Corrupción

Carlos Ornelas
Excélsior/26 de mayo de 2010

Max Weber pensaba que, con el fin de que fuera útil al Estado y a la sociedad, la burocracia moderna debería ejercer la ética de la responsabilidad; ésta incluía atributos como diligencia, profesionalismo, conocimiento especializado y honestidad. Un burócrata que toma decisiones debe ser honesto, con el fin de exigir continencia y honradez a sus subordinados.

El 20 de mayo El Norte publicó que el alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, recibió la renuncia de Jorge Villarreal González, director de la Clínica Municipal, y que, Miguel Soto Valdez, su coordinador médico, fue suspendido mientras se realizan investigaciones acerca de la presunción de delito en la asignación de un contrato de abasto de medicamentos. La noticia llamó mi atención porque los dos funcionarios despedidos continúan recibiendo ingresos sustantivos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, quien ganó el contrato bajo escrutinio es el jefe de ambos en la UANL.

La nota me hizo recordar que el mismo periódico puso de manifiesto el dobleteo de altos funcionarios de la Secretaría de Educación de Nuevo León, que prosiguen cobrando en esa Autónoma. Un reportaje de investigación de Mirna Ramos, publicado entre el 17 y el 20 de febrero, documentó con un alto grado de detalle los ingreso que reciben 12 altos funcionarios en una y otra dependencias. Un ejemplo de lo que la reportera documenta: “De acuerdo con el Reglamento del Personal Académico universitario, los empleados de tiempo completo tienen que cubrir 40 horas a la semana… lo que afectaría la posibilidad de un doble desempeño. El primer caso es el de Elizabeth Solís Pérez, quien desde diciembre pasado figura como encargada de la Dirección General de la Oficina del Secretario y además aparece como profesora titular de tiempo completo en la Facultad de Salud Pública y Nutrición. Esta funcionaria recibió en enero un sueldo de 105 mil pesos —70 mil como empleada de base y 35 mil más por honorarios—, cifra a la que habría que sumar su salario en la Universidad Autónoma, de 36 mil 68 pesos”. También recibió aguinaldo de las dos instituciones, en diciembre pasado.

La reportera exhibe cómo la alta burocracia del estado y la de la UANL violan las normas que impiden a funcionarios cobrar en dos partes. Eso incluye al secretario de Educación de la entidad, José Antonio González, quien era rector de la UANL, de donde reclutó a esos burócratas, aunque, como aclara la nota, a diez de ellos ya los había incorporado el entonces secretario de Educación del estado, Reyes Tamez Guerra. Sí, el mismo que también fue titular de la SEP y rector de la UANL y hoy diputado federal al servicio de Elba Esther Gordillo.

El secretario González trató de justificar dicho dobleteo: “Ya soy candidato a jubilarme, pero todavía quiero realizar algunas actividades en la Universidad. No estoy recibiendo el sueldo de ex rector”, dijo, pero la reportera había hecho su trabajo y escrutado la nómina de la UANL y encontró que González recibe 41 mil 133 pesos mensuales por dos plazas, una como profesor titular y otra por horas. Y todavía se da tiempo para recibir su ingreso como secretario, de 140 mil 938 pesos. El gobernador Rodrigo Medina lo defendió y hasta elogió su desempeño.

Nuevo León fue uno de los estados que examiné para mi libro Poder política y pupitres: crítica al nuevo federalismo educativo. Un colega regio, conocedor de la política de la educación en esa entidad, me informó que, según sus averiguaciones, los secretarios de Educación de Nuevo León dobletean al interior. Desde 1993 el de Educación también cobra como director de la Unidad de Integración Educativa, institución que el gobierno creó para administrar el segmento de la educación básica que la SEP le transfirió en 1992.

Sospecho que el secretario González recibe salario, con cargo al Ramo 33, como director de esa institución. Este recelo se acrecienta porque en la página web de la Secretaría de Educación no aparece esa Unidad, pero sí tiene su página propia en la red, que anuncia las facultades del director.

Ese tipo de autoridades no se aplicará a combatir la corrupción en educación; por el contrario, disfrutan de sus beneficios.

Cuán difícil es encontrar a funcionarios que se rijan por la ética de la responsabilidad.

*Académico de la UAM

Carlos.Ornelas10@gmail.com