Editorial
La Jornada/25 de junio de 2009
El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, anunció ayer que la dependencia a su cargo atraerá la totalidad de las investigaciones en torno al incendio ocurrido el pasado 5 de junio en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, que hasta el momento ha cobrado la vida de 47 niños.
Habría sido deseable y necesario que la PGR tomara esta decisión hace más de dos semanas, cuando tuvieron lugar los trágicos acontecimientos de esa guardería, un plantel que, cabe recordarlo, se encontraba subrogado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y cuya supervisión dependía, en última instancia, de ese organismo federal. Pero, a 18 días de ocurrida la tragedia, la medida no parece encaminada a procurar justicia sino a dar una respuesta vengativa al gobierno de Eduardo Bours Castelo, quien ha criticado al titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, por las acciones de las autoridades a su cargo, particularmente por la decisión del IMSS de acusar del accidente a entidades sonorenses, lo que calificó de “cortina de humo para no llegar al fondo del asunto”.
Por añadidura, la dependencia que encabeza Medina Mora ha tenido un comportamiento errático y equívoco con respecto al trágico suceso, especialmente con la exoneración anticipada, y a todas luces improcedente, formulada el pasado 10 de junio por el propio procurador federal, cuando aseguró que “nadie iría a prisión” porque el incendio no había sido intencional. La credibilidad de la PGR ante los hechos de la guardería ABC es, pues, deficitaria.
Hasta ahora, lo que ha quedado claro para la opinión pública nacional es la falta de voluntad política de las autoridades estatales y federales para esclarecer los hechos y procurar justicia a las familias de las víctimas. Es significativo, al respecto, que a 19 días del incendio sólo hayan sido consignados siete funcionarios menores de la Secretaría de Finanzas de Sonora, algunos de ellos evidentemente ajenos al accidente, y los cuales fueron ya puestos en libertad bajo fianza, según lo informó ayer el propio Bours. En contraste, hasta el momento no ha sido citado ninguno de los propietarios de la guardería ABC, entre quienes figuran familiares de ex funcionarios del gobierno sonorense y de la esposa de Calderón.
Se asiste, pues, a un escenario en el que ambos niveles de gobierno se empeñan en eludir sus responsabilidades compartidas en el caso, y en el que, por el contrario, se mantienen enfrascados en una confrontación que ha pasado de la escaramuza declarativa al empleo de procedimientos legales y administrativos como instrumentos de golpeteo político y electoral donde lo menos importante parecen ser los niños muertos y heridos, y lo más, la cosecha de sufragios en Sonora, ya sea por el PRI de Bours o por el PAN, gobernante en el ámbito federal.
La atracción que la PGR ejerció ayer del caso de la guardería ABC es, para colmo, un capítulo más en lo que parece ser una voluntad autoritaria de impedir cualquier señalamiento crítico al titular del Ejecutivo federal y un nuevo paso en la destrucción de las relaciones institucionales entre la Federación y las entidades que la conforman. No puede ignorarse, en esta perspectiva, el desaseo legal y la falta de respeto al federalismo con que hace unas semanas se llevaron a cabo las aprehensiones de 27 funcionarios del gobierno michoacano.
En esta circunstancia, la sociedad debe demandar que los gobiernos estatal de Sonora y federal depongan la lamentable escalada de ataques mutuos en la que se han involucrado y emprendan una colaboración efectiva para esclarecer la tragedia, procurar justicia y sancionar conforme a derecho a los responsables de los múltiples descuidos que generaron el incendio fatal, independientemente de sus lazos de parentesco y de sus influencias políticas y familiares.
Habría sido deseable y necesario que la PGR tomara esta decisión hace más de dos semanas, cuando tuvieron lugar los trágicos acontecimientos de esa guardería, un plantel que, cabe recordarlo, se encontraba subrogado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y cuya supervisión dependía, en última instancia, de ese organismo federal. Pero, a 18 días de ocurrida la tragedia, la medida no parece encaminada a procurar justicia sino a dar una respuesta vengativa al gobierno de Eduardo Bours Castelo, quien ha criticado al titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, por las acciones de las autoridades a su cargo, particularmente por la decisión del IMSS de acusar del accidente a entidades sonorenses, lo que calificó de “cortina de humo para no llegar al fondo del asunto”.
Por añadidura, la dependencia que encabeza Medina Mora ha tenido un comportamiento errático y equívoco con respecto al trágico suceso, especialmente con la exoneración anticipada, y a todas luces improcedente, formulada el pasado 10 de junio por el propio procurador federal, cuando aseguró que “nadie iría a prisión” porque el incendio no había sido intencional. La credibilidad de la PGR ante los hechos de la guardería ABC es, pues, deficitaria.
Hasta ahora, lo que ha quedado claro para la opinión pública nacional es la falta de voluntad política de las autoridades estatales y federales para esclarecer los hechos y procurar justicia a las familias de las víctimas. Es significativo, al respecto, que a 19 días del incendio sólo hayan sido consignados siete funcionarios menores de la Secretaría de Finanzas de Sonora, algunos de ellos evidentemente ajenos al accidente, y los cuales fueron ya puestos en libertad bajo fianza, según lo informó ayer el propio Bours. En contraste, hasta el momento no ha sido citado ninguno de los propietarios de la guardería ABC, entre quienes figuran familiares de ex funcionarios del gobierno sonorense y de la esposa de Calderón.
Se asiste, pues, a un escenario en el que ambos niveles de gobierno se empeñan en eludir sus responsabilidades compartidas en el caso, y en el que, por el contrario, se mantienen enfrascados en una confrontación que ha pasado de la escaramuza declarativa al empleo de procedimientos legales y administrativos como instrumentos de golpeteo político y electoral donde lo menos importante parecen ser los niños muertos y heridos, y lo más, la cosecha de sufragios en Sonora, ya sea por el PRI de Bours o por el PAN, gobernante en el ámbito federal.
La atracción que la PGR ejerció ayer del caso de la guardería ABC es, para colmo, un capítulo más en lo que parece ser una voluntad autoritaria de impedir cualquier señalamiento crítico al titular del Ejecutivo federal y un nuevo paso en la destrucción de las relaciones institucionales entre la Federación y las entidades que la conforman. No puede ignorarse, en esta perspectiva, el desaseo legal y la falta de respeto al federalismo con que hace unas semanas se llevaron a cabo las aprehensiones de 27 funcionarios del gobierno michoacano.
En esta circunstancia, la sociedad debe demandar que los gobiernos estatal de Sonora y federal depongan la lamentable escalada de ataques mutuos en la que se han involucrado y emprendan una colaboración efectiva para esclarecer la tragedia, procurar justicia y sancionar conforme a derecho a los responsables de los múltiples descuidos que generaron el incendio fatal, independientemente de sus lazos de parentesco y de sus influencias políticas y familiares.
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