ABC: efectos políticos

Leopoldo Santos Ramírez

Dossier Político/16 de junio de 2009

Además de cambiarles la vida en forma radical a las familias directas de los niños muertos, la tragedia de la guardería está dejando ver consecuencias políticas en las que muy pocos quieren reparar. Esas consecuencias son inmediatas en el caso de las elecciones en puerta para elegir al próximo gobernador y los demás puestos, y otras van a tener efecto de más largo plazo en la vida social del Estado y puede decirse que en todo México.
El primer efecto visible consiste en que modificó el ritmo frenético que le habían impreso a sus campañas el PRI y el PAN. Será difícil que en el resto del plazo para el 6 de julio los candidatos vuelvan a desplegar la ostentación y el derroche con el que movían a sus huestes para realizar concentraciones y recorridos, a menos que corran el riesgo de parecer irrespetuosos ante el duelo y la tristeza que generó la tragedia. Otro efecto inmediato consiste en que va a provocar un mayor abstencionismo o anulación de los votos, sobre todo en la ciudad de Hermosillo. De esta manera será difícil predecir la tendencia del voto en Sonora, pues a través de acciones u omisiones de sus gobiernos, los dos partidos mayoritarios quedaron implicados con algún grado de responsabilidad en la tragedia. Una consecuencia directa de esto es que las votaciones se caracterizarán por una lucha entre aparatos de partidos en los que serán estratégicos los operadores y el voto duro, incrementándose la intervención de instituciones federales y estatales en las elecciones, algo que desde hace tiempo se perfilaba claramente. Esto también traerá un costo elevado, pues cualquiera de los candidatos que ocupe un puesto, habrá llegado revestido de cierta ilegitimidad y con un consenso deteriorado por las batallas jurídicas que habrán de tener lugar en los tribunales, así como por el hecho de que estas elecciones se llevarán a cabo en un ambiente general de pena y aflicción.

Políticamente la repercusión más grave está en el rechazo a la política y a los políticos para afrontar las situaciones difíciles que estamos confrontando como Estado. Hay una desligitimación acelerada de la clase política sonorense, pero también de la política, y esto puede perturbar seriamente el período posterior a las elecciones que debería desembocar en la transmisión ordenada de los poderes de la gubernatura. Esto se vio claramente en las dos manifestaciones de protesta de los padres de familia; la gente no quiere saber nada de los partidos ni escuchar siquiera a quienes se identifiquen como partidarios de cualquier sigla. Es decir, las condiciones están dadas para una confrontación poselectoral pero que en esta ocasión se adicionará a los problemas de la guardería que nos acompañarán por un buen tiempo.
Uno de esos problemas tiene que ver con la necesidad de deslindar responsabilidades en los acontecimientos, cuestión que hasta ahora se mantiene en suspenso, y que a la vez provoca un gran descontento en la población. El otro problema resulta más espinoso, pues se trata de descartar la idea del sabotaje que desde el primer momento ha estado presente en una buena parte de la sociedad sonorense. Desde un principio, ésta es una idea que prácticamente desecharon las investigaciones. Sin embargo, por la naturaleza de los acontecimientos y el contexto político presente es importante retomar el descarte con otro protocolo. Es decir, por el contexto, sería preferible que una comisión externa sin ligas con los grupos políticos sonorenses se abocara y tomara la investigación en sus manos. En este caso la clase política sonorense debería ser, pese a su desprestigio, la más interesada en impulsar una investigación con un nuevo protocolo, antes que la presión de la opinión pública la obligue a ello. Resulta de lo más importante para todos, pues está en juego la tranquilidad de los años venideros.