Axel DidrikssonExcélsior/14 de julio de 2009
Con la tesis de que la educación superior debía de realizar la transformación más radical que hubiera ocurrido a lo largo de su historia, la UNESCO (la Organización de las Naciones Unidas que se dedica a los temas de educación, cultura y ciencia), en su conferencia mundial sobre este nivel, celebrada en 1998, se posicionó como el organismo más influyente en este nivel educativo a escala mundial. Durante la pasada semana, este mismo organismo celebró su segunda cumbre sobre el tema y, desde allí, se promulgaron nuevas líneas de acción con la convergencia de todos sus países miembros.
Entre las más importantes conclusiones a las que se llegó en esta reunión internacional estuvo la de considerar a la educación superior como un bien público. Esta fue la principal propuesta, impulsada por el grupo latinoamericano y caribeño, que pudo demostrar las terribles consecuencias que se tienen cuando la educación superior y la universitaria se mantienen en la lógica del mercado y cuando es considerada sólo como un negocio rentable. En otras palabras, cuando el gobierno abandona estas tareas y las subroga a los particulares. El asunto, según se puede desprender para el caso mexicano, ya ha cobrado tal dramatismo que no sólo contamos con un sector de mercantilización educativa verdaderamente grotesco, sino que ahora el mismo ha alcanzado niveles de verdadero dramatismo con la muerte de 48 niños y niñas.
En la reciente Declaración Mundial sobre la Educación Superior, suscrita por unanimidad el pasado 8 de julio, se subraya que “la educación superior es un bien público y una responsabilidad de quienes la ofrecen, particularmente de los gobiernos. Esto tiene que ver con la responsabilidad social de la educación superior, de avanzar respecto de nuestra comprensión sobre los multifacéticos temas actuales, que hacen referencia a las dimensiones sociales, económicas, científicas y culturales, y de nuestra habilidad para formular respuestas adecuadas (a nuestro tiempo)”.
La Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Educación Superior no tiene, como es conocido, una definición normativa para que sus conclusiones puedan ser acatadas por los Estados miembros, porque se trata sólo de recomendaciones. Esto es ideal para el gobierno federal mexicano ahora en decadencia, porque no le conviene asumir ninguna recomendación que vaya en contra de la mercantilización de la educación. ¿Algún otro ejemplo?
didrik@servidor.unam.mx
Entre las más importantes conclusiones a las que se llegó en esta reunión internacional estuvo la de considerar a la educación superior como un bien público. Esta fue la principal propuesta, impulsada por el grupo latinoamericano y caribeño, que pudo demostrar las terribles consecuencias que se tienen cuando la educación superior y la universitaria se mantienen en la lógica del mercado y cuando es considerada sólo como un negocio rentable. En otras palabras, cuando el gobierno abandona estas tareas y las subroga a los particulares. El asunto, según se puede desprender para el caso mexicano, ya ha cobrado tal dramatismo que no sólo contamos con un sector de mercantilización educativa verdaderamente grotesco, sino que ahora el mismo ha alcanzado niveles de verdadero dramatismo con la muerte de 48 niños y niñas.
En la reciente Declaración Mundial sobre la Educación Superior, suscrita por unanimidad el pasado 8 de julio, se subraya que “la educación superior es un bien público y una responsabilidad de quienes la ofrecen, particularmente de los gobiernos. Esto tiene que ver con la responsabilidad social de la educación superior, de avanzar respecto de nuestra comprensión sobre los multifacéticos temas actuales, que hacen referencia a las dimensiones sociales, económicas, científicas y culturales, y de nuestra habilidad para formular respuestas adecuadas (a nuestro tiempo)”.
La Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Educación Superior no tiene, como es conocido, una definición normativa para que sus conclusiones puedan ser acatadas por los Estados miembros, porque se trata sólo de recomendaciones. Esto es ideal para el gobierno federal mexicano ahora en decadencia, porque no le conviene asumir ninguna recomendación que vaya en contra de la mercantilización de la educación. ¿Algún otro ejemplo?
didrik@servidor.unam.mx
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