Alberto Aziz NassifEl Universal/11 de agosto de 2009
Resulta comprensible que cuando se pierde a un hijo en un incendio, como sucedió con los ya 49 niños muertos en el caso de la guardería ABC de Hermosillo, la demanda sea exigir que se haga justicia. Pero en los enredos de nuestro fallido sistema jurídico, las expectativas se pierden. Ante esta incertidumbre, quizá una forma de consuelo y elaboración del duelo sea que se conozca la verdad. Llegar hasta las últimas consecuencias para saber qué fue lo que ocurrió, por qué y cuáles son los niveles de responsabilidad de las autoridades locales, estatales y federales.
La expresión de esperanza de los padres de familia fue porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió por mayoría —de ocho votos contra tres— hacer uso de la facultad constitucional de investigar violaciones graves a las garantías individuales, como lo establece el artículo 97 de la Constitución.
El máximo tribunal del país es uno de los pocos espacios que quedan para alimentar alguna esperanza de que se ejerza justicia o, al menos, que se conozca lo que sucedió. Cuando la SCJN ejerce su facultad de investigación en materia de violación de garantías sus indagaciones no tienen carácter vinculatorio, pero sí una carga simbólica muy importante que puede hacer la diferencia. En algunos casos se ha logrado establecer un resultado que se apega a la verdad, pero la votación no logró la mayoría, como sucedió con la violación de garantías de Lydia Cacho. El caso de Hermosillo es inverso: el proyecto del ministro Aguirre renunciaba a la facultad constitucional, pero afortunadamente ganó la posición de entrar a la investigación. Así que en seis meses se tendrá la investigación sobre la tragedia de Hermosillo.
En estos días la Corte resolverá también el caso de la matanza de Acteal. El asesinato de 45 indígenas tzotziles (19 mujeres, cuatro de ellas embarazadas, ocho hombres y 18 niños y niñas) en diciembre de 1997 regresa a la mesa de discusión. La información publicada estos días indica que la SCJN ha revisado los expedientes de 57 personas que fueron declaradas culpables de la matanza y están en la cárcel, pero sin entrar al análisis del fondo, es decir, si se trata de personas inocentes o culpables. La Corte ha revisado el procedimiento, y todo indica que se trata de expedientes que están mal integrados. Supuestamente a 40 personas les fue fabricado un expediente de culpabilidad (EL UNIVERSAL, 6/VIII/09). Otra vez la impartición de justicia se encuentra cuestionada.
En México no es nuevo que cuando los expedientes son notorios y relevantes, la acción de la justicia tiene cargas extra, que pueden ir desde la falsificación, el invento de pruebas, hasta la violación del debido proceso. Cuando la presión social y la opinión pública ejercen una cobertura importante, a veces se llega a fabricar culpables. Lo acabamos de ver con los supuestos responsables del caso Martí, en el que la autoridad del DF hizo el procesamiento de unos culpables y la autoridad federal lo hizo con otros responsables. Por otra parte, las cárceles del país están abarrotadas de personas inocentes y anónimas, que no tienen recursos para defenderse.
El caso de Acteal, que ya se acerca a los 12 años, es un expediente complicado. La otra versión la dan algunas organizaciones civiles, como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, cercano a los sobrevivientes de la masacre, que declaró: “Los detenidos fueron señalados una y otra vez por testigos presenciales. No puede haber habido error en la identificación porque son gente que se conocen desde niños; algunos son hasta familiares. Si en este caso se les libera es por deficiencias en las averiguaciones previas, pero no porque son inocentes” (La Jornada, 8/VIII/2009). En ese mismo sentido, pero con el agravante de la intención, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, señaló: “El proceso contra los culpables deliberadamente se integró de forma deficiente a fin de que prevalezca la impunidad y no continúen en la cárcel (…) Políticamente dicen que el debido proceso no estuvo bien, pero lo que quieren es ocultar el crimen de lesa humanidad” (EL UNIVERSAL, 9/VIII/09).
Varias preguntas quedan sin respuesta: en el supuesto de que estas personas no sean culpables, entonces ¿dónde están los responsables de este homicidio de 45 personas? En el caso de que la Corte dictamine la liberación de estas personas por errores de procedimiento en su proceso, pero que según diversas organizaciones sociales sí son culpables, se necesitaría que la SCJN entre al fondo del asunto y haga una investigación sobre la inocencia o culpabilidad.
Sin duda, la Corte se encuentra, en términos morales, en una situación similar a la de la guardería ABC, en la que el criterio importante fue establecer la verdad de los hechos. Si simplemente se libera a los presos de Acteal, ¿dónde quedaría la verdad de lo que sucedió ese terrible 22 de diciembre de 1997? ¿Y dónde la responsabilidad? ¿Estamos ante un dilema entre procedimientos y justicia?
Veremos qué decide la Corte y qué consecuencias tiene este proyecto en la integración defectuosa de los expedientes, la fabricación de pruebas y las graves distorsiones que afectan la impartición de justicia en nuestro lastimado país. ¿Dónde queda la justicia?
Investigador del CIESAS
La expresión de esperanza de los padres de familia fue porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió por mayoría —de ocho votos contra tres— hacer uso de la facultad constitucional de investigar violaciones graves a las garantías individuales, como lo establece el artículo 97 de la Constitución.
El máximo tribunal del país es uno de los pocos espacios que quedan para alimentar alguna esperanza de que se ejerza justicia o, al menos, que se conozca lo que sucedió. Cuando la SCJN ejerce su facultad de investigación en materia de violación de garantías sus indagaciones no tienen carácter vinculatorio, pero sí una carga simbólica muy importante que puede hacer la diferencia. En algunos casos se ha logrado establecer un resultado que se apega a la verdad, pero la votación no logró la mayoría, como sucedió con la violación de garantías de Lydia Cacho. El caso de Hermosillo es inverso: el proyecto del ministro Aguirre renunciaba a la facultad constitucional, pero afortunadamente ganó la posición de entrar a la investigación. Así que en seis meses se tendrá la investigación sobre la tragedia de Hermosillo.
En estos días la Corte resolverá también el caso de la matanza de Acteal. El asesinato de 45 indígenas tzotziles (19 mujeres, cuatro de ellas embarazadas, ocho hombres y 18 niños y niñas) en diciembre de 1997 regresa a la mesa de discusión. La información publicada estos días indica que la SCJN ha revisado los expedientes de 57 personas que fueron declaradas culpables de la matanza y están en la cárcel, pero sin entrar al análisis del fondo, es decir, si se trata de personas inocentes o culpables. La Corte ha revisado el procedimiento, y todo indica que se trata de expedientes que están mal integrados. Supuestamente a 40 personas les fue fabricado un expediente de culpabilidad (EL UNIVERSAL, 6/VIII/09). Otra vez la impartición de justicia se encuentra cuestionada.
En México no es nuevo que cuando los expedientes son notorios y relevantes, la acción de la justicia tiene cargas extra, que pueden ir desde la falsificación, el invento de pruebas, hasta la violación del debido proceso. Cuando la presión social y la opinión pública ejercen una cobertura importante, a veces se llega a fabricar culpables. Lo acabamos de ver con los supuestos responsables del caso Martí, en el que la autoridad del DF hizo el procesamiento de unos culpables y la autoridad federal lo hizo con otros responsables. Por otra parte, las cárceles del país están abarrotadas de personas inocentes y anónimas, que no tienen recursos para defenderse.
El caso de Acteal, que ya se acerca a los 12 años, es un expediente complicado. La otra versión la dan algunas organizaciones civiles, como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, cercano a los sobrevivientes de la masacre, que declaró: “Los detenidos fueron señalados una y otra vez por testigos presenciales. No puede haber habido error en la identificación porque son gente que se conocen desde niños; algunos son hasta familiares. Si en este caso se les libera es por deficiencias en las averiguaciones previas, pero no porque son inocentes” (La Jornada, 8/VIII/2009). En ese mismo sentido, pero con el agravante de la intención, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, señaló: “El proceso contra los culpables deliberadamente se integró de forma deficiente a fin de que prevalezca la impunidad y no continúen en la cárcel (…) Políticamente dicen que el debido proceso no estuvo bien, pero lo que quieren es ocultar el crimen de lesa humanidad” (EL UNIVERSAL, 9/VIII/09).
Varias preguntas quedan sin respuesta: en el supuesto de que estas personas no sean culpables, entonces ¿dónde están los responsables de este homicidio de 45 personas? En el caso de que la Corte dictamine la liberación de estas personas por errores de procedimiento en su proceso, pero que según diversas organizaciones sociales sí son culpables, se necesitaría que la SCJN entre al fondo del asunto y haga una investigación sobre la inocencia o culpabilidad.
Sin duda, la Corte se encuentra, en términos morales, en una situación similar a la de la guardería ABC, en la que el criterio importante fue establecer la verdad de los hechos. Si simplemente se libera a los presos de Acteal, ¿dónde quedaría la verdad de lo que sucedió ese terrible 22 de diciembre de 1997? ¿Y dónde la responsabilidad? ¿Estamos ante un dilema entre procedimientos y justicia?
Veremos qué decide la Corte y qué consecuencias tiene este proyecto en la integración defectuosa de los expedientes, la fabricación de pruebas y las graves distorsiones que afectan la impartición de justicia en nuestro lastimado país. ¿Dónde queda la justicia?
Investigador del CIESAS
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