Radio comunitaria: ¡qué miedo!

Fernando Mejía Barquera

Milenio/4 de julio de 2009

Hay un asunto que a los gobiernos de México les ha provocado miedo desde los tiempos del priismo, y ahora, en los años del panismo, les produce terror: la existencia de radios comunitarias, operadas por asociaciones civiles sin fines de lucro, en donde se expresen los problemas de barrios, colonias o pequeñas poblaciones rurales, y que, al mismo tiempo, ofrezcan a los habitantes opciones musicales, de entretenimiento e información diferentes a las que propone la gran industria mediática.
JUICIO PENAL

Debido a ese temor, los gobiernos mexicanos se han negado a otorgar permisos de operación a casi todas las organizaciones civiles que solicitan autorización para instalar radios comunitarias (actualmente sólo transmiten 12 radiodifusoras de ese tipo en México), y por ese miedo el gobierno de Felipe Calderón decidió actuar con “mano dura”, en la lógica de imponer “castigos ejemplares”, contra quienes, luego de haber solicitado durante años autorización para operar radios comunitarias, decidieron, ante la negativa de las autoridades a otorgarla, ejercer el derecho a la libre expresión.
Hoy, dos trabajadores de radios comunitarias, que desde 2002 iniciaron sin éxito trámites para obtener permiso de operación y que, debido a ello, decidieron difundir sin ese requisito, son objeto de juicio penal, algo inusitado en México donde los casos de estaciones de radio o tv que funcionan sin autorización se habían resuelto por la vía administrativa.
BAJA POTENCIA

El pasado 13 de junio, la señora Rosa Cruz, indígena purépecha, fue declarada indiciada, luego de que el 28 de enero de este año, cien elementos de la Agencia Federal de Investigación tomaron la radio comunitaria Uekakua, que transmitía en lengua purépecha desde Ocumicho, Michoacán, una comunidad de 3 mil habitantes. Radio Uekakua tenía una potencia de sólo 5 watts, que le permitía una cobertura de 2 o 3 kilómetros.
En esta semana, el 30 de junio, el juez quinto de distrito en materia penal, con sede en Nuevo León, expidió una orden de formal prisión contra Héctor Camero Haro, de la radio comunitaria Tierra y Libertad, de Monterrey, la cual fue tomada el 6 de junio del año pasado por 120 policías federales. La emisora transmitía con apenas un watt de potencia y cubría algunas colonias ubicadas en el poniente de Monterrey.
GESTO DEMOCRÁTICO

Hasta ahora, los casos de cierre a emisoras que transmiten sin permiso se habían sancionado en los términos de la Ley Federal de Radio y Televisión, cuyos artículos 103 y 104 bis indican que la autoridad está facultada para requisar “en beneficio de la nación” los bienes muebles e inmuebles utilizados por la emisora, además de imponer una multa de 5 mil hasta 50 mil pesos.
Sin embargo, en los casos de Rosa Cruz y Héctor Camero Haro parece que el gobierno quiere “sentar un precedente” y decide no aplicarles la ley de radio y tv, sino la Ley General de Bienes Nacionales, cuyo artículo 150 impone de 2 a 12 años de prisión a quienes operen sin permiso una radiodifusora. “Según el sapo es la pedrada”: cuando Tv Azteca tomó el Chiquihuite y transmitió (aún lo hace) sin ser titular de la concesión del canal 40, no se le sancionó; a los débiles se les quiere aplicar “todo el peso de la ley”. Penalizar el ejercicio de la libertad de expresión es la peor opción para un país que aspira a ser democrático.
El 5 de mayo de 2006, el Comité Federal de Radiodifusión de la República Argentina dictó la resolución 753/2006, que reconoció a 65 radios comunitarias la titularidad de licencias para operar legalmente, después de que lo habían hecho sin autorización durante varios años. Sin duda, un gesto democrático.
Ahora que Felipe Calderón quiere darle a Argentina clases de moral por el asunto de la influenza, también debería estar abierto a aprender algo del país sudamericano, que ha sido capaz de reconocer el derecho a la existencia legal que tienen las radios comunitarias.

fmejia@milenio.com