EditorialEl Universal/10 de junio de 2009
Con un cargo oficial y relaciones de alto nivel todo es posible en México, desde fabricar culpables para tapar un crimen hasta hacer negocio a costa de la seguridad de niños ajenos. A donde volteemos, los grandes problemas de este país tienen beneficiarios, siempre pertenecientes —o cómplices— al poder político.
Vea si no la portada impresa del periódico de hoy. El gobierno federal pagará mil 500 millones de pesos a un grupo de ejidatarios cuyas tierras fueron expropiadas para construir un puerto industrial en Tamaulipas. Dicen los magistrados que no se “justificó” la utilidad pública del puerto. Como si no fuera obvio que 2 mil 500 millones de dólares en la zona, con su consecuente creación de empleos, es de interés público. Para entender el fallo hay que saber que los litigantes fueron el primer procurador panista, Antonio Lozano Gracia, y el controvertido líder, también panista, Diego Fernández de Cevallos.
Revise ahora la nota sobre el juicio de amparo que busca liberar a decenas de detenidos por el caso Acteal. Hace 12 años el gobierno de Zedillo, urgido de resultados tras la matanza de 45 indígenas, construyó un proceso penal lleno de pruebas fabricadas que junto con algunos culpables llevó a la cárcel a 60 presuntos inocentes. En manos de la Suprema Corte está el asunto que, hoy sabemos, fue pospuesto hasta después de las elecciones, no vaya a ser que la decisión de los ministros afecte la campaña de algún partido.
La muerte de 44 niños en Sonora suma otro ejemplo. Destapó la inseguridad de las estancias infantiles y la sospecha de tráfico de influencias en las guarderías subrogadas por el IMSS —también promovidas por la Sedesol— y, curiosamente, una de las más importantes políticas sociales del Presidente.
Como estas tragedias, muchas otras se deben a nuestra clase gobernante, aferrada a beneficiarse a costa del interés público. América Latina acumula suficientes desplomes de sus clases políticas como para que la nuestra no considere poner sus barbas a remojar.
Vea si no la portada impresa del periódico de hoy. El gobierno federal pagará mil 500 millones de pesos a un grupo de ejidatarios cuyas tierras fueron expropiadas para construir un puerto industrial en Tamaulipas. Dicen los magistrados que no se “justificó” la utilidad pública del puerto. Como si no fuera obvio que 2 mil 500 millones de dólares en la zona, con su consecuente creación de empleos, es de interés público. Para entender el fallo hay que saber que los litigantes fueron el primer procurador panista, Antonio Lozano Gracia, y el controvertido líder, también panista, Diego Fernández de Cevallos.
Revise ahora la nota sobre el juicio de amparo que busca liberar a decenas de detenidos por el caso Acteal. Hace 12 años el gobierno de Zedillo, urgido de resultados tras la matanza de 45 indígenas, construyó un proceso penal lleno de pruebas fabricadas que junto con algunos culpables llevó a la cárcel a 60 presuntos inocentes. En manos de la Suprema Corte está el asunto que, hoy sabemos, fue pospuesto hasta después de las elecciones, no vaya a ser que la decisión de los ministros afecte la campaña de algún partido.
La muerte de 44 niños en Sonora suma otro ejemplo. Destapó la inseguridad de las estancias infantiles y la sospecha de tráfico de influencias en las guarderías subrogadas por el IMSS —también promovidas por la Sedesol— y, curiosamente, una de las más importantes políticas sociales del Presidente.
Como estas tragedias, muchas otras se deben a nuestra clase gobernante, aferrada a beneficiarse a costa del interés público. América Latina acumula suficientes desplomes de sus clases políticas como para que la nuestra no considere poner sus barbas a remojar.
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