Alberto Aziz NassifEl Universal/18 de agosto de 2009
Cuando las palabras pierden su sentido, entonces se puede decir cualquier cosa y parece que no pasa nada. Así sucedió con algunas de las respuestas del presidente Felipe Calderón en la reciente Cumbre de Guadalajara. Afirmó que: en su gobierno no se violan los derechos humanos, “y quienes señalen lo contrario, están obligados a probar un caso, un solo caso en que no haya actuado la autoridad, en que se hayan violado los derechos humanos, en que no hayan respondido las autoridades competentes para castigar a quienes hayan abusado de sus competencias legales: sean policías, sean soldados o cualquier otra autoridad” ¿De cuál país habla Calderón? Quizá ni los gobiernos de los países que puntean en el índice de desarrollo humano pueden ser tan contundentes como en nuestro país.
Los casos de violación de derechos abundan y están documentados. Se han denunciado casos de tortura, abusos y hasta asesinatos por parte de las fuerzas del orden. ¿De cuál país habla Calderón? El mismo día de las afirmaciones temerarias la organización Human Rights Watch (HRW) indicó que: “El reclamo del Presidente se contradice con la evidencia disponible”, y puso sobre la mesa no uno, sino dos casos, el primero de mayo de 2007 y el segundo de agosto del mismo año, ambos fueron en Michoacán y se trata, según HRW, de operativos antidrogas en donde participaron militares que fueron acusados de tortura y no han sido castigados (El Universal, 11/VIII/2009). ¿A quién le estaría hablando Calderón en esa memorable rueda de prensa, en donde tenía a un costado al presidente Obama y al otro, al primer ministro Harper? Tal vez se trata de afirmaciones para el consumo externo, la prensa extranjera y sus colegas de Estados Unidos y Canadá. Porque aquí en México tenemos meses y semanas metidos en los laberintos de la impartición de justicia. Casos van y casos vienen y la conclusión es la misma: la impartición de justicia en México está plagada de malas prácticas.
La revisión del caso Acteal, que acaba de hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejó una estela de críticas por la forma en la que se integran los expedientes, se fabrican pruebas y delitos, lo cual impide que realmente en México se haga justicia. Después de casi 12 años de la matanza de Acteal se ordenó la liberación de 20 personas que estaban en prisión y, supuestamente, no deberían haber estado. Se podrá alegar en descargo que Acteal fue un caso de otro gobierno, incluso de signo político distinto al actual. Pero las cosas no han cambiado con el PAN. Hay casos que sí tocan al partido gobernante, como sucedió con Atenco, en donde la investigación que hizo la Corte sobre las violaciones a los derechos humanos sólo llegó a los niveles más bajos de responsabilidad en la cadena de mando, y ni por error a los mandos medios o superiores.
En este sexenio con la “guerra” en contra del narco se ha abierto un proceso de múltiples violaciones a los derechos humanos. Hace unas semanas HRW publicó un informe al que llamó “Impunidad Uniformada” en donde hizo una revisión de 17 casos de violaciones a los derechos humanos. En ese trabajo la organización presentó varios delitos “cometidos por militares contra más de 70 víctimas, incluidos varios casos de 2007 y 2008. Ninguna investigación militar sobre estos casos ha concluido con una condena penal, ni siquiera de un soldado, por la comisión de violaciones de derechos humanos. El único caso que concluyó con la condena de cuatro soldados fue investigado y juzgado por autoridades civiles. Evidentemente, algo está fallando en la forma en que México trata las denuncias de graves violaciones de derechos humanos cometidas por militares”. Una de las recomendaciones que hace esta organización es la modificación del fuero militar, para que cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos de militares en contra de población civil, los casos puedan ser juzgados por tribunales civiles y no militares. Esta posibilidad acaba de ser rechazada hace unos días en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por una apretada votación de 6 contra 5 votos. El caso fue el de una mujer, Reynalda Morales, quién buscaba que el supuesto asesinato de su esposo, a manos de militares en la comunidad de Santiago de Caballeros, Sinaloa, en marzo pasado, no fuera juzgado por un tribunal militar, sino civil. La mayoría de los 6 ministros que desechó el caso de amparo argumentó que las víctimas y ofendidos por militares no se pueden amparar para impedir un proceso en un tribunal militar (El Universal, 11/VIII/2009). Se perdió una oportunidad que pudo representar un avance para la impartición de justicia en el país.
Aquí solo hicimos referencia a los casos que ha investigado y probado la organización HRW. Sin duda, este debate por la impartición de justicia y el respeto a los derechos humanos será todavía muy largo en México. Por lo pronto, preocupa que el titular del poder ejecutivo pueda afirmar tesis que fácilmente se puede comprobar su falsedad. Preocupa porque compromete su credibilidad y debilita la confianza que se le puede tener cuando hable de otros problemas graves, que hoy por hoy abundan en esta mala racha que recorre el país. ¿De cuál país habla Calderón?
Investigador del CIESAS
Los casos de violación de derechos abundan y están documentados. Se han denunciado casos de tortura, abusos y hasta asesinatos por parte de las fuerzas del orden. ¿De cuál país habla Calderón? El mismo día de las afirmaciones temerarias la organización Human Rights Watch (HRW) indicó que: “El reclamo del Presidente se contradice con la evidencia disponible”, y puso sobre la mesa no uno, sino dos casos, el primero de mayo de 2007 y el segundo de agosto del mismo año, ambos fueron en Michoacán y se trata, según HRW, de operativos antidrogas en donde participaron militares que fueron acusados de tortura y no han sido castigados (El Universal, 11/VIII/2009). ¿A quién le estaría hablando Calderón en esa memorable rueda de prensa, en donde tenía a un costado al presidente Obama y al otro, al primer ministro Harper? Tal vez se trata de afirmaciones para el consumo externo, la prensa extranjera y sus colegas de Estados Unidos y Canadá. Porque aquí en México tenemos meses y semanas metidos en los laberintos de la impartición de justicia. Casos van y casos vienen y la conclusión es la misma: la impartición de justicia en México está plagada de malas prácticas.
La revisión del caso Acteal, que acaba de hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejó una estela de críticas por la forma en la que se integran los expedientes, se fabrican pruebas y delitos, lo cual impide que realmente en México se haga justicia. Después de casi 12 años de la matanza de Acteal se ordenó la liberación de 20 personas que estaban en prisión y, supuestamente, no deberían haber estado. Se podrá alegar en descargo que Acteal fue un caso de otro gobierno, incluso de signo político distinto al actual. Pero las cosas no han cambiado con el PAN. Hay casos que sí tocan al partido gobernante, como sucedió con Atenco, en donde la investigación que hizo la Corte sobre las violaciones a los derechos humanos sólo llegó a los niveles más bajos de responsabilidad en la cadena de mando, y ni por error a los mandos medios o superiores.
En este sexenio con la “guerra” en contra del narco se ha abierto un proceso de múltiples violaciones a los derechos humanos. Hace unas semanas HRW publicó un informe al que llamó “Impunidad Uniformada” en donde hizo una revisión de 17 casos de violaciones a los derechos humanos. En ese trabajo la organización presentó varios delitos “cometidos por militares contra más de 70 víctimas, incluidos varios casos de 2007 y 2008. Ninguna investigación militar sobre estos casos ha concluido con una condena penal, ni siquiera de un soldado, por la comisión de violaciones de derechos humanos. El único caso que concluyó con la condena de cuatro soldados fue investigado y juzgado por autoridades civiles. Evidentemente, algo está fallando en la forma en que México trata las denuncias de graves violaciones de derechos humanos cometidas por militares”. Una de las recomendaciones que hace esta organización es la modificación del fuero militar, para que cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos de militares en contra de población civil, los casos puedan ser juzgados por tribunales civiles y no militares. Esta posibilidad acaba de ser rechazada hace unos días en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por una apretada votación de 6 contra 5 votos. El caso fue el de una mujer, Reynalda Morales, quién buscaba que el supuesto asesinato de su esposo, a manos de militares en la comunidad de Santiago de Caballeros, Sinaloa, en marzo pasado, no fuera juzgado por un tribunal militar, sino civil. La mayoría de los 6 ministros que desechó el caso de amparo argumentó que las víctimas y ofendidos por militares no se pueden amparar para impedir un proceso en un tribunal militar (El Universal, 11/VIII/2009). Se perdió una oportunidad que pudo representar un avance para la impartición de justicia en el país.
Aquí solo hicimos referencia a los casos que ha investigado y probado la organización HRW. Sin duda, este debate por la impartición de justicia y el respeto a los derechos humanos será todavía muy largo en México. Por lo pronto, preocupa que el titular del poder ejecutivo pueda afirmar tesis que fácilmente se puede comprobar su falsedad. Preocupa porque compromete su credibilidad y debilita la confianza que se le puede tener cuando hable de otros problemas graves, que hoy por hoy abundan en esta mala racha que recorre el país. ¿De cuál país habla Calderón?
Investigador del CIESAS
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