Clara SchererExcélsior/3 de julio de 2009
Desde el pueblo de Santiago Mezquititlán, municipio de Amealco, en el sur de Querétaro, tierra húmeda que acogió hace siglos a los otomíes, se oye un triste y angustiado lamento que, con tanto ruido electoral, casi nadie ha escuchado.
Ella, Jacinta de nombre, una de los 646 mil 875 hablantes de otomí, de 45 o 46 años, analfabeta, se levantó la mañana del 26 de marzo de 2006 para ir a su trabajo, un empleo informal, no sin antes pasar a la iglesia del pueblo. Había cargado con su mesa, sus frutas, sus vasos y sus jarras y las puso en el cuadrito de plaza que, desde hacía ya tiempo, le tocaba.
Luego de pedir con el fervor de siempre a la Virgen que le diera suerte y hubiera buena venta, se fue al lugarcito que le correspondía en la plaza y ahí empezó a preparar sus aguas y sus nieves. Se afanaba por juntar siquiera algunos pesos para llevar la comida a sus hijos y a sus nietos. Seis hijos, seis nietos. Ese día se esperaba la llegada de mucha gente, era domingo y se acercaba la fiesta del pueblo. Ella, feliz, ofrecía su mercancía a todo el que pasaba. De pronto, un poco más allá de donde estaba, se hizo un rebumbio, la gente se amontonó, fue a ver qué sucedía y un reportero tomó una foto. Ella se regresó a su puesto a terminar el día y, cuando ya la tarde pardeaba, levantó sus cosas y se fue a su casa.
Tiempo después, el 3 de agosto de 2006, la policía fue por ella. Sin entender de qué se trataba, la subieron a una patrulla y se la llevaron con el Ministerio Público. Ahí le informaron que estaba acusada de secuestrar a seis policías. La foto, donde aparece en tercera fila, fue la “prueba” de su culpabilidad. Tras un juicio plagado de irregularidades, sentenciaron a 21 años de prisión a una mujer que vendía aguas en la plaza del pueblo, apenas hablaba español y no sabía escribir.
Tres años han pasado desde que Jacinta, Alberta y Teresa fueron detenidas y acusadas de plagio. Tres mujeres con las marcas de su origen étnico en el cuerpo, de su pobreza, de su desesperanza. No se conocían ni tenían algo más en común que ser vecinas de Santiago Mezquititlán. Un juez las sentenció: ellas, sin lugar a dudas, secuestraron a seis policías. ¿Cómo pudo suceder? Como muchas veces acontece en la justicia mexicana: fabricando culpables. Denise Maerker, Carlos Loret, Ricardo Rocha, entre otros, han narrado el caso y han hecho visibles, las inconsistencias en la integración del expediente.
Por si a alguien le quedaban dudas, en ese tema fundamental para la vida de los mexicanos no hemos avanzado ni un ápice. La impartición de justicia sigue siendo tan desigual como en la Colonia o en el México de los caudillos. Increíble que, por el incendio y la muerte de 48 niños en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, las autoridades todavía no hayan encontrado a los culpables. Increíble que, en Querétaro, rápidamente, sentencien a tres mujeres indígenas, acusadas de secuestrar a seis policías. Afortunadamente para ellas, el Centro Agustín Pro ha tomado el caso y ya ha sido presentado al pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Ojalá corran mejor suerte.
Por casos como éste, entre otras razones, resultaba aterradora la “propuesta de campaña” del Verde Ecologista: pena de muerte a secuestradores y asesinos. Afortunadamente para todos, ese partido ni siquiera tiene la firme intención de hacer realidad su “ofrecimiento”. Fue, como hace algún tiempo, otra llamarada de petate, con fines de llamar la atención.
Pero…, desafortunadamente, algunos votarán por él.
claschca@prodigy.net.mx
Ella, Jacinta de nombre, una de los 646 mil 875 hablantes de otomí, de 45 o 46 años, analfabeta, se levantó la mañana del 26 de marzo de 2006 para ir a su trabajo, un empleo informal, no sin antes pasar a la iglesia del pueblo. Había cargado con su mesa, sus frutas, sus vasos y sus jarras y las puso en el cuadrito de plaza que, desde hacía ya tiempo, le tocaba.
Luego de pedir con el fervor de siempre a la Virgen que le diera suerte y hubiera buena venta, se fue al lugarcito que le correspondía en la plaza y ahí empezó a preparar sus aguas y sus nieves. Se afanaba por juntar siquiera algunos pesos para llevar la comida a sus hijos y a sus nietos. Seis hijos, seis nietos. Ese día se esperaba la llegada de mucha gente, era domingo y se acercaba la fiesta del pueblo. Ella, feliz, ofrecía su mercancía a todo el que pasaba. De pronto, un poco más allá de donde estaba, se hizo un rebumbio, la gente se amontonó, fue a ver qué sucedía y un reportero tomó una foto. Ella se regresó a su puesto a terminar el día y, cuando ya la tarde pardeaba, levantó sus cosas y se fue a su casa.
Tiempo después, el 3 de agosto de 2006, la policía fue por ella. Sin entender de qué se trataba, la subieron a una patrulla y se la llevaron con el Ministerio Público. Ahí le informaron que estaba acusada de secuestrar a seis policías. La foto, donde aparece en tercera fila, fue la “prueba” de su culpabilidad. Tras un juicio plagado de irregularidades, sentenciaron a 21 años de prisión a una mujer que vendía aguas en la plaza del pueblo, apenas hablaba español y no sabía escribir.
Tres años han pasado desde que Jacinta, Alberta y Teresa fueron detenidas y acusadas de plagio. Tres mujeres con las marcas de su origen étnico en el cuerpo, de su pobreza, de su desesperanza. No se conocían ni tenían algo más en común que ser vecinas de Santiago Mezquititlán. Un juez las sentenció: ellas, sin lugar a dudas, secuestraron a seis policías. ¿Cómo pudo suceder? Como muchas veces acontece en la justicia mexicana: fabricando culpables. Denise Maerker, Carlos Loret, Ricardo Rocha, entre otros, han narrado el caso y han hecho visibles, las inconsistencias en la integración del expediente.
Por si a alguien le quedaban dudas, en ese tema fundamental para la vida de los mexicanos no hemos avanzado ni un ápice. La impartición de justicia sigue siendo tan desigual como en la Colonia o en el México de los caudillos. Increíble que, por el incendio y la muerte de 48 niños en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, las autoridades todavía no hayan encontrado a los culpables. Increíble que, en Querétaro, rápidamente, sentencien a tres mujeres indígenas, acusadas de secuestrar a seis policías. Afortunadamente para ellas, el Centro Agustín Pro ha tomado el caso y ya ha sido presentado al pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Ojalá corran mejor suerte.
Por casos como éste, entre otras razones, resultaba aterradora la “propuesta de campaña” del Verde Ecologista: pena de muerte a secuestradores y asesinos. Afortunadamente para todos, ese partido ni siquiera tiene la firme intención de hacer realidad su “ofrecimiento”. Fue, como hace algún tiempo, otra llamarada de petate, con fines de llamar la atención.
Pero…, desafortunadamente, algunos votarán por él.
claschca@prodigy.net.mx
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