La perspectiva hermosillense

Leopoldo Santos Ramírez

Dossier Político/29 de junio de 2009

Las movilizaciones en solidaridad con los padres de los niños muertos y heridos en la Guardería ABC de Hermosillo han tenido la virtud de romper con la apatía que caracterizó la vida de los hermosillenses por más de cuarenta años. En estos años solamente la izquierda y los universitarios, los yaquis y algunos sectores de usuarios emprendieron marchas en protesta por uno u otro motivo. Una de las que contó con un buen contingente fue la organizada con motivo del desafuero de López Obrador en el año 2005 y entonces desfilaron sectores de movimientos democráticos con un objetivo preciso, destruir la trampa del desafuero que priístas y panistas le habían tendido al que posteriormente sería candidato del PRD.
Pero entonces, como en el resto de las marchas de protesta contra los efectos de las políticas neoliberales, los objetivos políticos y los enemigos resultaban demasiado claros para confundirse por qué se luchaba. Sin embargo, éstas eran luchas circunscritas a un solo sector de actores democráticos o de izquierda que se movilizaban mientras el resto de la sociedad permanecía como testigo. El movimiento de los padres, al contrario, está atrayendo el interés de una buena parte de la sociedad que realiza protestas masivas y que espera resultados gratificantes a su esfuerzo, y en donde los objetivos y los pronunciamientos políticos aparecen tímidamente y con poca claridad.

El esfuerzo de la clase gobernante por no "politizar" el movimiento ha rendido frutos hasta ahora, primero porque los padres mismos comparten la ideología de no partidizar su lucha sino que también son reluctantes a cualquier signo de politización. No obstante esto, la politización, -entendida como la conciencia de los intereses de la mayoría y la búsqueda de soluciones políticas- empieza a aparecer, y los objetivos de una investigación objetiva y el castigo a los culpables va tomando forma en algunas figuras públicas y en la de los empresarios que tenían la subrogación del IMSS.

Pero la politización empieza a aparecer también en la necesidad de realizar demandas jurídicas que garanticen la asistencia y protección social a las familias afectadas directamente, y en la necesidad de elaborar leyes y reglamentos para las guarderías, sacándolas del control privado de la subrogación y con el objetivo que todas las unidades subrogadas regresen al control del Estado mexicano, de tal manera que éste garantice la seguridad de los niños. Esos objetivos tan fáciles de enunciar, llevarlos a cabo en la práctica será una tarea difícil que requiere de una organización social pertinente para tal efecto. Creo que en este punto los vanguardistas del movimiento deben actuar rápido para constituirse en una agrupación legal que implique la atención y la defensa a una serie de problemas concretos como el seguimiento de las gestiones para la atención a los sobrevivientes y a los dolientes y la defensa de los derechos humanos de una sociedad conservadora que todavía se niega a entrar en este tema. Digo que se debe actuar rápido porque después del 5 de julio, sea cual fuere el resultado de las elecciones éste se marcará hacia la derecha, y por obvias razones el interés de los poderes federales y estatales será el de deshacerse de la mayoría de los compromisos que la tragedia les impone.

Es decir, a los vanguardistas del movimiento debe quedarles claro que si no consolidan una organización específica de voluntarios en auxilio de las consecuencias de la tragedia, la solidaridad social que hoy se ha manifestado puede diluirse en un contexto postelectoral. En la medida en la que los padres se adentren en las gestiones por lograr protección estatal para las secuencias de la tragedia, en esa misma medida se darán cuenta de la necesidad de politizar el movimiento.

En el contingente del mitin de la plaza Emiliana de Zubeldía resultó significativa la presencia de una comisión de los mineros de Cananea que entablaron un diálogo con los padres y familiares de los infantes fallecidos. Resultó significativo porque quienes alertaron primero sobre medidas de seguridad fueron los cananenses, y entoces se prestaron oídos sordos y ojos ciegos a sus advertencias, y son incluso satanizados por demandar medidas de seguridad en las minas. Ahora, la tragedia de nuestros niños pone en primer orden del día la necesidad de revisar las condiciones de seguridad en los lugares, maquilas incluidas, en donde la clase obrera realiza sus labores a veces sin protección.

De allí que el tema de la seguridad sea un asunto de sindicatos, de patrones y del resto de la sociedad. No es solamente un asunto de "cultura de seguridad", sino que es un asunto de políticas públicas que deben emanar desde el Estado mismo.