María Elena MoreraEl Universal/26 de junio de 2009
Ha sido una terrible tragedia la ocurrida en una guardería subrogada del IMSS en Hermosillo. Cuarenta y siete pequeñas víctimas. La sociedad ha sido lastimada en sus fibras más sensibles por un hecho que debe, sin duda, ser investigado a cabalidad.
Sin embargo, los hermosillenses y los ciudadanos que nos sentimos afectados por ese hecho seguimos siendo victimizados con la postergación de la aplicación de la justicia.
Cuando los padres de las víctimas esperaban una investigación que esclareciera los hechos y señalara probables responsables, su derecho a la justicia se vio atrapado en un diferendo político entre el gobierno de Sonora y el IMSS.
Estamos siendo testigos del más lamentable ejemplo de cómo la justicia puede ser sometida a los intereses políticos, postergada por las disputas, sin duda electorales.
Puedo afirmar sin temor a equivocarme que en este caso en específico, la justicia ha sido secuestrada. Las investigaciones fueron contaminadas por las estrategias políticas de ambas partes y las recientes consignaciones, de empleados de menor rango, no hacen más que producir un dejo de sospecha de que realmente se haya actuado con profundidad en las indagatorias.
Sin duda se revive el drama de las víctimas. Esas madres y padres que han perdido a sus pequeños hijos y que están a la espera de la justicia se convirtieron en actor secundario, no prioritario. Su tragedia la han convertido los políticos locales y federales en un conflicto de impacto electoral.
La sociedad toda debe exigir resultados ya. Debe demandar que se aplique justicia y que las autoridades, locales y federales, colaboren como todos los ciudadanos esperamos que se conduzcan: privilegiando el interés común.
No es momento de bajar la guardia, no se debe permitir el olvido de este hecho, pero, sobre todo, no debe permitirse la impunidad. Pero tampoco crean las autoridades que los ciudadanos están dispuestos a aceptar que los únicos responsables son los empleados de la bodega contigua.
La omisión es igualmente una conducta delictiva aplicable a los funcionarios públicos. Y hasta el momento no hemos visto ningún intento de las autoridades por investigar en esa ruta.
Nuevamente la sociedad está frente a un hecho de desdén de las autoridades por los derechos de estos niños y sus familias. La acción y la presión social son las herramientas a las que debemos recurrir para impedir que este hecho quede en la impunidad.
Los ciudadanos debemos reprochar el oportunismo de los políticos, porque lo único que están logrando es polarizar a la sociedad, dividir más a las familias sonorenses y pretender capitalizar políticamente la tragedia y el dolor de otros.
Ya son muchas las familias lastimadas, no hagamos que crezcan el dolor y el enojo; debemos buscar justicia verdadera y no permitir que una tragedia como ésta se repita.
Con esa misma decisión debemos exigir regulaciones estrictas para servicios como las guarderías subrogadas del IMSS y otros servicios que se prestan bajo el mismo esquema.
¿Qué explicación puede dar el IMSS frente a las deficiencias en el otorgamiento de tales licencias y en la vigilancia de las guarderías?
¿Qué explicación puede dar el gobierno del estado a tantos cuestionamientos que se le han hecho con respecto al arrendamiento millonario de una bodega que no los valía y subarrendar parte de ella a una guardería?
Tanto el IMSS como el gobierno de Eduardo Bours deben garantizar que los pequeños sobrevivientes cuenten con los recursos para que, conjuntamente con sus padres, reinicien sus vidas, ciertamente en condiciones difíciles de salud.
Los ciudadanos somos México, tenemos derecho a exigir, exigir que se respeten los derechos y la vida de los mexicanos. No nos digan que es asunto muy trillado… Trillada su negligencia, su ineficacia, su corrupción, su impunidad.
Pero en esta tragedia también debe resaltarse la acción de aquellos héroes desconocidos que hicieron lo posible por rescatar a los pequeños y de los médicos y de las organizaciones civiles que están haciendo lo posible por salvarles su vida. Este es un ejemplo de que la sociedad civil sabe actuar ante la omisión de las autoridades.
me.morera@gmail.com
Activista social y ex presidenta de México Unido Contra la Delincuencia, AC
Sin embargo, los hermosillenses y los ciudadanos que nos sentimos afectados por ese hecho seguimos siendo victimizados con la postergación de la aplicación de la justicia.
Cuando los padres de las víctimas esperaban una investigación que esclareciera los hechos y señalara probables responsables, su derecho a la justicia se vio atrapado en un diferendo político entre el gobierno de Sonora y el IMSS.
Estamos siendo testigos del más lamentable ejemplo de cómo la justicia puede ser sometida a los intereses políticos, postergada por las disputas, sin duda electorales.
Puedo afirmar sin temor a equivocarme que en este caso en específico, la justicia ha sido secuestrada. Las investigaciones fueron contaminadas por las estrategias políticas de ambas partes y las recientes consignaciones, de empleados de menor rango, no hacen más que producir un dejo de sospecha de que realmente se haya actuado con profundidad en las indagatorias.
Sin duda se revive el drama de las víctimas. Esas madres y padres que han perdido a sus pequeños hijos y que están a la espera de la justicia se convirtieron en actor secundario, no prioritario. Su tragedia la han convertido los políticos locales y federales en un conflicto de impacto electoral.
La sociedad toda debe exigir resultados ya. Debe demandar que se aplique justicia y que las autoridades, locales y federales, colaboren como todos los ciudadanos esperamos que se conduzcan: privilegiando el interés común.
No es momento de bajar la guardia, no se debe permitir el olvido de este hecho, pero, sobre todo, no debe permitirse la impunidad. Pero tampoco crean las autoridades que los ciudadanos están dispuestos a aceptar que los únicos responsables son los empleados de la bodega contigua.
La omisión es igualmente una conducta delictiva aplicable a los funcionarios públicos. Y hasta el momento no hemos visto ningún intento de las autoridades por investigar en esa ruta.
Nuevamente la sociedad está frente a un hecho de desdén de las autoridades por los derechos de estos niños y sus familias. La acción y la presión social son las herramientas a las que debemos recurrir para impedir que este hecho quede en la impunidad.
Los ciudadanos debemos reprochar el oportunismo de los políticos, porque lo único que están logrando es polarizar a la sociedad, dividir más a las familias sonorenses y pretender capitalizar políticamente la tragedia y el dolor de otros.
Ya son muchas las familias lastimadas, no hagamos que crezcan el dolor y el enojo; debemos buscar justicia verdadera y no permitir que una tragedia como ésta se repita.
Con esa misma decisión debemos exigir regulaciones estrictas para servicios como las guarderías subrogadas del IMSS y otros servicios que se prestan bajo el mismo esquema.
¿Qué explicación puede dar el IMSS frente a las deficiencias en el otorgamiento de tales licencias y en la vigilancia de las guarderías?
¿Qué explicación puede dar el gobierno del estado a tantos cuestionamientos que se le han hecho con respecto al arrendamiento millonario de una bodega que no los valía y subarrendar parte de ella a una guardería?
Tanto el IMSS como el gobierno de Eduardo Bours deben garantizar que los pequeños sobrevivientes cuenten con los recursos para que, conjuntamente con sus padres, reinicien sus vidas, ciertamente en condiciones difíciles de salud.
Los ciudadanos somos México, tenemos derecho a exigir, exigir que se respeten los derechos y la vida de los mexicanos. No nos digan que es asunto muy trillado… Trillada su negligencia, su ineficacia, su corrupción, su impunidad.
Pero en esta tragedia también debe resaltarse la acción de aquellos héroes desconocidos que hicieron lo posible por rescatar a los pequeños y de los médicos y de las organizaciones civiles que están haciendo lo posible por salvarles su vida. Este es un ejemplo de que la sociedad civil sabe actuar ante la omisión de las autoridades.
me.morera@gmail.com
Activista social y ex presidenta de México Unido Contra la Delincuencia, AC
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