Carlos ReyesVarios legisladores se colocan ya del lado de las universidades públicas: es inadmisible la reducción del presupuesto y ven un futuro incierto del país si no se apoya a la educación. Hoy, en estos días, en estas horas se está definiendo el rumbo de las universidades públicas del país con la estructuración del presupuesto para la educación superior.
La lucha por el presupuesto está en la arena legislativa. Allá acudieron las comunidades universitarias. Por medio de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y de sus propios dirigentes, han aportado datos contundentes: 49 por ciento de la matrícula de educación superior estudia en 2 mil 800 programas reconocidos por su buena calidad; 65 por ciento de los profesores de este nivel educativo tiene posgrado, cifra que alcanza 80 por ciento entre los docentes de tiempo completo, y aún así las universidades públicas no ven una retribución justa en el Presupuesto de Egresos.
Tras el rechazo unánime de parte de las instituciones de educación superior a la iniciativa fiscal del Ejecutivo, los integrantes de la 61 Legislatura se suman a esta postura que busca frenar el recorte al presupuesto universitario.
El tiempo sigue su marcha. Para los rectores es hora de tocar puertas y para los legisladores, momento de reflexionar y decidir el futuro de la educación superior.
Lo bueno es que varios de estos últimos reconocen que en sus manos está revertir esta tendencia reduccionista y comienzan a moverse para obtener mayores recursos para las universidades.
Aunque por lo pronto es de palabra, el compromiso está hecho. Van a agotar todas las posibilidades para que el sector educativo, y especialmente la enseñanza superior, no se vea afectada y se retroceda en la meta de alcanzar 1 por ciento del PIB a finales de sexenio.
Saben de la importancia del sector y ofrecen a los rectores trabajar de manera conjunta. A pesar de las limitaciones financieras y las necesidades, también apremiantes, de otros sectores. Entre los diputados, la exigencia de más recursos para la educación superior va.
La postura inicial
La lucha por el presupuesto está en la arena legislativa. Allá acudieron las comunidades universitarias. Por medio de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y de sus propios dirigentes, han aportado datos contundentes: 49 por ciento de la matrícula de educación superior estudia en 2 mil 800 programas reconocidos por su buena calidad; 65 por ciento de los profesores de este nivel educativo tiene posgrado, cifra que alcanza 80 por ciento entre los docentes de tiempo completo, y aún así las universidades públicas no ven una retribución justa en el Presupuesto de Egresos.
Tras el rechazo unánime de parte de las instituciones de educación superior a la iniciativa fiscal del Ejecutivo, los integrantes de la 61 Legislatura se suman a esta postura que busca frenar el recorte al presupuesto universitario.
El tiempo sigue su marcha. Para los rectores es hora de tocar puertas y para los legisladores, momento de reflexionar y decidir el futuro de la educación superior.
Lo bueno es que varios de estos últimos reconocen que en sus manos está revertir esta tendencia reduccionista y comienzan a moverse para obtener mayores recursos para las universidades.
Aunque por lo pronto es de palabra, el compromiso está hecho. Van a agotar todas las posibilidades para que el sector educativo, y especialmente la enseñanza superior, no se vea afectada y se retroceda en la meta de alcanzar 1 por ciento del PIB a finales de sexenio.
Saben de la importancia del sector y ofrecen a los rectores trabajar de manera conjunta. A pesar de las limitaciones financieras y las necesidades, también apremiantes, de otros sectores. Entre los diputados, la exigencia de más recursos para la educación superior va.
La postura inicial
De entrada, los legisladores han comenzado a reunirse con algunos rectores a lo largo de estos días. El objetivo central es evitar el recorte al gasto de las universidades e instituciones de educación superior de alrededor de 3 mil 500 millones de pesos, lo cual incluye la desaparición de diez fondos de apoyo extraordinario y otros que disminuyen su monto en más de 60 por ciento.
De acuerdo con una propuesta que se cabildea en el interior de todas las fracciones parlamentarias para buscar consensos, se busca que en la restitución de fondos se dé prioridad a los programas y fondos de apoyo extraordinario, que son estratégicos para las universidades e instituciones públicas estatales de educación superior, y los mil millones de pesos a su subsidio ordinario, así como un incremento de 4.8 por ciento de la inflación.
En lo referente a las universidades e instituciones federales de educación superior, el resarcimiento comprende un incremento adicional de 4.8 por ciento de la inflación. Y para la Universidad Autónoma Metropolitana se buscan 228.4 millones de pesos.
A la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la restitución del presupuesto federal por 100 millones de pesos, en tanto que a la Universidad Autónoma de Chapingo se le asignarían 130.9 millones de pesos que la propuesta del Ejecutivo no contempla, además de un incremento de 4.8 por ciento de inflación.
Al respecto, la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal comenta que la determinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de disminuir los recursos a la educación pública es equivoca y un desacato al mandato establecido en la Ley General de Educación, que en sus artículos 25 y 27 dispone de manera puntual que el Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad en todo momento destinarán recursos presupuestales crecientes para la educación pública.
El análisis, agrega la legisladora perredista, detalla insuficiencia presupuestal a distintos rubros, por lo que obligará a los diputados a enmendar el déficit en educación, pues la educación superior resulta muy afectada al tener un presupuesto de 70 mil 208 millones de pesos y presenta un recorte de 3 mil 152.6 millones de pesos, mientras que el posgrado es castigado con 166.4 millones de pesos menos, con una asignación de 4 mil 845.7 millones de pesos que, a diferencia de 2009, fueron 5 mil millones.
Por su parte, Juan Carlos Lastiri Quirós, diputado del PRI, señala que existe consenso entre los legisladores para defender el presupuesto de las universidades públicas y el rechazo de las instituciones a los ajustes es compartido.
Se comparte la inquietud, dice, porque “está en juego el futuro de la educación superior en el país” y evitar que se afecten considerablemente “las finanzas de las universidades, tanto públicas como privadas”.
Asimismo, el diputado del PRD Humberto Zazueta lamenta que “mientras la educación superior y la investigación científica en el país y otros rubros, como el gasto social y la inversión en infraestructura, tendrán un severo recorte”, no se haya enviado una propuesta con alternativas que redujeran los gastos en áreas que no son prioritarias.
Para el coordinador de los diputados de Nueva Alianza, Reyes Tamez Guerra, “la postura nuestra es que no debe sufrir merma el presupuesto educativo y que tampoco la parte de desarrollo social, salud, ciencia y tecnología, porque es lo que nos puede conducir a un mejor bienestar social en general”, expresa.
Por ello, apunta que las becas para nivel medio superior y superior deben recibir recursos adicionales, pues se trata de que la educación beneficie a aquellos que enfrentan un mayor rezago social.
Las condiciones lo ameritan
De acuerdo con una propuesta que se cabildea en el interior de todas las fracciones parlamentarias para buscar consensos, se busca que en la restitución de fondos se dé prioridad a los programas y fondos de apoyo extraordinario, que son estratégicos para las universidades e instituciones públicas estatales de educación superior, y los mil millones de pesos a su subsidio ordinario, así como un incremento de 4.8 por ciento de la inflación.
En lo referente a las universidades e instituciones federales de educación superior, el resarcimiento comprende un incremento adicional de 4.8 por ciento de la inflación. Y para la Universidad Autónoma Metropolitana se buscan 228.4 millones de pesos.
A la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la restitución del presupuesto federal por 100 millones de pesos, en tanto que a la Universidad Autónoma de Chapingo se le asignarían 130.9 millones de pesos que la propuesta del Ejecutivo no contempla, además de un incremento de 4.8 por ciento de inflación.
Al respecto, la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal comenta que la determinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de disminuir los recursos a la educación pública es equivoca y un desacato al mandato establecido en la Ley General de Educación, que en sus artículos 25 y 27 dispone de manera puntual que el Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad en todo momento destinarán recursos presupuestales crecientes para la educación pública.
El análisis, agrega la legisladora perredista, detalla insuficiencia presupuestal a distintos rubros, por lo que obligará a los diputados a enmendar el déficit en educación, pues la educación superior resulta muy afectada al tener un presupuesto de 70 mil 208 millones de pesos y presenta un recorte de 3 mil 152.6 millones de pesos, mientras que el posgrado es castigado con 166.4 millones de pesos menos, con una asignación de 4 mil 845.7 millones de pesos que, a diferencia de 2009, fueron 5 mil millones.
Por su parte, Juan Carlos Lastiri Quirós, diputado del PRI, señala que existe consenso entre los legisladores para defender el presupuesto de las universidades públicas y el rechazo de las instituciones a los ajustes es compartido.
Se comparte la inquietud, dice, porque “está en juego el futuro de la educación superior en el país” y evitar que se afecten considerablemente “las finanzas de las universidades, tanto públicas como privadas”.
Asimismo, el diputado del PRD Humberto Zazueta lamenta que “mientras la educación superior y la investigación científica en el país y otros rubros, como el gasto social y la inversión en infraestructura, tendrán un severo recorte”, no se haya enviado una propuesta con alternativas que redujeran los gastos en áreas que no son prioritarias.
Para el coordinador de los diputados de Nueva Alianza, Reyes Tamez Guerra, “la postura nuestra es que no debe sufrir merma el presupuesto educativo y que tampoco la parte de desarrollo social, salud, ciencia y tecnología, porque es lo que nos puede conducir a un mejor bienestar social en general”, expresa.
Por ello, apunta que las becas para nivel medio superior y superior deben recibir recursos adicionales, pues se trata de que la educación beneficie a aquellos que enfrentan un mayor rezago social.
Las condiciones lo ameritan
Para la senadora del PRI María Elena Orantes López los recortes anunciados recientemente en el sistema educativo para el nivel superior son inadmisibles cuando se trata de un asunto que se relaciona con el futuro del país y el desarrollo de nuevas generaciones.De ejercerse los recortes antes mencionados, la UNAM tendrá que absorber unos 200 millones pesos que afectarán los programas relacionados con la docencia, la investigación y la difusión.
Además, dice, por falta de inversión en educación superior, ciencia y tecnología, 75 por ciento de más de 9 millones de jóvenes no alcanzan un espacio en las universidades del país.
Se calcula que terminarán su carrera y se titularán un millón 300 mil estudiantes, es decir, cinco de cada 100, de acuerdo con un estudio del año de 2008 del Banco Mundial en materia de eficiencia terminal, lo cual significa que en las siguientes décadas se profundizará la brecha entre los mexicanos con carrera y quienes no la tienen.
Dentro de 18 años, explica la legisladora, los niños que ingresan en este ciclo escolar a primero de primaria, requerirán de estudios de posgrado para incrustarse en los nuevos modos de producción y actividad de 2027.
“En este sentido, es fundamental destinarle el mayor presupuesto a la educación aún en tiempos de crisis, los recortes presupuestales a las universidades son la peor respuesta a lo que el país necesita y lo que los jóvenes reclaman”, apunta.
A la propuesta de no afectar a las instituciones de educación superior con recortes fuera de contexto, se han sumado también otros legisladores como Eviel Pérez Magaña, José Trinidad Padilla López, a quien se menciona como fuerte aspirante a ocupar la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, y Héctor Franco López.
Se trata, explica el propio Franco López, de “hacer un frente y derrotar cualquier pretensión de bajar los recursos de las universidades del país”.
Por su parte, el también priista Leobardo Soto Martínez advierte que ahora la batalla corresponde a los propios diputados, una vez que conocen el sentir y la preocupación de las instituciones de educación superior.
“Tenemos la obligación de llegar a tocar las puertas que sean necesarias para atender lo mejor que se pueda las peticiones que aquí tenemos y que son muy claras: presupuestos, reconocimientos, gestión. Son cosas a las que nos comprometemos”, apunta.
Y mientras los legisladores trabajan en la mejor de las alternativas para las universidades, los acercamientos entre rectores y diputados siguen su marcha. Las peticiones se aglutinan y todas las instituciones buscan hacerse escuchar.
Es el tiempo de la negociación, del jaloneo, de alzar la voz, porque la educación superior enfrenta una seria amenaza que, al menos, por ahora, rectores y diputados buscan revertir.
Universidades amenazan con paro
Además, dice, por falta de inversión en educación superior, ciencia y tecnología, 75 por ciento de más de 9 millones de jóvenes no alcanzan un espacio en las universidades del país.
Se calcula que terminarán su carrera y se titularán un millón 300 mil estudiantes, es decir, cinco de cada 100, de acuerdo con un estudio del año de 2008 del Banco Mundial en materia de eficiencia terminal, lo cual significa que en las siguientes décadas se profundizará la brecha entre los mexicanos con carrera y quienes no la tienen.
Dentro de 18 años, explica la legisladora, los niños que ingresan en este ciclo escolar a primero de primaria, requerirán de estudios de posgrado para incrustarse en los nuevos modos de producción y actividad de 2027.
“En este sentido, es fundamental destinarle el mayor presupuesto a la educación aún en tiempos de crisis, los recortes presupuestales a las universidades son la peor respuesta a lo que el país necesita y lo que los jóvenes reclaman”, apunta.
A la propuesta de no afectar a las instituciones de educación superior con recortes fuera de contexto, se han sumado también otros legisladores como Eviel Pérez Magaña, José Trinidad Padilla López, a quien se menciona como fuerte aspirante a ocupar la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, y Héctor Franco López.
Se trata, explica el propio Franco López, de “hacer un frente y derrotar cualquier pretensión de bajar los recursos de las universidades del país”.
Por su parte, el también priista Leobardo Soto Martínez advierte que ahora la batalla corresponde a los propios diputados, una vez que conocen el sentir y la preocupación de las instituciones de educación superior.
“Tenemos la obligación de llegar a tocar las puertas que sean necesarias para atender lo mejor que se pueda las peticiones que aquí tenemos y que son muy claras: presupuestos, reconocimientos, gestión. Son cosas a las que nos comprometemos”, apunta.
Y mientras los legisladores trabajan en la mejor de las alternativas para las universidades, los acercamientos entre rectores y diputados siguen su marcha. Las peticiones se aglutinan y todas las instituciones buscan hacerse escuchar.
Es el tiempo de la negociación, del jaloneo, de alzar la voz, porque la educación superior enfrenta una seria amenaza que, al menos, por ahora, rectores y diputados buscan revertir.
Universidades amenazan con paro
Las universidades públicas no se van a dar por vencidas. La lucha por más recursos a los contemplados por el Ejecutivo se hará más evidente en los próximos días. Se espera que las instituciones de educación superior eleven el tono de protesta en los discursos y se contempla la posibilidad de parar actividades para presionar a las autoridades hacendarias.
La idea, que ya ha sido discutida entre distintos rectores, es realizar un paro nacional en demanda de mayores recursos y alzar la voz para que los diputados se sumen a esta causa y enmienden el rumbo y la tendencia presupuestal.
De hecho, se espera que la semana entrante, una vez que queden definidos los titulares de las comisiones de Educación, Hacienda, Presupuesto y Ciencia y Tecnología, se reúnan con los legisladores para presentarles la contrapropuesta elaborada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
En ella, los rectores plantearán la importancia de no recortar recursos a los fondos extraordinarios y presentarán los indicadores en los que han trabajado las universidades en los años recientes.Si la estrategia del gobierno federal es no ceder ante los reclamos de las instituciones, entonces el paro nacional será más firme. Inclusive, los sindicatos universitarios también se han pronunciado en contra de la propuesta de gasto 2010 y están dispuestos a sumarse a esta protesta.
La idea, que ya ha sido discutida entre distintos rectores, es realizar un paro nacional en demanda de mayores recursos y alzar la voz para que los diputados se sumen a esta causa y enmienden el rumbo y la tendencia presupuestal.
De hecho, se espera que la semana entrante, una vez que queden definidos los titulares de las comisiones de Educación, Hacienda, Presupuesto y Ciencia y Tecnología, se reúnan con los legisladores para presentarles la contrapropuesta elaborada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
En ella, los rectores plantearán la importancia de no recortar recursos a los fondos extraordinarios y presentarán los indicadores en los que han trabajado las universidades en los años recientes.Si la estrategia del gobierno federal es no ceder ante los reclamos de las instituciones, entonces el paro nacional será más firme. Inclusive, los sindicatos universitarios también se han pronunciado en contra de la propuesta de gasto 2010 y están dispuestos a sumarse a esta protesta.
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