José Luis ReynaMilenio/22 de junio de 2009
La alternancia política que tuvo lugar hace nueve años no ha sido capaz de generar una nueva legitimidad política. La mejor prueba al respecto es el enorme descontento ciudadano ante las próximas elecciones federales. Hay un hartazgo de la ciudadanía en relación con la clase política que nos “gobierna” y los partidos políticos que nos “representan”. La convocatoria para anular el voto, abstenerse o sufragar por “Esperanza Marchita” cada día tiene más adeptos. La ineptitud de nuestros gobernantes contribuye, de manera significativa, a la conformación de diversos movimientos ciudadanos, inéditos todos, que tienen como objetivo protestar en contra de la ineficiencia y la negligencia de nuestras autoridades. Puede argumentarse que el problema yace en una precaria legitimidad política.
Hay una desilusión generalizada entre la ciudadanía. Hay un desencanto con nuestra democracia burocrática que no sólo es impresionantemente costosa sino también abrumadoramente ineficiente. Vivimos, como sociedad, una coyuntura difícil. No se vislumbran, empero, iniciativas gubernamentales para solucionar los problemas que se desprendan de esta situación adversa. En este contexto, adquiere un sentido muy profundo la propuesta que insta a los candidatos a los puestos de representación popular a que certifiquen, ante un notario público, cuáles serían sus acciones e iniciativas para combatir la enorme inseguridad que nos rodea. La sociedad está harta de promesas que, por regla general, nunca desembocan en resultados. El incumplimiento como principio. El mensaje es claro: la sociedad llegó a un límite y exige, con razones de sobra, resultados que empiecen a resolver la infinidad de problemas que nos afectan. Se ha gestado una llamada de atención que sería deseable que produjera correctivos en el ejercicio de gobernar. Protestar puede desembocar en un debate que identifique errores y encuentre, aunque parciales, algunas soluciones.
Estos movimientos ciudadanos sugieren que hay una crisis de credibilidad respecto de quienes nos gobiernan. No hay confianza ciudadana ante la autoridad. Esta padece un déficit de legitimidad. Hay, por tanto, reacciones sociales ante la parálisis y negligencia gubernamental. Estamos ante la presencia de movimientos ciudadanos espontáneos que, sin violentar el orden, señalan que hay una enorme fragilidad institucional en nuestra vida política. Que la legitimidad política está en entredicho. Se ha encontrado una nueva forma de canalizar la protesta: las urnas. No hacer efectivo el voto, en su sentido estricto, es una medida que indicaría el tamaño del malestar.
La alternancia de hace casi una década no implicó un proceso terso de transición democrática. No hemos podido dar el salto del monopolio político a la pluralidad de posturas ideológicas. Esto explica lo difícil que se ha hecho la negociación y explica también por qué hay grandes problemas para alcanzar acuerdos fundamentales entre los diversos actores políticos.
Haber superado los 71 años de priismo sugería que lo peor había pasado. Que nuestra larga noche autoritaria había tocado fondo y, con la alternancia, se esperaba un rebote que catapultara al sistema a niveles superiores de desarrollo político. Sin embargo, la realidad nos demuestra lo contrario. Como sociedad no avanzamos. La desigualdad se profundiza. La clase política sigue, de manera desparpajada, haciendo uso discrecional de los recursos públicos. En una palabra, el cambio prometido se convirtió en la continuidad de regímenes cuya única diferencia es el color: de tricolor a azul.
Ante la falta de autoridad, la reacción social; el reclamo ciudadano. Ante la legitimidad escasa, la búsqueda de senderos alternativos para la expresión social. En el fondo de este problema es que a partir de la alternancia no se crearon las instituciones correspondientes al “nuevo” momento histórico y la inercia y la negligencia obligaron a seguir dependiendo de las viejas instituciones: las del antiguo régimen. No se puede encontrar mejor ejemplo que el del SNTE, cuya dirigencia posee un partido político, fuentes cuantiosas de ingreso que se usan de manera discrecional y, para colmo, disponen de las instituciones de beneficencia social como la Lotería Nacional. La misma forma de hacer política de antes. “Yo te ayudo, yo te pago”.
Las próximas elecciones no servirán tan sólo para elegir un nuevo Congreso. Serán un indicador de la crisis de legitimidad que padecemos. Acudir a las urnas adquiere una nueva modalidad: se protesta y no necesariamente se elige a un determinado aspirante a convertirse en representante popular. Hay que aceptar que estamos, además, ante una crisis de representatividad. Los partidos no sólo son mal vistos sino que están divorciados de la ciudadanía. Sería deseable que la convocatoria “anulacionista” proponga una agenda que se integre en la plataforma de los partidos, en el diseño de políticas públicas y en un fortalecimiento de la legitimidad política.
Hay una desilusión generalizada entre la ciudadanía. Hay un desencanto con nuestra democracia burocrática que no sólo es impresionantemente costosa sino también abrumadoramente ineficiente. Vivimos, como sociedad, una coyuntura difícil. No se vislumbran, empero, iniciativas gubernamentales para solucionar los problemas que se desprendan de esta situación adversa. En este contexto, adquiere un sentido muy profundo la propuesta que insta a los candidatos a los puestos de representación popular a que certifiquen, ante un notario público, cuáles serían sus acciones e iniciativas para combatir la enorme inseguridad que nos rodea. La sociedad está harta de promesas que, por regla general, nunca desembocan en resultados. El incumplimiento como principio. El mensaje es claro: la sociedad llegó a un límite y exige, con razones de sobra, resultados que empiecen a resolver la infinidad de problemas que nos afectan. Se ha gestado una llamada de atención que sería deseable que produjera correctivos en el ejercicio de gobernar. Protestar puede desembocar en un debate que identifique errores y encuentre, aunque parciales, algunas soluciones.
Estos movimientos ciudadanos sugieren que hay una crisis de credibilidad respecto de quienes nos gobiernan. No hay confianza ciudadana ante la autoridad. Esta padece un déficit de legitimidad. Hay, por tanto, reacciones sociales ante la parálisis y negligencia gubernamental. Estamos ante la presencia de movimientos ciudadanos espontáneos que, sin violentar el orden, señalan que hay una enorme fragilidad institucional en nuestra vida política. Que la legitimidad política está en entredicho. Se ha encontrado una nueva forma de canalizar la protesta: las urnas. No hacer efectivo el voto, en su sentido estricto, es una medida que indicaría el tamaño del malestar.
La alternancia de hace casi una década no implicó un proceso terso de transición democrática. No hemos podido dar el salto del monopolio político a la pluralidad de posturas ideológicas. Esto explica lo difícil que se ha hecho la negociación y explica también por qué hay grandes problemas para alcanzar acuerdos fundamentales entre los diversos actores políticos.
Haber superado los 71 años de priismo sugería que lo peor había pasado. Que nuestra larga noche autoritaria había tocado fondo y, con la alternancia, se esperaba un rebote que catapultara al sistema a niveles superiores de desarrollo político. Sin embargo, la realidad nos demuestra lo contrario. Como sociedad no avanzamos. La desigualdad se profundiza. La clase política sigue, de manera desparpajada, haciendo uso discrecional de los recursos públicos. En una palabra, el cambio prometido se convirtió en la continuidad de regímenes cuya única diferencia es el color: de tricolor a azul.
Ante la falta de autoridad, la reacción social; el reclamo ciudadano. Ante la legitimidad escasa, la búsqueda de senderos alternativos para la expresión social. En el fondo de este problema es que a partir de la alternancia no se crearon las instituciones correspondientes al “nuevo” momento histórico y la inercia y la negligencia obligaron a seguir dependiendo de las viejas instituciones: las del antiguo régimen. No se puede encontrar mejor ejemplo que el del SNTE, cuya dirigencia posee un partido político, fuentes cuantiosas de ingreso que se usan de manera discrecional y, para colmo, disponen de las instituciones de beneficencia social como la Lotería Nacional. La misma forma de hacer política de antes. “Yo te ayudo, yo te pago”.
Las próximas elecciones no servirán tan sólo para elegir un nuevo Congreso. Serán un indicador de la crisis de legitimidad que padecemos. Acudir a las urnas adquiere una nueva modalidad: se protesta y no necesariamente se elige a un determinado aspirante a convertirse en representante popular. Hay que aceptar que estamos, además, ante una crisis de representatividad. Los partidos no sólo son mal vistos sino que están divorciados de la ciudadanía. Sería deseable que la convocatoria “anulacionista” proponga una agenda que se integre en la plataforma de los partidos, en el diseño de políticas públicas y en un fortalecimiento de la legitimidad política.
jreyna@colmex.mx
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