Axel DidrikssonExcélsior/23 de junio de 2009
Justo cuando la crisis económica dura y perdura, a pesar de la volubilidad con la que se pretende manejarla, está avanzando otra de carácter social y político. El entretejido de la sociedad y la legitimidad de las instituciones se está tensando al máximo grado y empiezan a romperse hilos de por aquí y de por allá, de manera consecutiva y alarmantemente rápida.
Los buenos deseos, las recomendaciones de algunos analistas que aún creen en la posibilidad de que con este gobierno federal podrá ocurrir una verdadera reforma social y política que saque del basurero las relaciones económicas de desigualdad e inequidad, que están empujando al fondo al país, nadan a la deriva y no avistan el torbellino que se está formando en el centro. En la realidad, no puede dejar de preocupar el avance de la militarización en distintas zonas y regiones del territorio nacional (ahora exponiendo a jóvenes cadetes y mujeres), las declaraciones de debilidad de los jefes policiacos que se ven rebasados ante las bandas criminales, un equipo de gobierno pegado a un Ejecutivo federal mediático pero ineficaz, y medidas que van y vienen que sólo agravan las condiciones en las que nos encontramos sin que nadie se salve hasta la sofocación.
El anuncio de que habrá recortes en el gasto social y en lo particular hacia las universidades públicas está empujando a los actores principales de este sector a reorganizarse y cada día se suman nuevos sectores en descontento por la negligencia con la que se opera o debido a la incapacidad. Sea por los niños quemados o las elecciones intermedias. Y se le echa leña al fuego. ¿Qué se puede pensar cuando, después del anuncio del recorte al gasto universitario, la salidita que se ha presentado es invitar a las instituciones de educación superior a adoptar voluntariamente medidas de austeridad y de ahorro, como si éstas no las estuvieran tomando desde hace ya muchos años? Los recursos hacia la educación superior en México son de los más bajos del mundo, medidos sobre todo por el costo por alumno, y los salarios del personal académico que se perciben (con la excepción de quienes tienen una antigüedad y productividad considerables, la minoría) son también miserables frente a los que mantienen otros sectores, tanto profesionales como políticos.
Valdría la pena que las autoridades hacendarias se dieran una vueltecita por los campus de las universidades del sureste o las aulas de los bachilleratos que sostienen en su gran mayoría las universidades públicas y las autónomas, que revisaran los recursos con los que trabajan los investigadores para llevar a cabo sus tareas de generación de conocimientos y compararan su desempeño académico y los esfuerzos que se realizan para mantener su infraestructura (que en muchos casos también representa parte del gran patrimonio tangible e intangible de la nación) consigo mismos y, luego, discutieran con los académicos las formulitas de austeridad que propone un gobierno que gasta y gasta en veleidades (150 millones de pesos para un show educativo, por ejemplo), los sueldos y los resultados de los burócratas y se pusieran a discusión sus planes y proyectos para que expliquen por qué se está adoptando una estrategia de manejo tan equivocada.
No habrá desarrollo social sin el mejoramiento de las condiciones de trabajo de las universidades públicas. Sin educación habrá más desigualdad y, con ello, mayor ingobernabilidad.
didrik@servidor.unam.mx
Los buenos deseos, las recomendaciones de algunos analistas que aún creen en la posibilidad de que con este gobierno federal podrá ocurrir una verdadera reforma social y política que saque del basurero las relaciones económicas de desigualdad e inequidad, que están empujando al fondo al país, nadan a la deriva y no avistan el torbellino que se está formando en el centro. En la realidad, no puede dejar de preocupar el avance de la militarización en distintas zonas y regiones del territorio nacional (ahora exponiendo a jóvenes cadetes y mujeres), las declaraciones de debilidad de los jefes policiacos que se ven rebasados ante las bandas criminales, un equipo de gobierno pegado a un Ejecutivo federal mediático pero ineficaz, y medidas que van y vienen que sólo agravan las condiciones en las que nos encontramos sin que nadie se salve hasta la sofocación.
El anuncio de que habrá recortes en el gasto social y en lo particular hacia las universidades públicas está empujando a los actores principales de este sector a reorganizarse y cada día se suman nuevos sectores en descontento por la negligencia con la que se opera o debido a la incapacidad. Sea por los niños quemados o las elecciones intermedias. Y se le echa leña al fuego. ¿Qué se puede pensar cuando, después del anuncio del recorte al gasto universitario, la salidita que se ha presentado es invitar a las instituciones de educación superior a adoptar voluntariamente medidas de austeridad y de ahorro, como si éstas no las estuvieran tomando desde hace ya muchos años? Los recursos hacia la educación superior en México son de los más bajos del mundo, medidos sobre todo por el costo por alumno, y los salarios del personal académico que se perciben (con la excepción de quienes tienen una antigüedad y productividad considerables, la minoría) son también miserables frente a los que mantienen otros sectores, tanto profesionales como políticos.
Valdría la pena que las autoridades hacendarias se dieran una vueltecita por los campus de las universidades del sureste o las aulas de los bachilleratos que sostienen en su gran mayoría las universidades públicas y las autónomas, que revisaran los recursos con los que trabajan los investigadores para llevar a cabo sus tareas de generación de conocimientos y compararan su desempeño académico y los esfuerzos que se realizan para mantener su infraestructura (que en muchos casos también representa parte del gran patrimonio tangible e intangible de la nación) consigo mismos y, luego, discutieran con los académicos las formulitas de austeridad que propone un gobierno que gasta y gasta en veleidades (150 millones de pesos para un show educativo, por ejemplo), los sueldos y los resultados de los burócratas y se pusieran a discusión sus planes y proyectos para que expliquen por qué se está adoptando una estrategia de manejo tan equivocada.
No habrá desarrollo social sin el mejoramiento de las condiciones de trabajo de las universidades públicas. Sin educación habrá más desigualdad y, con ello, mayor ingobernabilidad.
didrik@servidor.unam.mx
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