Jorge Medina ViedasPrimero los hechos: dos estados remotos de la geografía nacional, Veracruz y Sinaloa, se unen por un conducto subterráneo de lo que puede ser la intención estratégica electoral del Partido de Acción Nacional: sus diputados locales lanzan acusaciones denigratorias contra las universidades públicas autónomas de los respectivos estados. Lo hacen con saña.El pasado 16 de junio en la Cámara de Diputados local de Sinaloa, la diputada local del Partido de Acción Nacional Judith del Rincón subió a tribuna e hizo unas declaraciones resonantes: en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y en varias otras instituciones educativas de la ciudad de Culiacán, señaló, funcionan redes de prostitución. El sábado anterior, el 13 de junio, como mera casualidad, la candidata a diputada Josefina Vázquez Mota encabezó en Culiacán una reunión de estrategia electoral de su partido, en la que estuvo presente la cúpula del panismo local.
En el marco de la sucesión rectoral de la Universidad Veracruzana, el pasado viernes 19 de junio, tres días después de los ocurrido en Sinaloa, el diputado del mismo partido Antonio de Jesús Remes Ojeda, profesor del Tec de Monterrey, egresado de la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz y licenciado en Teología del Seminario Mayor del Sureste, tomó la palabra en el Congreso local del estado de Veracruz y, ante unas fracciones parlamentarias atónitas, lanzó una serie de improperios contra la universidad pública más importante del estado, y sumó una frase en busca de escándalo, llamando a “sacar a la corte de prostitutos de la Universidad Veracruzana”, y en su misma alocución estridente, de Savonarola tropical, de manera estridente proclamó su apoyó la candidatura a rectora de una de las aspirantes, una diputada local de un partido que no es el de él, Clara Celina Medina Sahagaón.
Evidentemente artificioso y falaz en su discurso, la vulgaridad del diputado panista revelaba una actitud injerencista en el proceso de elección de rector de la UV, al atacar sin el más mínimo respeto a los miembros de la Junta de Gobierno, un grupo selecto de miembros de la comunidad universitaria nacional, integrado por José Sarukhán Kermez, Enrique Florescano, Miguel Limón Rojas, Romualdo López Zárate, Mario Muñoz, Sylvia del Amo, José Negrete Martínez y Carlos Octavio Rivera Blanco.No hay semejanza posible entre la falacia del diputado panista veracruzano y lo dicho por la diputada panista sinaloense. Pero eso importa poco: la gravedad de la coincidencia estriba en que los diputados panistas que no les importa denigrar a dos universidades públicas con tal de conseguir sus objetivos electorales. O lo hacen simplemente porque son públicas.
Se podrían conjeturar, como lo han hecho analistas políticos, que en estas dos entidades hay un paralelismo político relacionado con el interés panista de apuntalarse electoralmente rumbo a las elecciones del 5 de julio, pero sobre todo en una línea política de mediano plazo en búsqueda de las respectivas gubernaturas que habrán de disputarse en 2011. En ambas entidades se considera que el presidente Calderón tiene puesta la mira y ha encargado el trabajo político electoral en Veracruz y Sinaloa respectivamente, a personajes políticos relevantes de su gabinete: a Miguel Ángel Yunes (veracruzano), director del ISSSTE, y se ha dicho que a Heriberto Félix Guerra (sinaloense), subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía del mismo gobierno federal.
Y las universidades, ¿por qué?
En el marco de la sucesión rectoral de la Universidad Veracruzana, el pasado viernes 19 de junio, tres días después de los ocurrido en Sinaloa, el diputado del mismo partido Antonio de Jesús Remes Ojeda, profesor del Tec de Monterrey, egresado de la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz y licenciado en Teología del Seminario Mayor del Sureste, tomó la palabra en el Congreso local del estado de Veracruz y, ante unas fracciones parlamentarias atónitas, lanzó una serie de improperios contra la universidad pública más importante del estado, y sumó una frase en busca de escándalo, llamando a “sacar a la corte de prostitutos de la Universidad Veracruzana”, y en su misma alocución estridente, de Savonarola tropical, de manera estridente proclamó su apoyó la candidatura a rectora de una de las aspirantes, una diputada local de un partido que no es el de él, Clara Celina Medina Sahagaón.
Evidentemente artificioso y falaz en su discurso, la vulgaridad del diputado panista revelaba una actitud injerencista en el proceso de elección de rector de la UV, al atacar sin el más mínimo respeto a los miembros de la Junta de Gobierno, un grupo selecto de miembros de la comunidad universitaria nacional, integrado por José Sarukhán Kermez, Enrique Florescano, Miguel Limón Rojas, Romualdo López Zárate, Mario Muñoz, Sylvia del Amo, José Negrete Martínez y Carlos Octavio Rivera Blanco.No hay semejanza posible entre la falacia del diputado panista veracruzano y lo dicho por la diputada panista sinaloense. Pero eso importa poco: la gravedad de la coincidencia estriba en que los diputados panistas que no les importa denigrar a dos universidades públicas con tal de conseguir sus objetivos electorales. O lo hacen simplemente porque son públicas.
Se podrían conjeturar, como lo han hecho analistas políticos, que en estas dos entidades hay un paralelismo político relacionado con el interés panista de apuntalarse electoralmente rumbo a las elecciones del 5 de julio, pero sobre todo en una línea política de mediano plazo en búsqueda de las respectivas gubernaturas que habrán de disputarse en 2011. En ambas entidades se considera que el presidente Calderón tiene puesta la mira y ha encargado el trabajo político electoral en Veracruz y Sinaloa respectivamente, a personajes políticos relevantes de su gabinete: a Miguel Ángel Yunes (veracruzano), director del ISSSTE, y se ha dicho que a Heriberto Félix Guerra (sinaloense), subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía del mismo gobierno federal.
Y las universidades, ¿por qué?
Puede ser que la coincidencia de estas dos expresiones panistas en ambos estados sea simplemente eso: un intento desesperado y vulpino para recuperar terreno en las encuestas por la vía del escándalo; o sea, una convergencia de tácticas fruto de las condiciones de conflictividad que han adquirido los procesos electorales en las entidades y que, ayunos de elementos de persuasión a los votantes, hayan encontrado en las acusaciones escandalosas materia mediática inflamable para suplir tales deficiencias. O todas ellas resultado de la casualidad. Todo eso puede ser.
Válidas o no las especulaciones anteriores, lo cierto es que apoyados en el fuero, la diputada panista de apellido del Rincón y el diputado con apellido de beisbolista, tomaron como excusa a la universidad más importante de su entidad para hacer campaña política.
No es la primera vez (y de seguro no será la última) que los partidos utilizan a la universidad como instrumento de sus intereses. El PRI y el desaparecido Partido Comunista y una izquierda variopinta tomaron por mucho tiempo a las universidades como extensiones de sus estructuras políticas. Cierto que en el caso de estos últimos las motivaciones y los objetivos eran distintos, creían en la universidad como espacio para la transformación social, pero el instrumentalismo era el mismo.
El control de los movimientos estudiantiles y magisteriales, así como las provocaciones políticas del corte de los panistas en Veracruz y Sinaloa, han servido y sirven a los juegos del poder. En determinados momentos, muchos gobernantes locales lanzan campañas denigratorias en los medios de comunicación e inventan conflictos internos contra las universidades para debilitarlas y mermar su autoridad moral.
Existe el modelo echeverrista de la provocación. Éste se aplicó en 1972 en la UNAM. Un par de delincuentes, Mario Falcón y Miguel Castro Bustos, fueron los ejecutores de la pantomima ordenada por Luis Echeverría para expulsar del cargo a Pablo González Casanova: armados, con cinco o seis más facinerosos, tomaron la Rectoría, hecho que fue grotescamente magnificado por la televisión y por los medios escritos casi de forma unánime.
Lo cierto es que los casos en que se ha atentado con propósitos políticos contra las comunidades universitarias, han sido muchos y frecuentes y en varios estados del país.
Pero, ¿por qué tal propósito denigratorio y finalmente violatorio de la autonomía universitaria de estos diputados panistas? ¿Se puede probar que la diputada panista le interesa corregir un problema social que habría penetrado en la Universidad Autónoma de Sinaloa como el de la prostitución, o por delante de ello está su interés electoral?
¿Al diputado Remes realmente le preocupa la designación de rector en la Universidad Veracruzana y de verdad apoya a una candidata que, incluso, es priista, para que llegue a la Rectoría, por encima de su interés de llamar la atención y favorecer a su partido, el PAN?
Campaña sucia contra la autonomía
Válidas o no las especulaciones anteriores, lo cierto es que apoyados en el fuero, la diputada panista de apellido del Rincón y el diputado con apellido de beisbolista, tomaron como excusa a la universidad más importante de su entidad para hacer campaña política.
No es la primera vez (y de seguro no será la última) que los partidos utilizan a la universidad como instrumento de sus intereses. El PRI y el desaparecido Partido Comunista y una izquierda variopinta tomaron por mucho tiempo a las universidades como extensiones de sus estructuras políticas. Cierto que en el caso de estos últimos las motivaciones y los objetivos eran distintos, creían en la universidad como espacio para la transformación social, pero el instrumentalismo era el mismo.
El control de los movimientos estudiantiles y magisteriales, así como las provocaciones políticas del corte de los panistas en Veracruz y Sinaloa, han servido y sirven a los juegos del poder. En determinados momentos, muchos gobernantes locales lanzan campañas denigratorias en los medios de comunicación e inventan conflictos internos contra las universidades para debilitarlas y mermar su autoridad moral.
Existe el modelo echeverrista de la provocación. Éste se aplicó en 1972 en la UNAM. Un par de delincuentes, Mario Falcón y Miguel Castro Bustos, fueron los ejecutores de la pantomima ordenada por Luis Echeverría para expulsar del cargo a Pablo González Casanova: armados, con cinco o seis más facinerosos, tomaron la Rectoría, hecho que fue grotescamente magnificado por la televisión y por los medios escritos casi de forma unánime.
Lo cierto es que los casos en que se ha atentado con propósitos políticos contra las comunidades universitarias, han sido muchos y frecuentes y en varios estados del país.
Pero, ¿por qué tal propósito denigratorio y finalmente violatorio de la autonomía universitaria de estos diputados panistas? ¿Se puede probar que la diputada panista le interesa corregir un problema social que habría penetrado en la Universidad Autónoma de Sinaloa como el de la prostitución, o por delante de ello está su interés electoral?
¿Al diputado Remes realmente le preocupa la designación de rector en la Universidad Veracruzana y de verdad apoya a una candidata que, incluso, es priista, para que llegue a la Rectoría, por encima de su interés de llamar la atención y favorecer a su partido, el PAN?
Campaña sucia contra la autonomía
La realidad es que no. Están abogando por su partido y están recurriendo a todo tipo de formas de provocación; se trata de sacar ventaja política a como dé lugar en el proceso electoral.
El escándalo mediático es recurrente como mecanismo de distracción y de difamación, sobre todo en la lucha política. Los partidos políticos quieren llevar a las universidades a la guerra sucia de la contienda electoral, utilizando el tipo de escándalos mediáticos como los mencionados, como mecanismos de distracción y de difamación, y lo que se está viendo es que no importan los mecanismos inmorales para provocarlos.
Así actuó el gobernador panista Emilio González Márquez contra la U de G al principio de su gobierno. Con el tiempo se dio cuenta que no tenía fuerza para enfrentar a la universidad y los diputados panistas que lanzaron una ofensiva en contra de la institución, cejaron en su empeño de inmiscuirse en su vida interna.
Los datos son muchos en ese mismo sentido. Hay un sector de la clase política que omite de la Constitución el artículo tercero y su fracción séptima. Ese sector de la clase política que ahora pertenece al partido del gobierno, parece querer que se sepa de su desprecio por la autonomía, del ninguneo que le merecen las universidades públicas, y el menosprecio que le tienen a la educación como un posible instrumento para colocar al país en un nivel competitivo.
Contra una clase política que no tiene como prioridad de su agenda a la educación, contra la presencia de todo tipo de farsantes de dentro y de fuera de que se dicen salvadores de las universidades, sirve una autonomía y una dignidad universitaria que se ejerzan con responsabilidad, con decoro y con la suficiente entereza como para que el respeto para la institución sea de todos.Los injerencistas y los instrumentalistas, los enemigos de la universidad pública están ahí. No se han ido y hay que mantener los ojos bien abiertos.
El escándalo mediático es recurrente como mecanismo de distracción y de difamación, sobre todo en la lucha política. Los partidos políticos quieren llevar a las universidades a la guerra sucia de la contienda electoral, utilizando el tipo de escándalos mediáticos como los mencionados, como mecanismos de distracción y de difamación, y lo que se está viendo es que no importan los mecanismos inmorales para provocarlos.
Así actuó el gobernador panista Emilio González Márquez contra la U de G al principio de su gobierno. Con el tiempo se dio cuenta que no tenía fuerza para enfrentar a la universidad y los diputados panistas que lanzaron una ofensiva en contra de la institución, cejaron en su empeño de inmiscuirse en su vida interna.
Los datos son muchos en ese mismo sentido. Hay un sector de la clase política que omite de la Constitución el artículo tercero y su fracción séptima. Ese sector de la clase política que ahora pertenece al partido del gobierno, parece querer que se sepa de su desprecio por la autonomía, del ninguneo que le merecen las universidades públicas, y el menosprecio que le tienen a la educación como un posible instrumento para colocar al país en un nivel competitivo.
Contra una clase política que no tiene como prioridad de su agenda a la educación, contra la presencia de todo tipo de farsantes de dentro y de fuera de que se dicen salvadores de las universidades, sirve una autonomía y una dignidad universitaria que se ejerzan con responsabilidad, con decoro y con la suficiente entereza como para que el respeto para la institución sea de todos.Los injerencistas y los instrumentalistas, los enemigos de la universidad pública están ahí. No se han ido y hay que mantener los ojos bien abiertos.
Tomado de: http://www.campusmilenio.com.mx/
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