Catalina Soto Cota*Hoy que se cumplen dos semanas del trágico incendio de la Guardería ABC, nuevamente nos vemos obligados a salir a la calle ante la ausencia de resultados de las investigaciones a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora.
Han pasado 14 días, el tiempo corre y la justicia no llega: Una larga cadena de complicidades, ocultamiento y omisiones definen el procedimiento viciado desde el principio, mientras los socios en el redituable negocio que ya se ha demostrado era la guardería siniestrada, se han amparado en contra de cualquier acto de las autoridades.
Lo cierto es que la tragedia fue provocada por evidentes actos de corrupción y negligencia de parte de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, originados por la abdicación del Estado mexicano a sus obligaciones de atender y cuidar a la niñez.
Nunca antes como hoy las complicidades entre el sector público con grupos privilegiados del sector privado habían sido puestos en evidencia de manera tan contundente, mostrando descarnadamente cómo este tipo de relaciones corrompidas, que incluyen actos de nepotismo y tráfico de influencias, provocaron un daño directo irreparable a las familias afectadas y una creciente indignación social colectiva que no podrán acallar de ninguna manera.
La Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora número 161, que está vigente desde el año 2005, establece como su objetivo central: "Establecer normas, principios y políticas conforme a las cuales el estado y los municipios deben realizar las acciones de protección civil en sonora, con el fin de salvaguardar la integridad física de las personas, su patrimonio y el entorno, así como el funcionamiento de los servicios vitales y sistemas estratégicos, en los casos de riesgo, emergencias, siniestros y desastres".
Dicho ordenamiento determina también la creación del Consejo Estatal de Protección Civil, cuyo presidente es el gobernador del estado en turno y sus demás integrantes son el secretario de gobierno, los presidentes municipales, el procurador de justicia estatal y los demás titulares de dependencias afines con la seguridad.
Ellos son responsables por lo acontecido el pasado 5 de junio, como también lo son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y los socios propietarios de la Guardería ABC, favorecidos por sus privilegios, sus relaciones políticas y de parentesco.
Mientras tanto, la sociedad se sigue preguntando legítimamente:
¿Quién reparará el daño moral a los deudos de las víctimas?
¿Por qué se sigue negando el evidente tráfico de influencias?
¿Se hicieron las supervisiones necesarias por parte de las autoridades correspondientes desde antes de su apertura hasta antes de tan lamentable tragedia?
¿Si se hicieron por qué no se llevaron a cabo los ajustes necesarios para prevenir un siniestro como este?
¿Quién autorizó su funcionamiento?
¿Por que utilizaron en los techos materiales inflamables o que producían gases y humos tóxicos cuando esto lo prohíbe dichas normas?
¿Quién no supervisó esto y quien omitió prevenirlo?
¿Por qué los diputados se opusieron a que se hiciera comparecer ante el Congreso del Estado al Gobernador del Estado y a otros funcionarios para que rindieran cuentas de estos hechos?
¿Se investigaran sólo las causas que provocaron el incendio o también se indagan los actos de corrupción que consintieron esta situación de riesgo?
¿El Presidente de la República vino a supervisar el esclarecimiento de los hechos o a planear con el Gobernador del Estado la estrategia de control de daños que dejó esta negligencia y corrupción de los tres niveles de gobierno?
Han pasado 14 días, el tiempo corre y la justicia no llega: Una larga cadena de complicidades, ocultamiento y omisiones definen el procedimiento viciado desde el principio, mientras los socios en el redituable negocio que ya se ha demostrado era la guardería siniestrada, se han amparado en contra de cualquier acto de las autoridades.
Lo cierto es que la tragedia fue provocada por evidentes actos de corrupción y negligencia de parte de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, originados por la abdicación del Estado mexicano a sus obligaciones de atender y cuidar a la niñez.
Nunca antes como hoy las complicidades entre el sector público con grupos privilegiados del sector privado habían sido puestos en evidencia de manera tan contundente, mostrando descarnadamente cómo este tipo de relaciones corrompidas, que incluyen actos de nepotismo y tráfico de influencias, provocaron un daño directo irreparable a las familias afectadas y una creciente indignación social colectiva que no podrán acallar de ninguna manera.
La Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora número 161, que está vigente desde el año 2005, establece como su objetivo central: "Establecer normas, principios y políticas conforme a las cuales el estado y los municipios deben realizar las acciones de protección civil en sonora, con el fin de salvaguardar la integridad física de las personas, su patrimonio y el entorno, así como el funcionamiento de los servicios vitales y sistemas estratégicos, en los casos de riesgo, emergencias, siniestros y desastres".
Dicho ordenamiento determina también la creación del Consejo Estatal de Protección Civil, cuyo presidente es el gobernador del estado en turno y sus demás integrantes son el secretario de gobierno, los presidentes municipales, el procurador de justicia estatal y los demás titulares de dependencias afines con la seguridad.
Ellos son responsables por lo acontecido el pasado 5 de junio, como también lo son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y los socios propietarios de la Guardería ABC, favorecidos por sus privilegios, sus relaciones políticas y de parentesco.
Mientras tanto, la sociedad se sigue preguntando legítimamente:
¿Quién reparará el daño moral a los deudos de las víctimas?
¿Por qué se sigue negando el evidente tráfico de influencias?
¿Se hicieron las supervisiones necesarias por parte de las autoridades correspondientes desde antes de su apertura hasta antes de tan lamentable tragedia?
¿Si se hicieron por qué no se llevaron a cabo los ajustes necesarios para prevenir un siniestro como este?
¿Quién autorizó su funcionamiento?
¿Por que utilizaron en los techos materiales inflamables o que producían gases y humos tóxicos cuando esto lo prohíbe dichas normas?
¿Quién no supervisó esto y quien omitió prevenirlo?
¿Por qué los diputados se opusieron a que se hiciera comparecer ante el Congreso del Estado al Gobernador del Estado y a otros funcionarios para que rindieran cuentas de estos hechos?
¿Se investigaran sólo las causas que provocaron el incendio o también se indagan los actos de corrupción que consintieron esta situación de riesgo?
¿El Presidente de la República vino a supervisar el esclarecimiento de los hechos o a planear con el Gobernador del Estado la estrategia de control de daños que dejó esta negligencia y corrupción de los tres niveles de gobierno?
* Vocera del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio y Titular de la Comisión de Derechos Humanos y Universitarios de la Universidad de Sonora.
3 comentarios:
me parece que toda sociedad sonorense debemos unirnos para exigir que se haga justicia y unirse con SONORA CIUDADANA,A.C. Yotras organizaciones para demostrarle aL GOBERNADOR QUE EL NO ES UN REY que pasara sobre las leyes y y se castigue a los dueños de la guarderia y hasta al gobernador por trafico de influencias e ineptitud para hacer valer el estado de derecho.
realmente esto que paso en Hermosillo es algo criminal ante los ojos del mundo, pero es mas indignante que no se haga justiciay que los dueños de la guarderia y el propio gobernador por complice de esta matanza de niños dormidos,no se les lleve a un tribunal aun cuando sea a traves de tribunales internacionales
He leeido sobre las consecuencias de las guerras con quimicos y la
ve rdad los niños de la guarderia ABC murieron de manera similar,se les caia la piel de su pequeño cuerpo,se ahogaron con un gas toxico y se les quemo el tracto respiratorio y el tracto digestivo,cuando les caia el quimico del techo en el pequeño
cuerpo de los bebes les perforaba su fragil piel y les llegaba hasta el hueso,estos niños sufrieron tanto y los responsab les de este infanticidio estan libres,esto es indignante.si alguien protege a los culpables es es complice y elgobernador los ha protegido.
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