Subrogar el derecho a la protesta social

Amílcar Peñúñuri Soto

El Imparcial/15 de junio de 2009

Después de los terribles acontecimientos en la guardería ABC, desde diferentes espacios noticiosos, desplegados, declaraciones de la clase política y organismos empresariales, ha surgido una preocupación “engañosamente válida” que exhorta a los diferentes actores sociales a no politizar la tragedia.

Decimos que la propuesta es “engañosa”, porque el politizar algún aspecto de la vida pública, no tiene nada de ruin, ni condenable, aunque se trate de un tema por demás delicado, y profundamente doloroso como el que nos ocupa. Otra cosa muy diferente y absolutamente reprochable es el lucrar políticamente, o intentar partidizar el sentimiento, el duelo, o el incuestionable deseo colectivo de justicia.

Es decir, es necesario redimensionar el sentido de la política y “politizar la vida cotidiana” o los aspectos que tengan que ver con “la cosa pública” o la histórica preocupación léxico conceptual por la conducción que hace la elite en el poder de los bienes comunitarios como la educación, la seguridad social o el aparato de justicia.

Es decir, en estas condiciones, el llamado a superar agravios opera siempre a favor de quienes quieren despojar a la colectividad de su ente crítico, pensante, de quienes desean en nombre de lo “políticamente correcto” privatizar o al menos parcelar el juicio ciudadano y de ser posible, asumir posiciones chantajistas para intentar “subrogar el derecho a la protesta social”.

Sin duda, el manejo que han hecho algunos medios para desvirtuar las grandes manifestaciones ciudadanas del pasado 10 y 13 de junio, representan un ejemplo más de la errática y desesperada conducción de la actual crisis gubernamental. Los fallidos intentos por desalentar a la ciudadanía, para que no se ejerciera su legítimo derecho de participar, trataron de maniobrar en su fracasada estrategia, a favor de quienes con los buenos oficios de varias complicidades impronunciables, han sido, hasta ahora blindados ante cualquier acción de la justicia.

Lo cierto es que miles ya han dado su veredicto en las impresionantes demostraciones en las calles de la ciudad y no se van a conformar solamente con dictar una sentencia alterna.

Hace algunos años, comentaba junto con mis alumnos universitarios un texto del extraordinario filósofo español Fernando Savater, en el que concebía a la política como “el conjunto de razones para obedecer o rebelarse”. Difícil toparse con una definición tan sencilla y clara para explicar del porqué del malestar ciudadano encuentra su natural canalización en la política misma, en la credibilidad y valoración que la gente hace de los argumentos que formulan los tres niveles de gobierno en relación a los sucesos del 5 de junio y en la serie de contradicciones que deja entrever este caótico fin de sexenio estatal.