Austeridad universitaria

Miguel Ángel Granados Chapa

Periódico Zócalo/19 de junio de 2009

Por casualidad, el mismo martes 16 en que se difundió la noticia del gasto de por lo menos 150 millones de pesos (de una partida de 200 autorizada por la SEP al sindicato magisterial para gastos de comunicación) en un programa del SNTE en Televisa, las secretarías de Hacienda y de Educación invitaron a las universidades públicas del país a adoptar voluntariamente medidas de austeridad y ahorro. Por aquella coincidencia quedó claro, sin embargo, que antes que reducir el gasto universitario habría otras zonas de la vida pública que deberían ser afectadas, como el derroche practicado por Elba Ester Gordillo y el dispendio propagandístico de los partidos en una campaña electoral que ha logrado ya un gran éxito, al promover… la anulación del voto.

La Universidad Nacional respondió a ese pedido diciendo que no está en condiciones de ajustar su presupuesto. La apoyaron de inmediato sus profesores, los que se agrupan en la Asociación del Personal Académico de la UNAM, titular del contrato colectivo de trabajo respectivo, que había ya advertido contra algún intento de recorte presupuestal promovido desde el Gobierno federal con la proclama: Ni un peso atrás.

No es que la UNAM sea dispendiosa. Es que la gran institución que recibirá pronto el Premio Príncipe de Asturias tiene necesidades que apenas se cubren con su presupuesto, por abultado que parezca o sea. Este año sus autoridades cuentan con poco más de veintitrés mil millones de pesos, de los cuales el sesenta y uno por ciento se invierten en docencia, veinticinco por ciento en investigación, nueve por ciento en difusión cultural y cinco por ciento en administración. Si esta cifra parece excesiva, téngase en cuenta que sólo el mantenimiento de la planta física de la UNAM, esparcida por toda la República y con un predio central que ha merecido ser parte del patrimonio cultural de la humanidad demanda sumas ingentes. Por lo demás, la Universidad Nacional se esfuerza de modo permanente en pos del ahorro: Ha obtenido premios por tal motivo, como el concedido a la torre de Ingeniería por su austeridad energética. Y tiene este año en curso el programa llamado Ecopuma, destinado a lograr, entre otros objetivos, el consumo de treinta por ciento menos de agua.

En su argumentación para instar a las universidades públicas al ahorro, el Gobierno federal les recuerda que recibieron 1,600 millones de pesos para ponerse al corriente de sus obligaciones fiscales. La UNAM manifestó no haber recibido ni tenido necesidad de hacerlo, ninguna ampliación para ese propósito, pues ha cubierto puntualmente sus deberes en esa materia. Es probable que el resto de las instituciones de enseñanza superior conocieran ese argumento como un sarcasmo, pues el que hayan requerido un auxilio de esa dimensión y para ese fin, muestra su condición menesterosa. Por eso es previsible que si responden al pedido de Hacienda y Educación lo hagan en sentido semejante al de la UNAM o simplemente guarden silencio.

No ha podido hacerlo, por su lado, la Universidad Autónoma de Chapingo que, si bien ostenta esa condición en su nombre no es propiamente autónoma, pues depende del presupuesto que le otorga la Secretaría de Agricultura, la Sagarpa, que la considera como una pieza más del aparato administrativo, sujeta a los lineamientos de austeridad, racionalidad, disciplina y control del ejercicio presupuestal emitidos apenas este 29 de mayo. En ellos se establece una reducción de 3.5 por ciento en el pago al personal y 6.4 en gastos de operación. Pero a la antigua Escuela Nacional de Agricultura se le aplicarán recortes mayores: 4.34 en el primer rubro y 7.95 en el segundo, lo que traducido a cifras absolutas representa una disminución de más de cien millones de pesos: 40.1 en pagos al personal y 63.3 millones en gasto de operación .

(Esta decisión se la comunicó una oficina que parece una aplicación ejemplar de la ley de Parkinson, según la cual los administradores se crean trabajo a sí mismos: Se llama dirección general de eficiencia financiera y rendición de cuentas).

Apenas en febrero y marzo esa universidad agrícola, que además del bachillerato especializado imparte veintidós carreras y dieciocho posgrados, padeció sendas huelgas, emplazadas por sus dos sindicatos, de trabajadores administrativos y académicos, que buscaban un incremento salarial mayo y se atuvieron al de 4.5 por ciento aplicado a otras universidades. En las revisiones laborales, así sean sólo de salario, suelen pactarse modalidades de la relación de trabajo, como abrir a concurso plazas nuevas o colmar las vacantes, obligaciones que no podrán ser cumplidas por el criterio burocrático de poner el acento en el carácter agrícola de Chapingo que en su condición de universidad.

En nombre de esa institución, cuya raíz se extiende al siglo XIX, su rector , Aureliano Peña Lomelí y los responsables de las unidades académicas (en cuyo nombre firma Hugo Ramírez Maldonado) han solicitado revisar el recorte severo que se les ha impuesto, considerando que el ahorro debe favorecer el gasto social y no afectar la operación de la suya, que es “una institución pública de servicio de primera necesidad para la sociedad”

Los tiempos difíciles que encaramos hacen propicia la hora para reflexionar sobre la austeridad y practicarla. Hacerlo ayudará a prescindir del boato en que incurren, esperemos que por inercia, algunas casas universitarias. Eliminarlo hará que su personal tenga las remuneraciones que se merece.