Julio AguilarEl Universal /5 de marzo de 2009
La mayoría de las instituciones públicas de educación superior en México dan cátedra de opacidad en el acceso a la información, pero sin duda la que se lleva el cum laude es El Colegio de México. Esas instituciones han quedado en evidencia en varios diagnósticos realizados en los últimos meses por especialistas en transparencia, y auspiciados por organismos como el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
Entre esos diagnósticos están, por ejemplo, Transparencia y vida universitaria, del investigador Manuel Gil Antón, y el estudio “La cultura de la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones de educación superior”, presentado en noviembre pasado como ponencia en el Instituto Politécnico Nacional por el secretario ejecutivo del IFAI, Ángel Trinidad Zaldívar.
De acuerdo con los datos citados por el funcionario del IFAI, apenas 29 instituciones de educación superior de las 998 que funcionan en el país poseen normativas que regulan sus procedimientos de transparencia; entre esas instituciones figuran la Universidad Autónoma Metropolitana y la UNAM.
En ese mismo documento Zaldívar también mencionó que 67% de esas 29 instituciones públicas sistemáticamente proporcionan información en sus portales de internet. Sin embargo, a menudo los datos ofrecidos no satisfacen las necesidades de algunos ciudadanos que, al hacer solicitudes específicas, se encuentran con negativas reiteradas. Sin duda, la institución más reacia en este sentido es El Colegio de México (Colmex).
El caso del Colmex es más que notable. Hasta finales de 2008, por el elevado porcentaje de negativas a solicitudes de acceso a la información, el Colmex encabezaba no sólo las instituciones de educación superior mexicanas con problemas de opacidad, sino también las dependencias federales con gran tendencia al incumplimiento de la transparencia, como el Cisen, la Secretaría de la Defensa Nacional o la Procuraduría General de la República, de acuerdo con cifras reveladas por Transparencia Colmex, una organización formada por activistas en favor de los derechos humanos que, desde hace un año, documenta episodios de la falta de transparencia en esa institución financiada con recursos públicos y que alega una autonomía tan amplia como la que goza la UNAM, aunque ésta no suele responder con negativas excusando su autonomía, explican Luis Adrián Quiroz y Claudia Hinojosa, miembros de Transparencia Colmex.
El Colmex, con 14.74% de negativas, incluso supera el 11.22% de negativas a solicitudes de acceso a la información presentadas nada menos que ante la Secretaría de Seguridad Pública, la dependencia número dos del país en negarse a dar información, según las estadísticas de Transparencia Colmex que fueron elaboradas a partir de la información disponible en el IFAI.
Así que el prestigiado colegio con sede en el Camino al Ajusco, en la ciudad de México, es incluso más hermético que las dependencias que salvaguardan la seguridad de la nación.
Pero las solicitudes al Colmex no tienen nada que ver con secretos de Estado o con información que pudiera poner en riesgo la seguridad nacional. Para esta institución, la información relacionada con la compra de boletos de avión o documentos de carácter académico-administrativo en su momento han sido clasificados como reservados.
Y algo más inquietante: otros documentos fueron declarados ante el IFAI como inexistentes, pero después aparecieron… Sin duda, el caso más notable de esta irregularidad es el del acta constitutiva del Fondo Patrimonial en Beneficio del Colegio de México A.C, un documento que, después de haber sido declarado inexistente en dos ocasiones, fue ubicado en la biblioteca del Colmex por el propio ciudadano que lo solicitó; sin embargo, él no ha podido consultarlo in situ porque a la fecha el documento está “prestado”.
El Fondo Patrimonial es quizá el caso más grave de la falta de transparencia en el Colmex. Cuando a mediados del año 2007 el editor Alfredo Herrera solicitó por curiosidad información al Colmex sobre la generosa donación que le hiciera la Fundación Lya y Luis Cardoza y Aragón, no imaginaba el berenjenal de negativas de información y de recursos de revisión en el que se estaba metiendo.
En un primer momento, el Colmex respondió que la donación del patrimonio del escritor Luis Cardoza y Aragón y su esposa Lya había sido hecha en favor del Fondo Patrimonial, una asociación civil privada, no lucrativa, cuya misión es apoyar la labor de la institución, por lo tanto la solicitud no procedía.
Pero el Fondo Patrimonial ha resultado ser un genuino hoyo negro. La sede, en la calle Aniceto Ortega número 629, en la colonia Del Valle, en realidad es la Casa del Colegio, una residencia de huéspedes en la que no hay instalada ninguna infraestructura administrativa que maneje un patrimonio que, de acuerdo con datos del Colmex publicados en su portal de internet, hasta el año 2008 era de más de 319 millones de pesos.
El Fondo lo encabeza el doctor Javier Garciadiego, quien también es presidente del Colmex, y su director de finanzas es el mismo del Colmex. ¿Cuenta con algún órgano de fiscalización externa? ¿Cuáles son los criterios para invertir en beneficio de proyectos o necesidades del Colmex los recursos que recauda? Todo es oscuro. Alegando el carácter de asociación civil y también declarando la inexistencia de aquella acta constitutiva que, sin embargo, figura en el acervo documental de una biblioteca, el presidente del Colmex y de su Fondo Patrimonial se ha negado a transparentar este asunto.
O se había negado. Y es que la opacidad sobre el Fondo Patrimonial fue motivo de una dura llamada de atención del IFAI que, a través del comisionado Juan Pablo Guerrero Amparán, en noviembre del año pasado, advirtió a Javier Garciadiego de “presuntas irregularidades” en el cumplimiento de resoluciones por parte del Colmex, y concluyó: “resulta contrario a la lógica que El Colegio de México no cuente con la información solicitada considerando que servidores públicos del propio Colegio participan en la Asamblea del Fondo Patrimonial y más aún, que usted preside dicha Asamblea”.
EL UNIVERSAL solicitó una entrevista con el doctor Garciadiego para conocer su punto de vista sobre esos comentarios del IFAI, y para aclarar dudas sobre el funcionamiento del Fondo Patrimonial. A través del personal de su oficina, el presidente respondió que no es experto en el tema y remitió a hablar con Alberto Palma Cabrera, secretario académico del Colmex.
Al cierre de la edición, Palma Cabrera no respondía aún a la solicitud de entrevista.
La aparente discrecionalidad de la presidencia del Colmex que no ha permitido la transparencia en gestiones de la institución incluso ya ha provocado inconformidades al interior de la vida académica. Un suceso desencadenante fue el polémico despido de la profesora Adriana Ortiz-Ortega, quien hasta noviembre de 2007 era la coordinadora del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer.
El contrato individual de trabajo de la académica no fue renovado por la presidencia del Colmex, es decir, por el doctor Garciadiego quien soslayó un dictamen de la Comisión Dictaminadora de la institución que pidió rectificar una evaluación negativa.
En una larga carta obtenida por EL UNIVERSAL, los miembros de la Comisión Dictaminadora, formada por los académicos Rebeca Barriga, José Antonio Romero y Sergio Aguayo, entre otros, en diciembre de 2007 manifestaron sus “inquietudes” porque sus funciones se redujeron a una “mera segunda opinión”, reiteraron que la doctora Ortiz-Ortega “cumplió exitosamente con sus labores”, se extrañaron de que el doctor Garciadiego no argumentó lo suficiente para “fundamentar una decisión sobre un asunto tan trascendente” y pidieron que se cumplieran “cabalmente” las “atribuciones” de cada cual.
Y es que, aunque no se dice en la carta con todas sus letras, con su decisión el presidente violó los estatutos del Colmex sobre las atribuciones de la presidencia y los órganos colegiados de la institución. Debido a ello, la académica afectada pidió documentos de su expediente pero le fueron negados, en un primer momento incluso al solicitarlos a través del IFAI.
Los recursos de revisión de Ortiz-Ortega han sido exitosos y con la información obtenida ahora busca su reinstalación y el reconocimiento de sus derechos perdidos por una acción que, dice, “no debió ocurrir”.
“Las instituciones en general no están acostumbradas en México a tener una transparencia. El tener transparencia es muy importante porque en mi caso, por ejemplo, permite apuntalar un problema laboral. Es indispensable que reconozcamos esta falta de transparencia porque de otro modo estamos creyendo que existe una excelencia educativa sin valorar en qué condiciones ocurre”, reflexiona esta académica que confía en que su caso servirá para que no vuelva a ocurrir algo parecido en el Colmex.
Entre esos diagnósticos están, por ejemplo, Transparencia y vida universitaria, del investigador Manuel Gil Antón, y el estudio “La cultura de la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones de educación superior”, presentado en noviembre pasado como ponencia en el Instituto Politécnico Nacional por el secretario ejecutivo del IFAI, Ángel Trinidad Zaldívar.
De acuerdo con los datos citados por el funcionario del IFAI, apenas 29 instituciones de educación superior de las 998 que funcionan en el país poseen normativas que regulan sus procedimientos de transparencia; entre esas instituciones figuran la Universidad Autónoma Metropolitana y la UNAM.
En ese mismo documento Zaldívar también mencionó que 67% de esas 29 instituciones públicas sistemáticamente proporcionan información en sus portales de internet. Sin embargo, a menudo los datos ofrecidos no satisfacen las necesidades de algunos ciudadanos que, al hacer solicitudes específicas, se encuentran con negativas reiteradas. Sin duda, la institución más reacia en este sentido es El Colegio de México (Colmex).
El caso del Colmex es más que notable. Hasta finales de 2008, por el elevado porcentaje de negativas a solicitudes de acceso a la información, el Colmex encabezaba no sólo las instituciones de educación superior mexicanas con problemas de opacidad, sino también las dependencias federales con gran tendencia al incumplimiento de la transparencia, como el Cisen, la Secretaría de la Defensa Nacional o la Procuraduría General de la República, de acuerdo con cifras reveladas por Transparencia Colmex, una organización formada por activistas en favor de los derechos humanos que, desde hace un año, documenta episodios de la falta de transparencia en esa institución financiada con recursos públicos y que alega una autonomía tan amplia como la que goza la UNAM, aunque ésta no suele responder con negativas excusando su autonomía, explican Luis Adrián Quiroz y Claudia Hinojosa, miembros de Transparencia Colmex.
El Colmex, con 14.74% de negativas, incluso supera el 11.22% de negativas a solicitudes de acceso a la información presentadas nada menos que ante la Secretaría de Seguridad Pública, la dependencia número dos del país en negarse a dar información, según las estadísticas de Transparencia Colmex que fueron elaboradas a partir de la información disponible en el IFAI.
Así que el prestigiado colegio con sede en el Camino al Ajusco, en la ciudad de México, es incluso más hermético que las dependencias que salvaguardan la seguridad de la nación.
Pero las solicitudes al Colmex no tienen nada que ver con secretos de Estado o con información que pudiera poner en riesgo la seguridad nacional. Para esta institución, la información relacionada con la compra de boletos de avión o documentos de carácter académico-administrativo en su momento han sido clasificados como reservados.
Y algo más inquietante: otros documentos fueron declarados ante el IFAI como inexistentes, pero después aparecieron… Sin duda, el caso más notable de esta irregularidad es el del acta constitutiva del Fondo Patrimonial en Beneficio del Colegio de México A.C, un documento que, después de haber sido declarado inexistente en dos ocasiones, fue ubicado en la biblioteca del Colmex por el propio ciudadano que lo solicitó; sin embargo, él no ha podido consultarlo in situ porque a la fecha el documento está “prestado”.
El Fondo Patrimonial es quizá el caso más grave de la falta de transparencia en el Colmex. Cuando a mediados del año 2007 el editor Alfredo Herrera solicitó por curiosidad información al Colmex sobre la generosa donación que le hiciera la Fundación Lya y Luis Cardoza y Aragón, no imaginaba el berenjenal de negativas de información y de recursos de revisión en el que se estaba metiendo.
En un primer momento, el Colmex respondió que la donación del patrimonio del escritor Luis Cardoza y Aragón y su esposa Lya había sido hecha en favor del Fondo Patrimonial, una asociación civil privada, no lucrativa, cuya misión es apoyar la labor de la institución, por lo tanto la solicitud no procedía.
Pero el Fondo Patrimonial ha resultado ser un genuino hoyo negro. La sede, en la calle Aniceto Ortega número 629, en la colonia Del Valle, en realidad es la Casa del Colegio, una residencia de huéspedes en la que no hay instalada ninguna infraestructura administrativa que maneje un patrimonio que, de acuerdo con datos del Colmex publicados en su portal de internet, hasta el año 2008 era de más de 319 millones de pesos.
El Fondo lo encabeza el doctor Javier Garciadiego, quien también es presidente del Colmex, y su director de finanzas es el mismo del Colmex. ¿Cuenta con algún órgano de fiscalización externa? ¿Cuáles son los criterios para invertir en beneficio de proyectos o necesidades del Colmex los recursos que recauda? Todo es oscuro. Alegando el carácter de asociación civil y también declarando la inexistencia de aquella acta constitutiva que, sin embargo, figura en el acervo documental de una biblioteca, el presidente del Colmex y de su Fondo Patrimonial se ha negado a transparentar este asunto.
O se había negado. Y es que la opacidad sobre el Fondo Patrimonial fue motivo de una dura llamada de atención del IFAI que, a través del comisionado Juan Pablo Guerrero Amparán, en noviembre del año pasado, advirtió a Javier Garciadiego de “presuntas irregularidades” en el cumplimiento de resoluciones por parte del Colmex, y concluyó: “resulta contrario a la lógica que El Colegio de México no cuente con la información solicitada considerando que servidores públicos del propio Colegio participan en la Asamblea del Fondo Patrimonial y más aún, que usted preside dicha Asamblea”.
EL UNIVERSAL solicitó una entrevista con el doctor Garciadiego para conocer su punto de vista sobre esos comentarios del IFAI, y para aclarar dudas sobre el funcionamiento del Fondo Patrimonial. A través del personal de su oficina, el presidente respondió que no es experto en el tema y remitió a hablar con Alberto Palma Cabrera, secretario académico del Colmex.
Al cierre de la edición, Palma Cabrera no respondía aún a la solicitud de entrevista.
La aparente discrecionalidad de la presidencia del Colmex que no ha permitido la transparencia en gestiones de la institución incluso ya ha provocado inconformidades al interior de la vida académica. Un suceso desencadenante fue el polémico despido de la profesora Adriana Ortiz-Ortega, quien hasta noviembre de 2007 era la coordinadora del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer.
El contrato individual de trabajo de la académica no fue renovado por la presidencia del Colmex, es decir, por el doctor Garciadiego quien soslayó un dictamen de la Comisión Dictaminadora de la institución que pidió rectificar una evaluación negativa.
En una larga carta obtenida por EL UNIVERSAL, los miembros de la Comisión Dictaminadora, formada por los académicos Rebeca Barriga, José Antonio Romero y Sergio Aguayo, entre otros, en diciembre de 2007 manifestaron sus “inquietudes” porque sus funciones se redujeron a una “mera segunda opinión”, reiteraron que la doctora Ortiz-Ortega “cumplió exitosamente con sus labores”, se extrañaron de que el doctor Garciadiego no argumentó lo suficiente para “fundamentar una decisión sobre un asunto tan trascendente” y pidieron que se cumplieran “cabalmente” las “atribuciones” de cada cual.
Y es que, aunque no se dice en la carta con todas sus letras, con su decisión el presidente violó los estatutos del Colmex sobre las atribuciones de la presidencia y los órganos colegiados de la institución. Debido a ello, la académica afectada pidió documentos de su expediente pero le fueron negados, en un primer momento incluso al solicitarlos a través del IFAI.
Los recursos de revisión de Ortiz-Ortega han sido exitosos y con la información obtenida ahora busca su reinstalación y el reconocimiento de sus derechos perdidos por una acción que, dice, “no debió ocurrir”.
“Las instituciones en general no están acostumbradas en México a tener una transparencia. El tener transparencia es muy importante porque en mi caso, por ejemplo, permite apuntalar un problema laboral. Es indispensable que reconozcamos esta falta de transparencia porque de otro modo estamos creyendo que existe una excelencia educativa sin valorar en qué condiciones ocurre”, reflexiona esta académica que confía en que su caso servirá para que no vuelva a ocurrir algo parecido en el Colmex.
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