María Herlinda Suárez Zozaya*Este 27 de junio pasado se celebró la última reunión del “Foro en defensa de la educación pública. Morelos en el centro del debate”, organizado por el Programa de Educación del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM. En el marco de este foro, durante cinco mañanas sabatinas, en Cuernavaca, un numeroso grupo de investigadores y especialistas de sólida reputación académica, y también líderes sociales, maestros y personas interesadas en el tema, presentamos, dialogamos y debatimos en torno de los problemas de la educación en México, particularmente en relación con el conflicto magisterial de Morelos. Este último sábado se derivaron y presentaron conclusiones y propuestas que se declararon abiertas, con el fin de seguir reflexionando sobre ellas y para que nutran la formulación de acuerdos, proyectos y acciones de participación ciudadana y social en el campo de la educación, así como la elaboración de políticas públicas en la entidad.
La defensa de la educación pública fue el punto de partida del foro y también se declaró conclusión y propuesta. Y es que ante el contexto político actual resulta necesario comprender que dar esta lucha es crucial. Hay que recordar que la defensa por la educación pública es una lucha histórica que traspasa fronteras nacionales y no se agota con la obtención de demandas específicas, sino que la disputa es también por principios, valores, identidades, significados y posturas.
En el momento actual, la defensa de la educación pública se torna urgente, pues la ideología del Estado neoliberal, impuesta con tanta fuerza en México, está exigiendo implantar lógicas de mercantilización y comercialización en el sistema educativo. De hecho, entre otras medidas, a través del discurso de la calidad se está imponiendo, de manera generalizada, la semántica empresarial a los sujetos en los espacios educativos. No es casual, entonces, que el pacto signado entre el gobierno federal y la dirigencia del SNTE, en turno, lleve el término "calidad" en su nombre (ACE).
Además, las reformas jurídicas y constitucionales a los artículos 30, reforma de la educación; 50, de libertad de profesión en relación con el derecho al trabajo; 40 y 730, en relación con el derecho a la cultura, entre otros cambios constitucionales propuestos recientemente, muestran que la privatización de la educación se ubica en el núcleo de la proclamada reforma de Estado tendente a insertar al país en el régimen de acumulación globalizada, cuyo fin último es lograr que, en todos los sectores y rincones del mundo, se expandan el capital privado y su cultura. Junto con esta expansión, la esfera de lo público tendrá que doblegarse y establecer nuevas formas de relación con el capitalismo, es decir, que “lo público”, en lugar de estar al servicio de “lo social”, como lo está hoy todavía, servirá prioritariamente a los intereses de la inversión privada.
Por supuesto, la extensión de oportunidades educativas a niños, a jóvenes e incluso a adultos de todos los sectores sociales es de interés del capital privado, siempre y cuando esto le redunde en ganancias. Pero es sabido que en México una importante proporción de la población no puede pagar cuotas por ir a la escuela. Para contender con este problema, el gobierno de Felipe Calderón está impulsando el establecimiento de mecanismos de asignación de recursos a través de la entrega de vouchers educativos y de becas. Y, claro está, mientras que la educación pública siga siendo gratuita (o barata) y se dilate la adopción generalizada de las lógicas mercantiles y comerciales en el sector público, no puede haber negocio redondo. He ahí, entonces, por qué actualmente se está restringiendo la oferta y el acceso a la educación pública, al tiempo que se pone su efectividad en entredicho, sin importar que con ello se viole el pacto democrático.
Estamos, pues, en un momento en el cual el Estado está despojando a la sociedad mexicana de sus conquistas y de sus derechos históricos. En Morelos, los organizadores y participantes del foro hemos decidido organizarnos y defender la educación pública, no sólo en la entidad, sino en el ámbito nacional. Se trata de conocer, difundir, reflexionar y discutir las medidas que el gobierno implanta o está tratando de implantar en materia educativa y de construir propuestas alternativas que coloquen al Estado mexicano en relación con el cumplimiento cabal de sus compromisos de democratización con un sentido de justicia y de igualdad social.
La movilización de los maestros de Morelos no fue en balde. Entre otras muchas cosas, valió para que los integrantes del Programa de Educación del CRIM tomáramos el compromiso de defender la educación pública. Así que el foro que concluyó este sábado pasado funcionó a manera de convocatoria para que nuestra lucha no sólo sea académica, sino social. Varios fueron los asistentes y ponentes que reconocieron la importancia de que haya sido la UNAM la que abrió la oportunidad para reflexionar y dialogar sobre los embates que hoy está sufriendo la educación pública en el país y, particularmente, en la entidad. Toca ahora mantener esta oportunidad abierta. ¡Así lo haremos!
* Investigadora del CRIM, profesora de la FCPS, miembro del Seminario de Educación Superior y del Seminario de Juventud de la UNAM.
Tomado de: http://www.campusmilenio.com.mx/327/
La defensa de la educación pública fue el punto de partida del foro y también se declaró conclusión y propuesta. Y es que ante el contexto político actual resulta necesario comprender que dar esta lucha es crucial. Hay que recordar que la defensa por la educación pública es una lucha histórica que traspasa fronteras nacionales y no se agota con la obtención de demandas específicas, sino que la disputa es también por principios, valores, identidades, significados y posturas.
En el momento actual, la defensa de la educación pública se torna urgente, pues la ideología del Estado neoliberal, impuesta con tanta fuerza en México, está exigiendo implantar lógicas de mercantilización y comercialización en el sistema educativo. De hecho, entre otras medidas, a través del discurso de la calidad se está imponiendo, de manera generalizada, la semántica empresarial a los sujetos en los espacios educativos. No es casual, entonces, que el pacto signado entre el gobierno federal y la dirigencia del SNTE, en turno, lleve el término "calidad" en su nombre (ACE).
Además, las reformas jurídicas y constitucionales a los artículos 30, reforma de la educación; 50, de libertad de profesión en relación con el derecho al trabajo; 40 y 730, en relación con el derecho a la cultura, entre otros cambios constitucionales propuestos recientemente, muestran que la privatización de la educación se ubica en el núcleo de la proclamada reforma de Estado tendente a insertar al país en el régimen de acumulación globalizada, cuyo fin último es lograr que, en todos los sectores y rincones del mundo, se expandan el capital privado y su cultura. Junto con esta expansión, la esfera de lo público tendrá que doblegarse y establecer nuevas formas de relación con el capitalismo, es decir, que “lo público”, en lugar de estar al servicio de “lo social”, como lo está hoy todavía, servirá prioritariamente a los intereses de la inversión privada.
Por supuesto, la extensión de oportunidades educativas a niños, a jóvenes e incluso a adultos de todos los sectores sociales es de interés del capital privado, siempre y cuando esto le redunde en ganancias. Pero es sabido que en México una importante proporción de la población no puede pagar cuotas por ir a la escuela. Para contender con este problema, el gobierno de Felipe Calderón está impulsando el establecimiento de mecanismos de asignación de recursos a través de la entrega de vouchers educativos y de becas. Y, claro está, mientras que la educación pública siga siendo gratuita (o barata) y se dilate la adopción generalizada de las lógicas mercantiles y comerciales en el sector público, no puede haber negocio redondo. He ahí, entonces, por qué actualmente se está restringiendo la oferta y el acceso a la educación pública, al tiempo que se pone su efectividad en entredicho, sin importar que con ello se viole el pacto democrático.
Estamos, pues, en un momento en el cual el Estado está despojando a la sociedad mexicana de sus conquistas y de sus derechos históricos. En Morelos, los organizadores y participantes del foro hemos decidido organizarnos y defender la educación pública, no sólo en la entidad, sino en el ámbito nacional. Se trata de conocer, difundir, reflexionar y discutir las medidas que el gobierno implanta o está tratando de implantar en materia educativa y de construir propuestas alternativas que coloquen al Estado mexicano en relación con el cumplimiento cabal de sus compromisos de democratización con un sentido de justicia y de igualdad social.
La movilización de los maestros de Morelos no fue en balde. Entre otras muchas cosas, valió para que los integrantes del Programa de Educación del CRIM tomáramos el compromiso de defender la educación pública. Así que el foro que concluyó este sábado pasado funcionó a manera de convocatoria para que nuestra lucha no sólo sea académica, sino social. Varios fueron los asistentes y ponentes que reconocieron la importancia de que haya sido la UNAM la que abrió la oportunidad para reflexionar y dialogar sobre los embates que hoy está sufriendo la educación pública en el país y, particularmente, en la entidad. Toca ahora mantener esta oportunidad abierta. ¡Así lo haremos!
* Investigadora del CRIM, profesora de la FCPS, miembro del Seminario de Educación Superior y del Seminario de Juventud de la UNAM.
Tomado de: http://www.campusmilenio.com.mx/327/
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