La fuerza de la costumbre

Alberto Aziz Nassif
El Universal/16 de septiembre de 2008

La primera vez que pasa un acontecimiento extraordinario por su importancia, por su nivel de escándalo o por su fuerte impacto, la opinión pública y la sociedad organizada suben los costos para los políticos de forma importante. Pero cuando los acontecimientos se repiten y se dan como hechos consumados, las reacciones sociales se aletargan y se corre el riesgo de acostumbrarse, es decir, de ver las cosas como si fueran naturales, como si no hubiera mucho que hacer frente a ellas.
Hace unos meses, cuando se anunció el llamado gasolinazo, el aumento de precios de los combustibles, se hizo un escándalo en el Congreso, la aprobación de Calderón bajó en las encuestas y se profundizó una percepción de malestar en la sociedad. Ahora el mismo secretario de Hacienda anuncia que los precios de las gasolinas seguirán al alza y que incluso cada semana se harán los ajustes de precios, y no pasa gran cosa, salvo algunas notas de prensa.
Otro caso se refiere a la autonomía de las llamadas instituciones democráticas, esas que han ayudado a construir el actual sistema político. Cuando se vulneró la autonomía del IFE en 2003, con un nombramiento de cuotas partidistas, se hizo un escándalo. Con la reforma electoral de 2007-2008 se incorporó una figura externa, un contralor nombrado desde el Congreso de la Unión que atenta contra la autonomía del organismo. Situación excepcional en los órganos constitucionales autónomos. Hace unos días conocimos la renuncia del consejero presidente del organismo electoral del estado de México, José Núñez Castañeda (EL UNIVERSAL, 10/IX/08), en protesta porque una reforma electoral vulnera de forma abierta la autonomía del instituto, ya que el secretario ejecutivo, nombrado por el Congreso del estado, tendrá más poder que el propio consejo porque podrá nombrar a los directores y controlar el presupuesto, una aberración que va en contra del modelo que sacó a las autoridades y a los partidos del arbitraje electoral. Esta grave regresión parece que no genera demasiada incomodidad; los tres grandes partidos la han avalado.
Hace unos días Jorge Carpizo, primer presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hizo una crítica fuerte al desempeño del actual presidente, José Luis Soberanes, y parece que no pasa nada. Entre los señalamientos sobre la comisión, Carpizo destacó que “mientras más aumenta su presupuesto y crece el número de funcionarios y visitadores, el número de recomendaciones expedidas disminuye (…) Existen casos en los cuales los proyectos de recomendación se guardan en el escritorio del ombudsman por no considerarlas oportunas o correctas políticamente” (Milenio, 10/IX/08). No son señalamientos nuevos, ya los había hecho recientemente la organización Human Rights Watch, y tampoco pasó nada.
Después de la avalancha que ha generado el caso Martí, las multitudinarias marchas en contra de la inseguridad y los 75 compromisos de las autoridades para combatir este complejo problema, se ha entrado a una nueva faceta: las ejecuciones se incrementan (los 24 de La Marquesa) y la mediocracia se ha puesto en acción. Con la detención de los integrantes de la banda de La Flor, ha habido una intensificación mediática en la que se juzga y se condena y, sobre todo, se litiga de forma pública los expedientes. Existe tanta necesidad de las autoridades por entregar algún resultado, que el protagonismo las lleva a un discurso lleno de contradicciones.
Y para rematar, a esos aparatos de seguridad, ineficientes y abiertamente coludidos con la delincuencia organizada, se les va a premiar en el presupuesto de 2009 con un aumento de 39%. Como dice Lorenzo Meyer, asignar más dinero a esas instituciones, sin antes reformarlas de raíz, es como “dar un subsidio a los enemigos de la sociedad” (Reforma, 11/IX/08). La receta se repite y la costumbre lo acepta.

Investigador del CIESAS