Sara SefchovichEl Universal/9 de agosto de 2009
Existe entre nosotros la costumbre de que las personas no reconozcan cuando son culpables de algo. Si la educación es un desastre, dicen que es por el poco presupuesto y jamás aceptan que los maestros pudieran estar mal preparados. Si el secretario de Turismo no halla cómo explicar los resultados insatisfactorios del sector, argumenta que fue porque “no le dieron suficientes recursos”, “el Legislativo fue lento para legislar”, “no hubo coordinación entre las distintas dependencias federales”, “faltaron regulaciones adecuadas e inversión”, “los involucrados no hicieron su tarea”.
Hay casos de risa, como cuando el mar en Acapulco está contaminado y el funcionario municipal en turno responsabiliza a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que a su vez le echa la culpa a la Comisión Nacional del Agua, la cual por su parte responsabiliza al municipio y estamos otra vez en el principio.
Eso acaba de pasar en Ixtapaluca, que se inundó como sucede cada año sin que nadie haga nada por evitarlo pero, eso sí, encuentran al culpable: que la basura acumulada, que una planta de bombeo que no funcionó. ¿Y por qué no limpian? ¿Y por qué no funcionan las cosas?
Otros casos son para llorar, como el de la guardería ABC en Sonora, en el que ni propietarios ni inspectores ni autoridades han reconocido su responsabilidad en la tragedia.
A esa costumbre ahora se agrega la moda del complot. Copiándole la idea a Hillary Clinton, quien cuando las acusaciones contra su marido por el affaire Lewinsky afirmó que se trataba de un complot de la derecha, nuestros funcionarios también acusan de eso a todo aquello que apunta a responsabilizarlos de algo. Hace poco el delegado en Yucatán del Instituto Nacional de Migración, al que se acusó de lenocinio y trata de personas, respondió asegurando que era víctima de una confabulación en su contra, de difamaciones y calumnias.
Y más todavía, por aquello de que la mejor defensa es el ataque, se ha puesto de moda demandar. Cuando Santiago Creel como secretario de Gobernación autorizó casinos, lo cual está prohibido por la ley, no sólo lo negó rotundamente sino que hasta se permitió amenazar con demandar penalmente a quienes “lo estaban difamando”. Y hace unos meses, cuando una senadora declaró que el gobernador de Chihuahua solapaba al narco, éste presentó una demanda civil contra ella en la que exigía una disculpa pública y la acompañó —para defender su honor— exigiendo el pago de 100 millones de pesos.
Todo esto viene a cuento ahora por las cifras recientes sobre la pobreza que hay en el país, según los datos recabados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Obviamente ellas apuntan a la responsabilidad de nuestros gobernantes, los cuales, por supuesto, no lo reconocen. Los encargados de las políticas públicas se aferran a decir que ellos lo hacen bien pero que es culpa de lo que sea: la crisis, el precio internacional de los alimentos, las acciones del vecino. Los diputados se excluyen a sí mismos como si nada tuviera que ver su trabajo con los problemas, como si no fueran ellos los que detienen las reformas o hacen mal las leyes.
Más de uno le echa la culpa al gobierno de Calderón, que si bien es indefendible en materia de política social, no es el único responsable, pues el asunto viene desde muy atrás, pero eso prefieren olvidarlo y hasta hacerse como si no fueran la misma clase política que desde hace decenios forma parte de los gobiernos que hicieron las cosas mal.
¿Quién es responsable de la quiebra de Pemex, del robo de millones de litros de gasolina, de que aparezcan grietas en colonias residenciales y se enchuequen casas recién construidas, de la mala gestión fiscal, de que florezcan los negocios ilícitos, de que los burócratas no hagan su trabajo, y suma y sigue?
Quién sabe.
Aquí nadie es responsable, ni siquiera los que han sido nombrados para esa responsabilidad.
Entre nosotros las cosas son así: a la hora de los informes, todos se adornan de que ellos hicieron esto y aquello, pero a la hora de los problemas nadie asume su parte.
Hay casos de risa, como cuando el mar en Acapulco está contaminado y el funcionario municipal en turno responsabiliza a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que a su vez le echa la culpa a la Comisión Nacional del Agua, la cual por su parte responsabiliza al municipio y estamos otra vez en el principio.
Eso acaba de pasar en Ixtapaluca, que se inundó como sucede cada año sin que nadie haga nada por evitarlo pero, eso sí, encuentran al culpable: que la basura acumulada, que una planta de bombeo que no funcionó. ¿Y por qué no limpian? ¿Y por qué no funcionan las cosas?
Otros casos son para llorar, como el de la guardería ABC en Sonora, en el que ni propietarios ni inspectores ni autoridades han reconocido su responsabilidad en la tragedia.
A esa costumbre ahora se agrega la moda del complot. Copiándole la idea a Hillary Clinton, quien cuando las acusaciones contra su marido por el affaire Lewinsky afirmó que se trataba de un complot de la derecha, nuestros funcionarios también acusan de eso a todo aquello que apunta a responsabilizarlos de algo. Hace poco el delegado en Yucatán del Instituto Nacional de Migración, al que se acusó de lenocinio y trata de personas, respondió asegurando que era víctima de una confabulación en su contra, de difamaciones y calumnias.
Y más todavía, por aquello de que la mejor defensa es el ataque, se ha puesto de moda demandar. Cuando Santiago Creel como secretario de Gobernación autorizó casinos, lo cual está prohibido por la ley, no sólo lo negó rotundamente sino que hasta se permitió amenazar con demandar penalmente a quienes “lo estaban difamando”. Y hace unos meses, cuando una senadora declaró que el gobernador de Chihuahua solapaba al narco, éste presentó una demanda civil contra ella en la que exigía una disculpa pública y la acompañó —para defender su honor— exigiendo el pago de 100 millones de pesos.
Todo esto viene a cuento ahora por las cifras recientes sobre la pobreza que hay en el país, según los datos recabados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Obviamente ellas apuntan a la responsabilidad de nuestros gobernantes, los cuales, por supuesto, no lo reconocen. Los encargados de las políticas públicas se aferran a decir que ellos lo hacen bien pero que es culpa de lo que sea: la crisis, el precio internacional de los alimentos, las acciones del vecino. Los diputados se excluyen a sí mismos como si nada tuviera que ver su trabajo con los problemas, como si no fueran ellos los que detienen las reformas o hacen mal las leyes.
Más de uno le echa la culpa al gobierno de Calderón, que si bien es indefendible en materia de política social, no es el único responsable, pues el asunto viene desde muy atrás, pero eso prefieren olvidarlo y hasta hacerse como si no fueran la misma clase política que desde hace decenios forma parte de los gobiernos que hicieron las cosas mal.
¿Quién es responsable de la quiebra de Pemex, del robo de millones de litros de gasolina, de que aparezcan grietas en colonias residenciales y se enchuequen casas recién construidas, de la mala gestión fiscal, de que florezcan los negocios ilícitos, de que los burócratas no hagan su trabajo, y suma y sigue?
Quién sabe.
Aquí nadie es responsable, ni siquiera los que han sido nombrados para esa responsabilidad.
Entre nosotros las cosas son así: a la hora de los informes, todos se adornan de que ellos hicieron esto y aquello, pero a la hora de los problemas nadie asume su parte.
Escritora e investigadora en la UNAM
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