevan dos secuelas divergentes. Una de ellas ya la apunté. Va a debilitar la acción del SNTE, ya que los gobiernos estatales, si se atreven, tendrán en ese decreto instrumentos para resistir presiones y no comisionar a más docentes y trabajadores a actividades sindicales. La autoridad de los gobernadores palidece en el arreglo institucional vigente; no pueden ser los rectores de la educación pública, deber que les dicta el espíritu de la Ley General de Educación. El poder verdadero lo tiene el SNTE, sus fieles conducen la educación básica en casi la totalidad de sus aspectos. Incluso, hubo rumores, en los entretelones de la negociación del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, de que el amago de Fernando González Sánchez de renunciar a la Subsecretaría más importante de la SEP, influyó en la asignación de recursos a ese segmento. Parece que el gobierno federal le teme tanto a la suegra del funcionario, que concedió casi todo lo que el SNTE le exigió.
Lo que hicieron los diputados con la cláusula de transparencia fue apenas un esbozo de lo que planteó el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara baja, de que los salarios de los comisionados al sindicato no se paguen con recursos del FAEB; moción que frenó la Secretaría de Hacienda, según lo reporta reforma.com (13 de noviembre). Eso es una prueba del temor del gobierno a Elba Esther Gordillo y del precio que paga (con recursos fiscales) para mantener una alianza con ella. De cualquier manera, los diputados lograron poner un pequeño estorbo al poder de ese sindicato. ¡Y qué bueno que eso suceda! Hay un avance al hacerse público lo que le cuesta a la nación mantener a decenas de miles de maestros comisionados a actividades que tienen poco que ver con la educación.
Por otra parte, el mismo hecho de que la Cámara haya puesto esas condiciones en el decreto, es otra prueba de que la descentralización (o federalización, como se esfuerzan en llamarla) educativa llegó a sus límites. Que los mandatarios locales informen al gobierno y al Congreso centrales del gasto que hacen en sus entidades suprime cualquier esbozo de soberanía estatal que, según la Constitución, es la garante del “pacto federal”. El decreto refuerza el esquema de centralismo burocrático que se estableció en la LGE. Hoy sí se puede asegurar, sin temor a equivocarse, que los gobiernos locales serán meras instancias administradoras de las decisiones del centro.
Un arreglo institucional alternativo sería eliminar las ficciones de la descentralización educativa. Administrar el sistema de educación básica bajo el “nuevo federalismo” es mucho más caro, complejo e ineficiente que antes del 18 de mayo de 1992. Previamente a esa fecha, al pan se le decía pan, al vino, vino, y al centralismo se le conocía por su nombre. Hoy tenemos un sindicato nacional, centralizado, vertical y poderoso; gobiernos estatales mancos, sin capacidad política para decidir algo, aunque sea de poca monta, salvo responder a las demandas no salariales de las secciones sindicales (por ejemplo, concediéndoles más comisionados), y un gobierno federal que “abdica” (es la palabra que utilizaron mis colegas del Consejo Mexicano de Investigación Educativa) ante ese sindicato.
Aunque darle seguimiento al gasto educativo no hará al SNTE lo que Watergate le hizo a Richard Nixon, es un paliativo reconfortante.

Carlos.Ornelas10@gmail.com

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