Declaraciones difusas

Comentario del Mtro. José Darío Arredondo López, sobre la huelga en la Unison:

El arte de la ambigüedad parece combinar bien con las tonalidades difusas del discurso que pone trampas a la capacidad de interpretar lo dicho y lo escrito, como si se tratara de que la gente no se entere o se entere mal de las noticias que afectan a cierta comunidad.

El día 16 del presente empezó a circular la especie de que el juez había decidido negar la suspensión definitiva al STEUS, que como se sabe, es un sindicato universitario que se encuentra en posesión de las instalaciones de la Universidad de Sonora, actualmente en huelga, misma que aparentemente resultó ilegal, según las declaraciones del secretario de gobierno, aunque la decisión definitiva del juez respecto a la legalidad o no de la huelga se conocerá hasta el día 8 de mayo (Expreso, 19/04/2008).

Por lo pronto, el rector de la Unison está solicitando la entrega de las instalaciones, señalando que se hizo gala de “paciencia hasta conocer la decisión del juez”, que no ha aparecido claramente escrita en los medios periodísticos consultados hasta este momento. Para decirlo claro: subsisten las dudas acerca de la transparencia del juicio de la junta local de conciliación y arbitraje, en buena medida por la pésima comunicación que ha habido respeto al caso (notas mal redactadas, declaraciones ambiguas y fuera de contexto).

Mientras son peras o son manzanas, una cierta cantidad de estudiantes (entre cien y doscientos) se han estado manifestando en la plaza frente al edificio principal de la universidad, reclamando clases. Sin duda el reclamo es legítimo aunque añade un toque de crispación al de por sí complicado asunto de la huelga de los trabajadores y empleados agremiados en el STEUS.

También han menudeado los comentarios acerca de la huelga y de los costos en horas de clase perdidas, horas escritorio no cubiertas por la administración y algún proyecto que pudo haberse frustrado por razones de calendario. Desde luego que las pérdidas a consecuencia de una huelga pueden ser enumeradas con lágrimas en los ojos, pero también pudiera ser válido pensar y referir las pérdidas en pesos y centavos de la capacidad adquisitiva del salario por causa de los topes salariales y de la imparable alza de las subsistencias, sin freno alguno por obra y gracia de criterios inhumanos que favorecen hasta lo imposible al comercio fenicio que sirve para encarecer los precios y reducir cada vez más los alcances del concepto “salario mínimo”.

A la política de hambre y miseria se añade la inducción a la baja autoestima de los asalariados, del comerciante modesto, del profesionista libre, del estudiante que enfrenta su egreso de las aulas con la idea del empleo que, a fin de cuentas, no llega, porque es una realidad triste e injusta que las generaciones de profesionistas recién egresados sufren el síndrome del destete con verdadera intensidad cuando son hijos de familias de bajos ingresos: el peso de los estudios terminados resulta ser demasiado ligero para las exigencias del mercado, que se contrae para conservar las ganancias de los capitalistas, generando desempleo.

Si bien es cierto que una sociedad educada vale más que una que no lo es, la educación debe tener su asidero en la realidad nacional y local con las agarraderas del empleo remunerado con justicia. En este escenario, llama la atención que los estudiantes (no todos) a veces ignoren o desprecien los reclamos de los trabajadores, encuentren sin sentido la existencia de los sindicatos, rechacen las razones de la clase trabajadora que en la mayoría de los casos es su clase de origen, y se pongan del lado y compartan la visión de los patrones, del gobierno neoliberal, de los agentes del capital en su depredación del cerebro, el sudor y la sangre de los trabajadores.

Si el gobierno parte del supuesto de la ilegalidad de la huelga, entonces ¿qué puede pasar? Por una parte, el rector de la institución reclama las instalaciones con base en la decisión del juez y que fue dada a conocer a la prensa por el secretario de gobierno Ruibal Astiazarán (metido a vocero de la autoridad laboral), aunque subsiste la posición de la dirigencia sindical del STEUS de rechazar los ofrecimientos de la administración universitaria y de cuestionar la entrega de las instalaciones. El secretario de gobierno afirma que la autoridad universitaria puede, en ese supuesto, solicitar la intervención de la fuerza pública para desalojar las instalaciones en manos del sindicato, aunque el rector parece no contemplar tal acción entre sus planes.

Según comentó el columnista Ernesto Gutiérrez Ayala (“En pocas palabras”, 18/04/2008), el jueves pasado se celebró una reunión entre el gobernador, el rector y la dirigente sindical del STEUS, sin que se sepa a qué pudieron llegar, aunque resulta lógico suponer que ningún contingente policial puede entrar a la universidad si no es a solicitud expresa de la representación legal de la institución, que es autónoma.

Lo anterior permite imaginar que la cita con el gobernador pudiera haber sido para conciliar, para generar acuerdos y facilitar su cumplimiento, según las posibilidades del Estado. En caso contrario, estaríamos ante una violación de la autonomía universitaria que seguramente tendría consecuencias indeseables, como también las tendría el endurecimiento de las posiciones de las partes más allá de los límites de lo que razonablemente cabe defender.

Por último, el sábado 19 trascendió que el rector había hecho un nuevo ofrecimiento de un bono de mil quinientos pesos, por esta única vez, con el ánimo de que se entregaran las instalaciones, pero fue rechazado por el sindicato, pero ¿qué proponen? “La gente propone por unanimidad que esos mil 500 pesos que ofrece la Unison se pasen a la cláusula 35 de zona de vida cara y que se le inyecten los recursos del 1.6 más un plan de recuperación para que se pueda avanzar”, dijo Dorotea Rascón, lideresa del STEUS y regidora del Ayuntamiento local (Dossier Político 19/04/2008).

Hasta aquí tenemos lo que parece ser una barrera infranqueable para la pronta solución del conflicto, salvo que la administración de Pedro Ortega ceda en lo que demanda el sindicato o, en caso contrario, se llegue a un punto sin retorno que reconfigure el mapa político de la institución y su relación con el gobierno del Estado.

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