Axel DidrikssonExcélsior/10 de marzo de 2009
A medida que avanza la avalancha de la crisis económica, el sistema educativo nacional va dando muestras de sus profundas debilidades y de las terribles consecuencias que pueden darse, si no se impulsan cambios, tan necesarios y tan urgentes como estructurales, en su interior, y si no se fijan objetivos y metas precisos para su recuperación y salvación. Esto no dependerá del gobierno federal, sino de la sociedad.
Las razones son evidentes, porque lo que se ha hecho desde este gobierno va al revés de lo que se requiere, es decir, a la derecha. La tendencia hacia el incremento de los precios en el mercado educativo está generando pésimas expectativas para las escuelas privadas y los padres de familia, quienes ya están pensando cómo sacar a sus hijos de las mismas; la contracción de los recursos públicos, para la gran mayoría de las escuelas e instituciones de educación media y superior, que ha ocurrido durante los últimos años, se expresa ahora en la imposibilidad de poner en marcha programas, iniciativas o innovaciones que pudieran incidir en la calidad o en la ampliación de la cobertura en estos niveles de educación; la elevación de los costos del material de experimentación científica, que en buena parte es de importación, ya empezó a rondar los planes de las facultades y de los institutos de ciencias de las universidades y, por supuesto, tampoco existen los empresarios que hagan frente a la constante innovación tecnológica que requieren.
Lo peor es que no hay definiciones ni políticas que estén a la vista para hacer frente a las consecuencias de la crisis en los sistemas educativo y científico del país. No sólo el programa educativo gubernamental está vacío de contenido, sino que los parciales que se han conocido han provocado conflictos por doquier. Lo que más se destaca, como si no hubiera tantas cosas por hacer, es la reiteración de las muy cuestionadas evaluaciones estándar. De allí no salen.
Como se sabe, dentro de poco tendremos otra versión más de la prueba PISA de la OCDE, para demostrar que seguimos igual de mal o, si quieren, un poco mejor. Las pruebas y las evaluaciones educativas no son inútiles, por supuesto, pero lo son cuando no se hace otra cosa. En comparación, es como si quisiéramos superar las actuales condiciones de pobreza sólo midiendo la altura y el peso de los niños, sus signos de desnutrición y la mala composición calórica o vitamínica de los alimentos que consumen. O también, buscar superar la violencia desatada y la criminalidad rampante midiendo el número de muertos que día a día se dan en el país, comprobando sus edades, sus orígenes sociales o el color de su piel o que, reconociendo el comportamiento de las variables macroeconómicas, pudiéramos resolver la crisis estructural que está ocurriendo. Igual sucede en la educación, se cree que sólo evaluando y que por la vía de un mejor conocimiento de los indicadores del mal desempeño del sistema se logrará mejorar algo gracias al efecto de un ardid mágico.
Como por allí no se puede, queda en manos de la sociedad impulsar una alternativa distinta. La educación es un factor principalísimo para garantizar el ejercicio de los derechos humanos, la participación democrática de la ciudadanía y mejorar las condiciones del mercado de trabajo de las personas. Un programa educativo alternativo, debe ponerse como prioridad en las tareas de los gobiernos democráticos, en íntima relación con la sociedad…, como ya está ocurriendo.
didrik@servidor.unam.mx
Las razones son evidentes, porque lo que se ha hecho desde este gobierno va al revés de lo que se requiere, es decir, a la derecha. La tendencia hacia el incremento de los precios en el mercado educativo está generando pésimas expectativas para las escuelas privadas y los padres de familia, quienes ya están pensando cómo sacar a sus hijos de las mismas; la contracción de los recursos públicos, para la gran mayoría de las escuelas e instituciones de educación media y superior, que ha ocurrido durante los últimos años, se expresa ahora en la imposibilidad de poner en marcha programas, iniciativas o innovaciones que pudieran incidir en la calidad o en la ampliación de la cobertura en estos niveles de educación; la elevación de los costos del material de experimentación científica, que en buena parte es de importación, ya empezó a rondar los planes de las facultades y de los institutos de ciencias de las universidades y, por supuesto, tampoco existen los empresarios que hagan frente a la constante innovación tecnológica que requieren.
Lo peor es que no hay definiciones ni políticas que estén a la vista para hacer frente a las consecuencias de la crisis en los sistemas educativo y científico del país. No sólo el programa educativo gubernamental está vacío de contenido, sino que los parciales que se han conocido han provocado conflictos por doquier. Lo que más se destaca, como si no hubiera tantas cosas por hacer, es la reiteración de las muy cuestionadas evaluaciones estándar. De allí no salen.
Como se sabe, dentro de poco tendremos otra versión más de la prueba PISA de la OCDE, para demostrar que seguimos igual de mal o, si quieren, un poco mejor. Las pruebas y las evaluaciones educativas no son inútiles, por supuesto, pero lo son cuando no se hace otra cosa. En comparación, es como si quisiéramos superar las actuales condiciones de pobreza sólo midiendo la altura y el peso de los niños, sus signos de desnutrición y la mala composición calórica o vitamínica de los alimentos que consumen. O también, buscar superar la violencia desatada y la criminalidad rampante midiendo el número de muertos que día a día se dan en el país, comprobando sus edades, sus orígenes sociales o el color de su piel o que, reconociendo el comportamiento de las variables macroeconómicas, pudiéramos resolver la crisis estructural que está ocurriendo. Igual sucede en la educación, se cree que sólo evaluando y que por la vía de un mejor conocimiento de los indicadores del mal desempeño del sistema se logrará mejorar algo gracias al efecto de un ardid mágico.
Como por allí no se puede, queda en manos de la sociedad impulsar una alternativa distinta. La educación es un factor principalísimo para garantizar el ejercicio de los derechos humanos, la participación democrática de la ciudadanía y mejorar las condiciones del mercado de trabajo de las personas. Un programa educativo alternativo, debe ponerse como prioridad en las tareas de los gobiernos democráticos, en íntima relación con la sociedad…, como ya está ocurriendo.
didrik@servidor.unam.mx
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