Humberto MusacchioExcélsior/4 de junio de 2009
Las redadas emprendidas por las autoridades federales en algunas entidades tienen un evidente interés electoral. El desprecio manifestado por las autoridades de esos estados, lo mismo que la forma prepotente e intimidatoria con que procedieron los cuerpos de seguridad, son evidencia clara de que se quiere mostrar a la opinión pública la decisión presidencial de combatir al crimen y, de paso, sugerir que hay autoridades locales coludidas con la delincuencia.
Pese a las encuestas que le dan al gobierno panista porcentajes de popularidad de 70 por ciento y más, lo único cierto para el ciudadano de a pie es la desocupación masiva, la inseguridad y la insolvencia federal para realizar un gasto generador de plazas de trabajo, pese a que en este año tres veces se han anunciado grandes planes de empleo y altos montos de inversión que no acaban de concretarse por la ausencia de proyectos ejecutivos y la ineptitud del gobierno federal.
En la inminencia de las elecciones intermedias, es obvio que no hay quien dé paso sin huarache. Todos los movimientos políticos, toda la actividad de los funcionarios de cualquier nivel y partido se realizan en función de los resultados del 5 de julio. En esa tesitura, cuando las autoridades de la República se saben rebasadas por la crisis económica y la creciente inseguridad, han optado por dar golpes efectistas, en la idea de que así se ganan los votos.
Pero la doble jugada se percibe sin dificultad. Mientras que a Guanajuato, el cuarto estado con más denuncias por delitos del fuero federal, no lo tocan el Ejército o los cuerpos policiacos, o que al gobernador de Morelos, panista él, lo tratan con toda consideración pese al desgarriate en que vive esa entidad y los nexos de sus funcionarios con el crimen organizado, en Veracruz o en Nuevo León, estados del PRI, elementos militares proceden sin miramientos contra mandos policiacos y otros funcionarios a los que consideran ligados al narcotráfico.
Lo más escandaloso, tanto por la magnitud de la operación policiaco-militar como por el nulo respeto hacia la autoridad del estado, se vivió en Michoacán, pese a que Leonel Godoy ha enviado a Calderón repetidas señales de avenimiento. En Morelia, la tropa penetró en el Palacio de Gobierno, sometió a los policías estatales que resguardaban el recinto y procedió a realizar aprehensiones, y todo ocurrió sin que la autoridad federal diera parte a la estatal, la que se enfrentó a hechos consumados.
De la ligereza con que procedieron las autoridades federales habla elocuentemente un hecho: ni uno solo de los detenidos ha sido consignado dentro del plazo de 72 horas que establece la ley y las decenas de arrestados —o en realidad secuestrados— se hallan inconstitucionalmente en arraigo, en espera de su consignación o su libertad, la que puede decidirse después de las elecciones, lo que de ninguna manera parece casual, pues los consignados, si los hay, justificarán la actuación atrabiliaria y los liberados para entonces, debidamente amedrentados por la experiencia semicarcelaria, no querrán saber más de líos judiciales. En términos de política práctica, es un negocio redondo para el gobierno calderonista, o eso cree.
Por supuesto, no pasa inadvertida la indiferencia del gobierno federal en estados que malgobiernan los panistas, como Baja California, donde la delincuencia ha hecho de Tijuana su cuartel general y la sede de sus empresas exportadoras de enervantes. Peor está el caso de Jalisco, entidad que padece las parrandas y las crudas de quien debería gobernarla, pues es la que cuenta con más denuncias por delitos federales, más incluso que el Distrito Federal, que tiene más del doble de habitantes.
Así pues, se obra con disimulo en el caso de los estados donde los panistas detentan el poder, pero se actúa aparatosamente si se trata de entidades gobernadas por el PRI y el PRD. Se procede de tal manera en busca de votos, pero en el camino se lesiona, tal vez en forma irreversible, el Pacto Federal, que en espíritu obliga a actuar en forma consensuada, respetuosa de los ámbitos de competencia de cada quien.
De seguir las cosas como van, con la Policía Federal Preventiva rebautizada e investida por el Congreso de atribuciones para perseguir e investigar delitos, secuestrar o arraigar hasta por 40 días e intervenir teléfonos —lo que siempre se ha hecho, pero ahora legalmente—, la sociedad mexicana no gana protección frente al crimen, sino que ahora enfrentará sin defensa alguna la agresión de los delincuentes y de los cuerpos policiacos o los militares.
Las facultades que otorgó el Congreso a la Policía Federal son una muestra contundente de la irresponsabilidad de quienes se dicen “representantes populares”, hato de irresponsables que sólo ven por sus ingresos y su bienestar. Su actuación, tanto como el desprecio de Los Pinos por los gobernadores y el Pacto Federal, constiutuye una invitación a dar la espalda a los políticos profesionales y a que los ciudadanos anulen su voto en las próximas elecciones. Luego, que no se quejen.
hum_mus@hotmail.com
Pese a las encuestas que le dan al gobierno panista porcentajes de popularidad de 70 por ciento y más, lo único cierto para el ciudadano de a pie es la desocupación masiva, la inseguridad y la insolvencia federal para realizar un gasto generador de plazas de trabajo, pese a que en este año tres veces se han anunciado grandes planes de empleo y altos montos de inversión que no acaban de concretarse por la ausencia de proyectos ejecutivos y la ineptitud del gobierno federal.
En la inminencia de las elecciones intermedias, es obvio que no hay quien dé paso sin huarache. Todos los movimientos políticos, toda la actividad de los funcionarios de cualquier nivel y partido se realizan en función de los resultados del 5 de julio. En esa tesitura, cuando las autoridades de la República se saben rebasadas por la crisis económica y la creciente inseguridad, han optado por dar golpes efectistas, en la idea de que así se ganan los votos.
Pero la doble jugada se percibe sin dificultad. Mientras que a Guanajuato, el cuarto estado con más denuncias por delitos del fuero federal, no lo tocan el Ejército o los cuerpos policiacos, o que al gobernador de Morelos, panista él, lo tratan con toda consideración pese al desgarriate en que vive esa entidad y los nexos de sus funcionarios con el crimen organizado, en Veracruz o en Nuevo León, estados del PRI, elementos militares proceden sin miramientos contra mandos policiacos y otros funcionarios a los que consideran ligados al narcotráfico.
Lo más escandaloso, tanto por la magnitud de la operación policiaco-militar como por el nulo respeto hacia la autoridad del estado, se vivió en Michoacán, pese a que Leonel Godoy ha enviado a Calderón repetidas señales de avenimiento. En Morelia, la tropa penetró en el Palacio de Gobierno, sometió a los policías estatales que resguardaban el recinto y procedió a realizar aprehensiones, y todo ocurrió sin que la autoridad federal diera parte a la estatal, la que se enfrentó a hechos consumados.
De la ligereza con que procedieron las autoridades federales habla elocuentemente un hecho: ni uno solo de los detenidos ha sido consignado dentro del plazo de 72 horas que establece la ley y las decenas de arrestados —o en realidad secuestrados— se hallan inconstitucionalmente en arraigo, en espera de su consignación o su libertad, la que puede decidirse después de las elecciones, lo que de ninguna manera parece casual, pues los consignados, si los hay, justificarán la actuación atrabiliaria y los liberados para entonces, debidamente amedrentados por la experiencia semicarcelaria, no querrán saber más de líos judiciales. En términos de política práctica, es un negocio redondo para el gobierno calderonista, o eso cree.
Por supuesto, no pasa inadvertida la indiferencia del gobierno federal en estados que malgobiernan los panistas, como Baja California, donde la delincuencia ha hecho de Tijuana su cuartel general y la sede de sus empresas exportadoras de enervantes. Peor está el caso de Jalisco, entidad que padece las parrandas y las crudas de quien debería gobernarla, pues es la que cuenta con más denuncias por delitos federales, más incluso que el Distrito Federal, que tiene más del doble de habitantes.
Así pues, se obra con disimulo en el caso de los estados donde los panistas detentan el poder, pero se actúa aparatosamente si se trata de entidades gobernadas por el PRI y el PRD. Se procede de tal manera en busca de votos, pero en el camino se lesiona, tal vez en forma irreversible, el Pacto Federal, que en espíritu obliga a actuar en forma consensuada, respetuosa de los ámbitos de competencia de cada quien.
De seguir las cosas como van, con la Policía Federal Preventiva rebautizada e investida por el Congreso de atribuciones para perseguir e investigar delitos, secuestrar o arraigar hasta por 40 días e intervenir teléfonos —lo que siempre se ha hecho, pero ahora legalmente—, la sociedad mexicana no gana protección frente al crimen, sino que ahora enfrentará sin defensa alguna la agresión de los delincuentes y de los cuerpos policiacos o los militares.
Las facultades que otorgó el Congreso a la Policía Federal son una muestra contundente de la irresponsabilidad de quienes se dicen “representantes populares”, hato de irresponsables que sólo ven por sus ingresos y su bienestar. Su actuación, tanto como el desprecio de Los Pinos por los gobernadores y el Pacto Federal, constiutuye una invitación a dar la espalda a los políticos profesionales y a que los ciudadanos anulen su voto en las próximas elecciones. Luego, que no se quejen.
hum_mus@hotmail.com
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