Rosaura RuizEl Universal/5 de octubre de 2009
En el artículo 9 BIS de la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT) se establece que el gasto en las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, “deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor a 1% del Producto Interno Bruto (PIB) del país”. Desde que entró en vigor dicha Ley, el gobierno mexicano ha incumplido con su obligación, alegando falta de recursos. La comunidad académica y científica ha demostrado la invalidez de tal argumento, pues desde hace sexenios, el desarrollo de la ciencia y la tecnología (CyT) no ha sido ni es una prioridad nacional.
El proyecto de presupuesto federal en este rubro para el 2010 le otorga 43 mil 516 millones de pesos, lo que en términos reales significa una reducción de 4.5% respecto al de 2009. A precios constantes, esto equivale a 2 mil 027 millones de pesos menos. En el supuesto de que el Poder Legislativo aprobara la propuesta del Ejecutivo, el porcentaje del gasto federal en CyT en relación al PIB se reduciría de 0.37% a 0.34%. Esperemos que no ocurra.
Ante esta decisión del gobierno mexicano, la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) ha planteado: 1) que debe evitarse afectar los programas y proyectos sensibles para la recuperación económica y el desarrollo nacional, como son los de ciencia y la tecnología; 2) que en momentos de emergencia sanitaria, hidráulica y energética como los que vivimos ahora, el Estado debe asumir su responsabilidad de impulsar la investigación en salud, agua y alternativas para la obtención de energía; 3) que es necesario recurrir a fuentes de recursos que no castiguen a los sectores productivos ni a los grupos de la población de menores ingresos. Asimismo, la Academia Mexicana de Ciencias ha sostenido su disposición de colaborar con los poderes Ejecutivo y Legislativo para el diseño de propuestas y acciones viables que permitan cumplir con el mandato de la LCyT.
Para rescatar a la CyT se ha propuesto conferir una alta prioridad a su financiamiento, mediante un presupuesto multi-anual. Los recursos requeridos para tal propósito se pueden obtener a través de: 1) Incrementar los ingresos públicos mediante una reforma fiscal progresiva en la que contribuyan a financiar el gasto público los grupos de la sociedad con mayores ingresos y patrimonio. Esta propuesta se opone a la reforma fiscal regresiva que busca aumentar, de manera disfrazada, la tasa del IVA al consumo de todo tipo de bienes y servicios, incluyendo medicinas y alimentos. Planteamos la necesidad de reformar la ley del impuesto sobre la renta para incrementar progresivamente las tasas de los estratos de mayores ingresos, así como crear un impuesto a las ganancias de capital que obligue a los poseedores de las mayores fortunas en el país a contribuir al desarrollo nacional. 2) Renegociar el costo financiero del rescate bancario a fin de reducir y recalendarizar los pagos por amortización del saldo de dicha deuda que actualmente asciende a 751 mil 405 millones de pesos. Los recursos liberados se destinarían a financiar programas de investigación y desarrollo tecnológico de alto impacto social y económico. Cabe recordar que el rescate bancario ha dispuesto anualmente de un promedio de 0.59% del PIB desde su creación. 3) Concertar un incremento sostenido de la participación de los gobiernos estatales y municipales al financiamiento de programas prioritarios de investigación y desarrollo tecnológico, particularmente de alto impacto regional.
La comunidad académica y científica no puede aceptar recortes a los presupuestos destinados al desarrollo en esta materia, los cuales se encuentran en niveles incompatibles con las necesidades de una nación que aspira al desarrollo sostenible con equidad y a preservar su independencia y soberanía.
El proyecto de presupuesto federal en este rubro para el 2010 le otorga 43 mil 516 millones de pesos, lo que en términos reales significa una reducción de 4.5% respecto al de 2009. A precios constantes, esto equivale a 2 mil 027 millones de pesos menos. En el supuesto de que el Poder Legislativo aprobara la propuesta del Ejecutivo, el porcentaje del gasto federal en CyT en relación al PIB se reduciría de 0.37% a 0.34%. Esperemos que no ocurra.
Ante esta decisión del gobierno mexicano, la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) ha planteado: 1) que debe evitarse afectar los programas y proyectos sensibles para la recuperación económica y el desarrollo nacional, como son los de ciencia y la tecnología; 2) que en momentos de emergencia sanitaria, hidráulica y energética como los que vivimos ahora, el Estado debe asumir su responsabilidad de impulsar la investigación en salud, agua y alternativas para la obtención de energía; 3) que es necesario recurrir a fuentes de recursos que no castiguen a los sectores productivos ni a los grupos de la población de menores ingresos. Asimismo, la Academia Mexicana de Ciencias ha sostenido su disposición de colaborar con los poderes Ejecutivo y Legislativo para el diseño de propuestas y acciones viables que permitan cumplir con el mandato de la LCyT.
Para rescatar a la CyT se ha propuesto conferir una alta prioridad a su financiamiento, mediante un presupuesto multi-anual. Los recursos requeridos para tal propósito se pueden obtener a través de: 1) Incrementar los ingresos públicos mediante una reforma fiscal progresiva en la que contribuyan a financiar el gasto público los grupos de la sociedad con mayores ingresos y patrimonio. Esta propuesta se opone a la reforma fiscal regresiva que busca aumentar, de manera disfrazada, la tasa del IVA al consumo de todo tipo de bienes y servicios, incluyendo medicinas y alimentos. Planteamos la necesidad de reformar la ley del impuesto sobre la renta para incrementar progresivamente las tasas de los estratos de mayores ingresos, así como crear un impuesto a las ganancias de capital que obligue a los poseedores de las mayores fortunas en el país a contribuir al desarrollo nacional. 2) Renegociar el costo financiero del rescate bancario a fin de reducir y recalendarizar los pagos por amortización del saldo de dicha deuda que actualmente asciende a 751 mil 405 millones de pesos. Los recursos liberados se destinarían a financiar programas de investigación y desarrollo tecnológico de alto impacto social y económico. Cabe recordar que el rescate bancario ha dispuesto anualmente de un promedio de 0.59% del PIB desde su creación. 3) Concertar un incremento sostenido de la participación de los gobiernos estatales y municipales al financiamiento de programas prioritarios de investigación y desarrollo tecnológico, particularmente de alto impacto regional.
La comunidad académica y científica no puede aceptar recortes a los presupuestos destinados al desarrollo en esta materia, los cuales se encuentran en niveles incompatibles con las necesidades de una nación que aspira al desarrollo sostenible con equidad y a preservar su independencia y soberanía.
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