Humberto MusacchioExcélsior/11 de junio de 2009
Se dice en el gremio que quien quiera conocer la verdad se dedique a la filosofía, porque el periodismo, a lo sumo, lo que puede ofrecer son hechos. Sin embargo, de la forma de mostrar los hechos se desprende una posición ante la vida, una concepción de la sociedad y una manera de cumplir con nuestro deber ante los lectores. En suma, una ética.
Si alguien escribe que en Hermosillo, Sonora, murieron más de 40 niños al incendiarse una guardería, no falta a la verdad. Tampoco si dice que el incendio comenzó en una bodega contigua y que de acuerdo con las primeras informaciones el siniestro se produjo por un cortocircuito. Después, el reportero puede describir los gritos de las madres, el llanto de los infantes rescatados y el heroísmo de los vecinos, y tampoco faltará a la verdad.
Pero si la información no dice que el techo de la guardería era de un material altamente inflamable, que el lugar carecía de extinguidores y salidas de emergencia, que el personal no estaba capacitado para actuar ante una contingencia como la narrada y que una de las dueñas del negocio era pariente de la esposa del Presidente de la República, tampoco miente, pero nos escamotea hechos que debemos conocer. Y eso es una falta de ética.
Si en los días sucesivos los informadores omiten decir que se trataba de una guardería que recibía subsidio del Instituto Mexicano del Seguro Social, que el gasto en las guarderías subrogadas o subsidiadas representa menos de la mitad del costo por niño atendido en las estancias del propio Instituto y que bajo los gobiernos panistas se ha venido reduciendo el subsidio, entonces se nos niega información que la sociedad necesita conocer, y eso es una falta de ética.
Si no se nos dice que el Seguro Social tiene más de diez años de no construir una sola guardería, pese a que una de sus obligaciones es ofrecer ese servicio; si no se da espacio a una declaración del Sindicato del IMSS según la cual son “inseguras” la mayoría de las guarderías subrogadas, si se omite que durante la administración de Juan Molinar Horcasitas, mientras se regateaban recursos a las guarderías hubo adquisiciones de material médico defectuoso por más de mil millones de pesos, estamos ofreciéndole al lector versiones a medias de los hechos y ocultando datos sustanciales para entender el porqué de lo ocurrido. Y eso no es ético.
Faltamos a la ética si no mostramos que la negativa a construir guarderías y que la tendencia a la subrogación y reducción de los subsidios obedecen a una política general basada en el desprecio por los seres humanos, como lo muestra descarnadamente el caso de los centenares de escuelas primarias y secundarias donde no hay excusados ni agua corriente, y no estamos hablando de la sierra mixe ni de los Altos de Topia, sino del Valle de México, donde se supone que los bienes de la civilización están al alcance de todos.
No actuamos éticamente si al referir la política de abandono de las guarderías y el disimulo del Seguro Social ante las condiciones infrahumanas de esos establecimientos no mencionamos que esa tacañería estatal no se manifiesta, por ejemplo, frente a los banqueros, a los que el Estado mexicano salvó con nuestros impuestos mediante el Fobaproa, del cual se deben todavía más de 750 mil millones de pesos que estamos pagando y pagarán nuestro hijos y nietos.
Soslayamos nuestros deberes éticos cuando no situamos en sus justos términos la actuación gubernamental. No hay dinero para más guarderías, pero el gobierno federal no ejerció 120 mil millones de pesos que transfirió indebidamente a fideicomisos y otros fondos para convertir dinero público en dinero privado y dejarlo expuesto a toda clase de corruptelas.
En un México donde todo se quiere convertir en negocio de particulares, en unos casos se otorgan concesiones o se subrogan los servicios, como ya lo quieren hacer con las cárceles; en otros, las instituciones y sus funcionarios siguen ahí, pero al servicio del capital privado; en algunos más, se deja vivir a las instituciones, pero sin facultades, inofensivas, inútiles, como ocurre con la Profeco; o se las esteriliza, como a las múltiples corporaciones policiacas al servicio del narcotráfico. Y si ya la impartición de justicia está al servicio del mejor postor, si ya es un negocio tan floreciente, lo que procede es ponerla en manos de particulares, privatizarla. Y ellos harán eso y nosotros, los periodistas, si queremos actuar éticamente, tendremos que insistir en que por ese camino México va al despeñadero.
No mostrar hechos que hablan por sí mismos, no ofrecer la película completa de los desastres y del gran desastre en que estamos, es fallarle a la sociedad. Y no por falta de un código de ética, sino más bien por falta de valor, de responsabilidad, de decisión, de progenitora quizá.
Parte del texto leído en la presentación del libro Códigos de ética periodística en México, de Omar Raúl Martínez (Ed. UAP, Bosque de Letras, Fundación para la Libertad de Expresión, México, 2009).
hum_mus@hotmail.com
Si alguien escribe que en Hermosillo, Sonora, murieron más de 40 niños al incendiarse una guardería, no falta a la verdad. Tampoco si dice que el incendio comenzó en una bodega contigua y que de acuerdo con las primeras informaciones el siniestro se produjo por un cortocircuito. Después, el reportero puede describir los gritos de las madres, el llanto de los infantes rescatados y el heroísmo de los vecinos, y tampoco faltará a la verdad.
Pero si la información no dice que el techo de la guardería era de un material altamente inflamable, que el lugar carecía de extinguidores y salidas de emergencia, que el personal no estaba capacitado para actuar ante una contingencia como la narrada y que una de las dueñas del negocio era pariente de la esposa del Presidente de la República, tampoco miente, pero nos escamotea hechos que debemos conocer. Y eso es una falta de ética.
Si en los días sucesivos los informadores omiten decir que se trataba de una guardería que recibía subsidio del Instituto Mexicano del Seguro Social, que el gasto en las guarderías subrogadas o subsidiadas representa menos de la mitad del costo por niño atendido en las estancias del propio Instituto y que bajo los gobiernos panistas se ha venido reduciendo el subsidio, entonces se nos niega información que la sociedad necesita conocer, y eso es una falta de ética.
Si no se nos dice que el Seguro Social tiene más de diez años de no construir una sola guardería, pese a que una de sus obligaciones es ofrecer ese servicio; si no se da espacio a una declaración del Sindicato del IMSS según la cual son “inseguras” la mayoría de las guarderías subrogadas, si se omite que durante la administración de Juan Molinar Horcasitas, mientras se regateaban recursos a las guarderías hubo adquisiciones de material médico defectuoso por más de mil millones de pesos, estamos ofreciéndole al lector versiones a medias de los hechos y ocultando datos sustanciales para entender el porqué de lo ocurrido. Y eso no es ético.
Faltamos a la ética si no mostramos que la negativa a construir guarderías y que la tendencia a la subrogación y reducción de los subsidios obedecen a una política general basada en el desprecio por los seres humanos, como lo muestra descarnadamente el caso de los centenares de escuelas primarias y secundarias donde no hay excusados ni agua corriente, y no estamos hablando de la sierra mixe ni de los Altos de Topia, sino del Valle de México, donde se supone que los bienes de la civilización están al alcance de todos.
No actuamos éticamente si al referir la política de abandono de las guarderías y el disimulo del Seguro Social ante las condiciones infrahumanas de esos establecimientos no mencionamos que esa tacañería estatal no se manifiesta, por ejemplo, frente a los banqueros, a los que el Estado mexicano salvó con nuestros impuestos mediante el Fobaproa, del cual se deben todavía más de 750 mil millones de pesos que estamos pagando y pagarán nuestro hijos y nietos.
Soslayamos nuestros deberes éticos cuando no situamos en sus justos términos la actuación gubernamental. No hay dinero para más guarderías, pero el gobierno federal no ejerció 120 mil millones de pesos que transfirió indebidamente a fideicomisos y otros fondos para convertir dinero público en dinero privado y dejarlo expuesto a toda clase de corruptelas.
En un México donde todo se quiere convertir en negocio de particulares, en unos casos se otorgan concesiones o se subrogan los servicios, como ya lo quieren hacer con las cárceles; en otros, las instituciones y sus funcionarios siguen ahí, pero al servicio del capital privado; en algunos más, se deja vivir a las instituciones, pero sin facultades, inofensivas, inútiles, como ocurre con la Profeco; o se las esteriliza, como a las múltiples corporaciones policiacas al servicio del narcotráfico. Y si ya la impartición de justicia está al servicio del mejor postor, si ya es un negocio tan floreciente, lo que procede es ponerla en manos de particulares, privatizarla. Y ellos harán eso y nosotros, los periodistas, si queremos actuar éticamente, tendremos que insistir en que por ese camino México va al despeñadero.
No mostrar hechos que hablan por sí mismos, no ofrecer la película completa de los desastres y del gran desastre en que estamos, es fallarle a la sociedad. Y no por falta de un código de ética, sino más bien por falta de valor, de responsabilidad, de decisión, de progenitora quizá.
Parte del texto leído en la presentación del libro Códigos de ética periodística en México, de Omar Raúl Martínez (Ed. UAP, Bosque de Letras, Fundación para la Libertad de Expresión, México, 2009).
hum_mus@hotmail.com
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