jueves, 8 de octubre de 2009

SME: conflicto intrasindical o con el gobierno

Humberto Musacchio
Excélsior/8 de octubre de 2009

Una y otra vez, el Sindicato Mexicano de Electricistas ha resistido los intentos de quienes pretenden destruirlo. Pese a las inevitables diferencias internas, al caudillismo de algunos dirigentes o los errores y debilidades de otros, el hecho es que el SME ha sido una organización de ejemplar vida democrática, un conglomerado solidario con las luchas de su clase y participante en grandes movilizaciones sociales.
La feroz embestida del secretario “del Trabajo” contra el sindicato electricista es un caso de cínico intervencionismo. Se dice que en la más reciente elección de mesa directiva ocurrieron tantas irregularidades que no es posible “otorgar” la toma de nota, trámite que de ser un derecho de los sindicatos ha pasado a convertirse en una prerrogativa de las autoridades, que en ningún momento han mostrado el mismo celo para negarse a reconocer al sindicalismo charro ni a los líderes patronales de los sindicatos blancos, lo que se explica porque este gobierno está descalificado para expedir certificados de legitimidad.
Este mismo gobierno no ha movido un solo dedo para desenmascarar a los administradores de membretes seudosindicales que en connivencia con empresarios poco escrupulosos afilian a los trabajadores de miles de empresas sin que éstos se enteren de tal afiliación, pese a que se les descuentan puntualmente las cuotas que van a los bolsillos de los vivales dedicados a vender protección.
En tales condiciones, sería de suprema ingenuidad creer que el señor Javier Lozano actúa movido por el respeto a la ley y la vida interna de los sindicatos. Es exactamente lo contrario. Él nunca se ha preocupado porque exista democracia en las organizaciones de los trabajadores. Sus intereses son muy otros, y lo comprueba su turbia intervención en el asunto del señor Zhenli Ye Gon, quien mencionó que un tal Javier Alarcón le había sacado dinero para la campaña presidencial del PAN de 2006 y Javier Lozano Alarcón consideró que el saco era de su medida y se lo puso.
Por supuesto, los empeños del gobierno federal cuentan, como siempre, con el coro de ingenuos y chayoteros que reclaman al SME por la baja productividad de la empresa, por la obsolescencia de las instalaciones o porque cerca de la tercera parte de los usuarios no pagan por el servicio. Al respecto, decía don Manuel Bravo Jiménez, director del Centro Nacional de Productividad, que es responsabilidad de la patronal, no de los obreros, optimizar el rendimiento de los factores de la producción. Igualmente, toca a la empresa, no a sus trabajadores, aplicar los mejores sistemas de mantenimiento, comercialización y cobranza.
Se acusa también a los integrantes del SME de ganar más que otros trabajadores y de tener prestaciones superiores a las de otros sindicatos. Sí, pero nada de eso ha sido un regalo ni está fuera del marco legal. Tanto la Constitución como la Ley Federal de Trabajo reconocen el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos que pugnen por mejorar sus condiciones laborales. Pero es obvio que la campaña contra el SME no tiene sustento legal. Es una renovada intentona para destruir a una ejemplar agrupación obrera. Por eso mismo, para ganar la batalla de la opinión pública, las partes bien podrían convocar a nuevas elecciones vigiladas por representantes de sindicatos amigos para quitar pretextos a esas autoridades a las que urge destruir al SME para abrirle la puerta a la privatización eléctrica, que a fin de cuentas es el móvil de esta sucia campaña.
hum_mus@hotmail.com

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