Leopoldo Santos RamírezDossier Político/22 de junio de 2009
Desde el día 5 de junio hay una idea que no ha podido disiparse de la mente de muchos sonorenses y consiste en una serie de preguntas muy sencillas, ¿estamos en el caso del incendio de la Guardería ABC ante un sabotaje?. ¿Hay allí elementos que conduzcan a la existencia de un atentado criminal?. ¿Por qué se sigue exclusivamente la línea del accidente?.
Un sabotaje que hubiera contemplado a los infantes como objetivo, o bien, un atentado que derivara en la muerte masiva de niños, como tal es una idea odiosa; uno mismo intenta desecharla en cuanto aparece, pero inevitablemente permanece allí y la mejor manera de descartarla sería con el instrumental científico de investigación que la ciencia de la criminología tiene para estos casos. Sea por la presión social o por consentimiento de las autoridades, en un futuro cercano habrá que reabrir una investigación criminalística con otros enfoques que vayan más allá de los aspectos técnicos en los cuales se está enfocando la investigación de las dos procuradurías, la federal y la del Estado de Sonora. Es decir, se trataría de una investigación que hurgaría en el ambiente social y por ende en los conflictos que se presentaban en el Estado sonorense al momento del incendio. Eso se denomina contexto social, y se compone de las situaciones, de los acontecimientos y los actores o sujetos sociales que interactuaban en ese período. Detengámonos un poco en esto.
Si se repasa en retrospectiva los acontecimientos de las semanas precedentes al incendio nos encontramos en un campo donde dominaban las tensiones sociales. No solamente las derivadas de la crisis económica que después de los cierres decretados por el gobierno federal con motivo de la epidemia de la influenza, tendieron a agravarse. Junto a esos acontecimientos tomaron cuerpo las campañas electorales caracterizadas por la violencia verbal, los ataques sucios y los inicios de violencia física de los manifestantes del PRI y el PAN en las calles de la ciudad de Hermosillo. En ese momento, previo al incendio, se anticipaban unas elecciones cerradas y difíciles por el apoyo que desde el gobierno estatal y desde la maquinaria gobierno federal estaban recibiendo los dos candidatos punteros.
En ese contexto político electoral, igualmente aparecieron mensajes en la prensa y por internet que hablaban de amenazas y violencia, material que una investigación criminalística tendría que revisar a conciencia, tratando de encontrar pistas o desechándolas como elementos que pudieran implicar la existencia de un sabotaje. Lo que quiero decir es que en la hipótesis de que estuviéramos ante un atentado criminal, éste no se daría solamente por una sola circunstancia, sino que habría un conjunto de factores que lo explicarían. Desafortunadamente, el ambiente de tensión que se respiraba en los días previos al incendio parece prolongarse ahora con viejos y nuevos actores al frente.
Por ejemplo, en el contexto actual existen interpretaciones que evidentemente están difiriendo respecto a quién se le cargarán las mayores responsabilidades y por eso vemos un jaloneo entre el IMSS, (véanse las declaraciones de Daniel Káram del 21 de junio) y el gobierno del Estado. Uno hace énfasis en las regulaciones y la inspección sobre la guardería y el otro en la bodega contigua, lugar donde se inició el fuego. Es probable que las conclusiones de las procuradurías difieran sustancialmente y eso explicaría la tardanza para fincar responsabilidades y consignar indiciados; lo cual quiérase o no, levanta sospechas. Además, se presta para pensar que se trata de manipular los datos de las investigaciones en el contexto político- electoral, tomando en cuenta las consecuencias que esto tiene en el voto de los próximos comicios. Esta situación que se prolonga, lleva a la conclusión que se están acumulando las condiciones desfavorables para realizar unos comicios irregulares y que por ética los partidos y las autoridades deberían cancelarlos y convocar para un plazo mayor a elecciones extraordinarias en un ambiente no contaminado.
En este mismo contexto de tensión, los padres de los niños fallecidos han encabezado tres movilizaciones que resultan inéditas desde hace varias décadas. Es decir, desde hace tiempo, ninguna manifestación por motivos civiles o políticos había alcanzado las magnitudes de las presentes protestas. Junto a los padres hay un contingente social todavía confundido en cuanto a cómo debe dirigir sus demandas y movilizaciones, pero que han logrado resumirlas en una exigencia que por lo pronto los une: justicia. La perspectiva de esas movilizaciones no es muy clara, hasta hoy una buena parte de la población ha acompañado a los padres en un enorme esfuerzo de catarsis colectiva ante el trauma de dimensiones colosales por el que estamos atravesando. Pero un objetivo de las Organizaciones No Gubernamentales –entre otros- debería consistir en plantear ante el Congreso de la Unión la necesidad de una comisión de criminólogos, autónoma, sin ligas con los partidos o los poderes federales y estatales, con el objetivo de que entregue una investigación lo más completa posible. Esto y trabajar las propuestas de reforma que habrán de plantearse a nivel federal y estatal en cuanto al cuidado de los niños, podrían volver concreta y real la segunda demanda que ha unificado la mente y los corazones de los sonorenses en estos días de tragedia: ¡nunca más!.
Un sabotaje que hubiera contemplado a los infantes como objetivo, o bien, un atentado que derivara en la muerte masiva de niños, como tal es una idea odiosa; uno mismo intenta desecharla en cuanto aparece, pero inevitablemente permanece allí y la mejor manera de descartarla sería con el instrumental científico de investigación que la ciencia de la criminología tiene para estos casos. Sea por la presión social o por consentimiento de las autoridades, en un futuro cercano habrá que reabrir una investigación criminalística con otros enfoques que vayan más allá de los aspectos técnicos en los cuales se está enfocando la investigación de las dos procuradurías, la federal y la del Estado de Sonora. Es decir, se trataría de una investigación que hurgaría en el ambiente social y por ende en los conflictos que se presentaban en el Estado sonorense al momento del incendio. Eso se denomina contexto social, y se compone de las situaciones, de los acontecimientos y los actores o sujetos sociales que interactuaban en ese período. Detengámonos un poco en esto.
Si se repasa en retrospectiva los acontecimientos de las semanas precedentes al incendio nos encontramos en un campo donde dominaban las tensiones sociales. No solamente las derivadas de la crisis económica que después de los cierres decretados por el gobierno federal con motivo de la epidemia de la influenza, tendieron a agravarse. Junto a esos acontecimientos tomaron cuerpo las campañas electorales caracterizadas por la violencia verbal, los ataques sucios y los inicios de violencia física de los manifestantes del PRI y el PAN en las calles de la ciudad de Hermosillo. En ese momento, previo al incendio, se anticipaban unas elecciones cerradas y difíciles por el apoyo que desde el gobierno estatal y desde la maquinaria gobierno federal estaban recibiendo los dos candidatos punteros.
En ese contexto político electoral, igualmente aparecieron mensajes en la prensa y por internet que hablaban de amenazas y violencia, material que una investigación criminalística tendría que revisar a conciencia, tratando de encontrar pistas o desechándolas como elementos que pudieran implicar la existencia de un sabotaje. Lo que quiero decir es que en la hipótesis de que estuviéramos ante un atentado criminal, éste no se daría solamente por una sola circunstancia, sino que habría un conjunto de factores que lo explicarían. Desafortunadamente, el ambiente de tensión que se respiraba en los días previos al incendio parece prolongarse ahora con viejos y nuevos actores al frente.
Por ejemplo, en el contexto actual existen interpretaciones que evidentemente están difiriendo respecto a quién se le cargarán las mayores responsabilidades y por eso vemos un jaloneo entre el IMSS, (véanse las declaraciones de Daniel Káram del 21 de junio) y el gobierno del Estado. Uno hace énfasis en las regulaciones y la inspección sobre la guardería y el otro en la bodega contigua, lugar donde se inició el fuego. Es probable que las conclusiones de las procuradurías difieran sustancialmente y eso explicaría la tardanza para fincar responsabilidades y consignar indiciados; lo cual quiérase o no, levanta sospechas. Además, se presta para pensar que se trata de manipular los datos de las investigaciones en el contexto político- electoral, tomando en cuenta las consecuencias que esto tiene en el voto de los próximos comicios. Esta situación que se prolonga, lleva a la conclusión que se están acumulando las condiciones desfavorables para realizar unos comicios irregulares y que por ética los partidos y las autoridades deberían cancelarlos y convocar para un plazo mayor a elecciones extraordinarias en un ambiente no contaminado.
En este mismo contexto de tensión, los padres de los niños fallecidos han encabezado tres movilizaciones que resultan inéditas desde hace varias décadas. Es decir, desde hace tiempo, ninguna manifestación por motivos civiles o políticos había alcanzado las magnitudes de las presentes protestas. Junto a los padres hay un contingente social todavía confundido en cuanto a cómo debe dirigir sus demandas y movilizaciones, pero que han logrado resumirlas en una exigencia que por lo pronto los une: justicia. La perspectiva de esas movilizaciones no es muy clara, hasta hoy una buena parte de la población ha acompañado a los padres en un enorme esfuerzo de catarsis colectiva ante el trauma de dimensiones colosales por el que estamos atravesando. Pero un objetivo de las Organizaciones No Gubernamentales –entre otros- debería consistir en plantear ante el Congreso de la Unión la necesidad de una comisión de criminólogos, autónoma, sin ligas con los partidos o los poderes federales y estatales, con el objetivo de que entregue una investigación lo más completa posible. Esto y trabajar las propuestas de reforma que habrán de plantearse a nivel federal y estatal en cuanto al cuidado de los niños, podrían volver concreta y real la segunda demanda que ha unificado la mente y los corazones de los sonorenses en estos días de tragedia: ¡nunca más!.
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