La búsqueda del compromiso
El diputado jalisciense y ex vicerrector de la Universidad de Guadalajara plantea un pacto nacional que comprometa a las autoridades, tanto federales como estatales, a destinar una inversión más decidida y significativa al sector educativo, un pacto que esté sujeto a la medición rígida de resultados, con todas las consecuencias que esto implique
Jorge Medina Viedas
jorge.medina@milenio.com
El escepticismo es tan evidente como la serenidad de sus palabras. Es Tonatiuh Bravo Padilla, diputado federal jalisciense, presidente de la Comisión de Educación y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, quien afirma que la Secretaría de Educación Pública y las autoridades federales no han querido asumir a la educación como una prioridad.
Al hacer un recorrido crítico por la situación del sistema educativo nacional, Bravo Padilla manifestó que el sistema educativo en México no puede ni debe reinventarse cada tres o cuatro años. Hace falta una visión, comprometida y seria, a largo plazo, enfocada en la resolución verdadera de los problemas, señala el diputado y miembro del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
En entrevista, el ex vicerrector de la Universidad de Guadalajara (U de G) apunta que, ante estas circunstancias, hace falta un acuerdo nacional que demande y exija compromisos trascendentes, sólidos e irrenunciables. Plantea, un pacto que comprometa a destinar a las autoridades, tanto federales como estatales, una inversión más decidida y significativa al sector educativo. Un pacto que esté sujeto a la medición rígida de resultados, con todas las consecuencias que esto implique.
Hay que aceptarlo así, como venga. De otro modo, un verdadero acuerdo nacional queda inconcluso, cuando lo que se requiere es de alianzas muy firmes, afirma.
En esa perspectiva, considera que en la Alianza por la Calidad de la Educación, firmada hace unos días, no queda claro si se trata solamente de un acuerdo con fines electorales que esté por encima de los problemas educativos.
Para el legislador, este tipo de acuerdos y alianzas impactan más en la imagen y el manejo político de los firmantes que en verdaderas alternativas para solventar los rezagos.
“Son solamente eso, negociaciones que los mantienen vigentes”, afirma. No hay contenido más allá de ello. Y a eso se han venido acostumbrando los actores educativos en los últimos años.
Para no ir más lejos, explica Bravo Padilla, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las autoridades federales no han querido convertir a la educación en un eje, en el centro de las políticas públicas.
Rehacer el sindicalismo universitario
Al hablar del sindicalismo universitario y de los retos que debe asumir en un contexto de superación, mejoramiento y calidad en todas las áreas y niveles, expresó estar plenamente convencido que éste se deberá reestructurar y rehacer sus objetivos y propósitos, pues en su vieja etapa cumplió una función social muy importante porque las universidades y el sindicalismo universitario fueron una válvula de escape, cuando el sistema político no permitía la participación abierta y libre del sindicalismo universitario.
Ahora la realidad política es otra. Hay partidos políticos y medios para llegar al poder. “Tenemos una democracia aunque sea incipiente. Entonces, el sindicalismo universitario ya no tiene necesidad de esas rutas. De hecho, el sindicalismo universitario tiene exponentes aquí en las cámaras. Necesita reestructurar la ruta y los propósitos a los que quiere llegar”, considera.
Por si esto fuera poco, agrega, la mayoría de las leyes orgánicas no permite la participación de los académicos y trabajadores en los órganos de gobierno universitarios; entonces, el sindicalismo, en confrontación con las rectorías, empieza a perder sentido.
“Creo que el sindicalismo, sin arrear banderas, sin renunciar a su legítima lucha de reivindicación laboral, debe plantearse por un lado la parte académica de superación, formación y desarrollo de sus afiliados y, desde el punto de vista de los trabajadores administrativos, debe enfrentar el reto de la automatización”, apunta el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara baja.
Ahora se requiere un trabajador con ciertos niveles de especialización, los empleados necesitan ir avanzando junto con la universidad y el académico necesita ir más allá de la reivindicación laboral e irse a la mejora académica. Creo que esas partes son las que tienen que concebir.
Asimismo, en esa revisión del sindicalismo universitario, se requiere, sin conculcar derechos laborales, generar un equilibrio entre todos los derechos, el de trabajar, el de estudiar y el derecho de que se pueden revisar las condiciones de trabajo, pero que no se afecte el servicio público.
Y se refiere al diálogo entre universidades, autoridades y sindicatos. Precisa, parece corregir la pregunta, habla de la pertinencia de la interlocución efectiva, y la respuesta es sin cortapisas: “Si logramos aprobar la reforma constitucional del tercero, para que se genere una política de Estado, el diálogo será la meta más importante por lograr y construir en las próximas semanas y meses. Un verdadero diálogo para las nuevas bases del sistema educativo nacional”. Sin aspavientos Y punto.
La visión legislativa
El legislador ofrece una radiografía, a grandes rasgos, de los problemas más serios que tienen la educación en el país en todos sus niveles. Desde sus oficinas en el Congreso de la Unión, Bravo Padilla habla de cómo vislumbra al sistema educativo. A casi dos años de haber asumido la Presidencia de la Comisión de Educación de la Cámara baja, sostiene que éste se encuentra “aparcelado”.
“Por un lado, los gobernadores y los sistemas de gobierno de los estados, y por otro, dentro de los grandes sistemas de básica, los distintos subsistemas de educación media básica y las universidades con sus núcleos: una cosa son las tecnológicas y politécnicas y otra cosa son las universidades públicas”, comenta.
El reto fundamental en esta parte ha sido entender rápidamente la dinámica de esos subsistemas y grupos y tratar de interactuar con ellos. Uno de los principales aprendizajes al frente de la comisión.
“Comienzas con ciertos estigmas, clasificas a los buenos y malos, pero conforme va pasando el tiempo, vas cambiando esa mentalidad. A los malos los ves como el reto y buscas cómo subirlos al barco de esa transformación. Y después te das cuenta de que los que creías buenos, también tienen sus deficiencias”, comenta.
Y en ese aprendizaje, la capacidad de poder dialogar con distintas visiones del sindicalismo, distintas posiciones y formas de entender cuáles son los compromisos de los gremios en estos tiempos.
“Obviamente el SNTE es el sindicato más grande, pero dentro de él hay corrientes, secciones, politécnicos, secundaria, primarias, vocacionales. Luego te vas al medio superior es otro, en fin. Hay que buscar la forma de seguir en contacto y no apartarse”, considera.
En ese contexto, el ex vicerrector de la U deG puntualiza que el objetivo central de la comisión ha sido la construcción de una política de Estado en materia educativa. O cuando menos, reconoce, sentar las bases para que ésta se consolide.
Aquí, entonces, viene la primera crítica. Al deseo de reinventar al sistema educativo cada tres o seis años sin metas a largo plazo. No puede pensarse en esa dirección si los actores políticos no se sientan a compartir objetivos comunes.
En naciones como Chile, Costa Rica, Irlanda, Corea, desde hace 20 años, dice, por poner cuatro ejemplos, con programas similares, los partidos políticos, las fuerzas políticas, los sectores sociales y productivos se pusieron de acuerdo y dijeron: “Nosotros tenemos estas metas en materia educativa”.
Y si mañana gobierna en el ámbito municipal, estatal o federal tal o cual partido, éstas son las metas y hacia allá vamos. Y si algún partido quiere modificar o corregir, entonces tendría que convencerlos a todos. Así se enfrentan de otra manera los problemas de calidad en educación básica”, asevera.
En México, expresa el legislador, no todos los partidos políticos poseen total conciencia de la importancia que tiene hacer una política de Estado, además de que hay actores que prefieren estar en negociación permanente.
Privilegian su imagen y su posicionamiento frente a la opinión pública que la implementación de medidas efectivas y oportunas para atender los rubros que así lo requieren.
“Porque los mantiene vigentes en cuestiones políticas y sienten que si hay una directriz de largo plazo, ellos pierden importancia o más que eso, la urgencia del gobierno de tener que consultarles”, apunta.
Aunado a eso, las cuestiones coyunturales. Un gobernante traza un horizonte de tres o seis años. Si se resuelve un asunto en ese tiempo, es lo ideal. Si no se solventa e incluso estalla después, ya no es problema de él.
“Entonces te suelta igual registros de validez de estudios, etcétera, que van a convertirse en problemas de calidad o fraudes académicos y no se repara en eso, eso es un factor: intereses siempre son intereses”, puntualiza.
Y si lo que se quiere es la construcción de esa política de Estado de la que carece el sistema educativo, entonces, de lo que se trata es de convencer a la mayor parte de esos intereses. Pocos pierden, la mayoría va a ganar.
Se trata, añade el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, de orientar la interlocución, las capacidades y estrategias para que todo opera a mediano y largo plazo.
Las prioridades y el acuerdo
Para lograr esa política de Estado, expresa el diputado perredista, hay que partir también de un gran acuerdo nacional que modifique las bases sobre las que funciona el sistema educativo.
A ese gran acuerdo “tienen que entrarle todos los importantes. No me refiero a personas, sino a sectores y ámbitos. Un acuerdo en el cual queden muy claro los principales objetivos y la fuerza de ese nuevo acuerdo. Hay que mover aquello que obstaculice la marcha hacia la meta que nos estamos trazando”.
Pero ese gran acuerdo nacional es apenas un primer asunto. Después de ello, hay que pensar, añade Bravo Padilla, en que, como en todo buen acuerdo nacional, implica que los tres niveles del gobierno tengan claridad en que la inversión de los recursos debe ser permanente y sistemática.
Incluso, asevera, es una obligación medir los resultados que vaya generando ese acuerdo. “Tenemos que ir midiendo si de verdad avanzamos en el rumbo que nos propusimos o no. Y que la medición sea aceptada por todos con sus consecuencias. Creo que estos son tres aspectos clave que tienen que ver con la política de Estado”, puntualiza.
En esa perspectiva, al hablar del Acuerdo Nacional por la Calidad de la Educación, recientemente firmado por la SEP y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), el legislador coincide en que la agenda que ese convenio marca es la idónea: infraestructura, calidad, entre otros temas.
Sin embargo, advierte, los firmantes deben dejar en claro que no se trata solamente de una alianza electoral, porque ésta, en todo caso, siempre va a estar por encima del problema educativo.
“Esa alianza siempre va a contar más por razones de política en un sistema. Creo que, dada la fuerza del SNTE, es explicable y entendible por qué éste negoció cuotas de poder, diputados, senadores, candidaturas de gobierno, presidentes municipales, etcétera".
“Si eso va a seguir siendo así como tal, definitivamente, la lógica electoral siempre ganará a la educativa. Si va a llegar un momento en que el SNTE sepa transitar del esquema de negociación electoral, dejar eso en el espacio de los partidos políticos y regresar a ser actor estrictamente educativo, entonces tiene perspectiva de fondo lo otro.”
Respecto del papel del magisterio en esta alianza y en otros proyectos, Bravo Padilla sostiene que si bien tiene muchos elementos en contra para ser considerado como un obstáculo, aunque también se le puede catalogar como una oportunidad.
Aunque, apunta, siempre y cuando el SNTE se autoconciba así y tenga la audacia de ponerse a la altura de los tiempos. De lo contrario, la etiqueta de lastre le queda a la medida.
“A mí me parece que hay obstáculos. Primero, la confusión que hay entre lo laboral y lo académico. Lo académico tiene que recuperarse. Un profesor no puede ser visto como un asunto meramente laboral. Ni los colectivos laborales deben ver a la materia académica como aporte de la agenda laboral.
“La materia académica tiene su propia lógica, su propia dinámica y en ella manda el que más sabe, tenga o no tenga consensos, tenga o no situaciones de orden laboral. Ahí son los cuerpos académicos los que tienen que generar la lógica de desarrollo institucional”, explica.
Y si ahora se va a concursar por las plazas de supervisores y directores, añade el vicerrector de la U de G, “perfecto, que se entreguen a la lógica académica, como ocurre en muchas universidades”.
En esta confusión de funciones, no caben las ambigüedades que pongan en riesgo los compromisos de cada una de las instancias y actores. Es, por así decirlo, como estar de acuerdo con que los sindicatos universitarios designen a los rectores. No es ésa su función.
O, en todo caso, plantea Bravo Padilla, como si los sindicatos académicos definieran la política académica, cuando eso corresponde a los cuerpos académicos donde trabajan. Los agremiados participan, pero no por la calidad laboral o de miembros, sino por la calidad de orden académico.
“Es decir, el voto de un miembro del SNI te puede contar lo mismo que el de un académico asistente, sin embargo, en la definición de una política académica pesa más la opinión de un miembro del SNI que de un técnico asistente. Eso es precisamente lo que hay que reconstruir y el sindicato debe verlo como algo positivo, no es algo que lo afecte”, apunta.
Ahí se tendría un sindicato que apoya, que respete la lógica académica porque no es su motivo principal. Que defienda a los trabajadores desde el punto de vista laboral, pero con total y absoluto respeto a la parte educativa.
Falta de compromiso
Al hablar del papel que ha desempeñado la SEP en el tiempo que ha estado él al frente de la Comisión de Educación, el diputado va al grano: al gobierno federal le hace falta convertir la educación en una prioridad nacional.
El gobierno federal, insiste, debe convencerse de que el eje del desarrollo nacional es la educación. No porque vaya a sustituir a la producción, las carreteras, los empleos, sino porque todos los países que entendieron eso y le invirtieron a largo plazo, son los que ahora cuentan con un considerable nivel de desarrollo.
“Así de sencillo. Entonces va primero la inversión en educación y el desarrollo llega como resultado de eso. Creo que el gobierno federal no ha asumido a la educación como eje del desarrollo nacional”, acota.
Y no sólo las autoridades educativas federales tienen que asumirlo así. También los sectores productivos, interesarse en descubrir a los talentos jóvenes para incorporarlos y estar relacionado con ellos en el mercado laboral.
“Aquí yo no veo que las empresas quieran invertir en universidades para mantener una vinculación. Entonces también el sector productivo debe entender eso. Creo que si todos los sectores entendemos esto del eje del desarrollo nacional, vamos a lograr que esto cambie”, señala.
Una herramienta fundamental para lograrlo puede ser la reforma educativa. No obstante, su implementación entraña una serie de vicisitudes que tienen que solucionarse de manera paulatina.
Por un lado, comenta, hay un actor fuerte en el ámbito educativo que es el SNTE y durante décadas tuvo la costumbre de que, si se daba una reforma en el sistema educativo, tenía que pasar por un acuerdo gobierno-SNTE.
Por el contrario, si se daba un acuerdo SEP-SNTE, finalmente se traducía en una reforma. Pero eso, enfatiza Bravo Padilla, no es suficiente para llamarle así.
“Para que sea una reforma, tenemos que hacer una reforma al artículo tercero constitucional; una reforma a las leyes secundarias, entre ellas, la Ley General de Educación y que esto sea el fundamento legal de lo que llamamos la política de Estado, donde se proyecte un nuevo acuerdo nacional que transforme los cimientos de la educación”, dice.
Se requiere, se atreve el legislador, de una nueva actuación vasconceliana para el siglo XXI. Y eso no se puede hacer mientras los sectores políticos no conciban a la educación con esa perspectiva.
“Vasconcelos enfrentó una nación con 85 por ciento de analfabetismo y solamente 15 por ciento de gente que sabía leer y escribir, ya no digamos otros niveles de educación. Entonces dijo: ‘La gran tarea de la nación es educar a este pueblo’. Logró la meta de que la escuela primaria entrara en todos los pueblos. Al pueblo más pequeño que vayas, así sea de 200 habitantes, te encuentras una escuela.
“¿Cuál sería el modelo vasconceliano hoy? Terminar el rezago educativo de los que no concluyeron la educación básica. Segundo, la educación media superior. No formas Estado de derecho ni ciudadanía, si 50 por ciento de tus jóvenes no concluyeron este nivel y no tienen expectativas del país. Además, 40 por ciento no tiene la posibilidad de entrar al nivel superior. Ahora el reto vasconceliano es ése”.
Tomado de: http://campusmilenio.com.mx
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