Emilio ZebadúaEl Universal/1 de junio de 2009
Hay un consenso por elevar la calidad de la educación; un consenso que comparte la amplia mayoría de los maestros en el país. Para todos es evidente que los cambios que se han registrado en las últimas dos o tres décadas en la economía (en el sentido amplio del término), tanto en México como en el mundo, exigen una reforma estructural de la educación. Y el concepto de calidad educativa engloba hoy los distintos, y a veces incluso contradictorios, objetivos que una reforma requiere.
La meta general de elevar la calidad educativa goza de una amplia base social; tan amplia que incluye incluso a actores confrontados en otros campos, políticos o sociales. La necesidad imprescindible de una mejora en la educación suma a unos con otros; o al menos debería hacerlo. Los alumnos desean una mejor educación y oportunidades de acceso al empleo; los padres de familia quieren mayor bienestar para sus hijos; los empresarios requieren una fuerza de trabajo capacitada para la competencia global; los gobiernos buscan niveles más altos de productividad y una población más educada, y, por supuesto, los maestros desean mejorar las condiciones individuales y colectivas en las que laboran.
Donde radica la diferencia es, en primer lugar, en el procedimiento político-administrativo que cada uno de los actores considera idóneo para llevar a cabo las reformas al sistema educativo. Y, más de fondo, existen también diferencias en la definición que cada uno le otorga al concepto de calidad educativa. Pero el punto de tensión se genera cuando, de una forma reduccionista, se quiere recargar la responsabilidad de estas diferencias en los maestros —en lo individual y como gremio.
Es evidente que en un proceso productivo intensivo en el factor trabajo, como lo ha sido históricamente el proceso educativo, las presiones (y las expectativas) se concentran desproporcionadamente sobre los maestros. Cualquier política pública que proponga transformar el proceso educativo tiene que incorporar el esfuerzo de los trabajadores de la educación. ¡Qué mejor que hacerlo con la colaboración voluntaria de los propios maestros, que es lo que está implícito justamente en la suscripción de la Alianza por la Calidad Educativa (ACE) por parte del SNTE!
A medida que los cambios tecnológicos han modificado la forma en que se genera y se difunde el conocimiento, es necesario adaptar también el método de aprendizaje que prevalece dentro del aula y la escuela. No es lo mismo educar a través del libro de texto, el pizarrón y el cuaderno, que hacerlo por medio de Enciclomedia, el internet y la computadora. Pero para actualizar a dicha realidad los programas pedagógicos, la formación de los maestros bajo nuevos paradigmas y la dotación a las escuelas de los materiales y recursos necesarios, se requiere que la sociedad asuma un enorme compromiso a favor de la reforma, un compromiso a la vez administrativo, económico y político. Al frente de dicho compromiso debe estar, por supuesto, el gobierno y, específicamente, la autoridad educativa, la SEP.
La paradoja es que, a pesar del consenso que existe en la sociedad a favor de la reforma educativa, se ha buscado descalificar —desde ambos extremos del espectro político— al magisterio organizado, que es, justamente, el sector social en el que tiene que recaer el principal esfuerzo de la reforma. Se les exige a los maestros que cuenten con una formación (y disposición) para la cual no fueron capacitados en el pasado por el propio Estado. Los nuevos resultados, metas y objetivos que se espera alcancen los maestros, requieren de una transformación amplia del entorno en el que laboran (de ahí el carácter integral de la ACE); no sólo de un cambio en su desempeño individual.
Existe voluntad de los maestros para construir un nuevo sistema educativo orientado a la calidad. Pero no se pueden modificar los esquemas de formación, ingreso, ascenso, cambio de adscripción, actualización, capacitación, baja, retiro, evaluación, prerrogativas y sanciones —que forman en su conjunto los elementos del marco laboral y profesional de los maestros— sin tomar en cuenta (como en cualquier proceso productivo): 1) el marco administrativo-legal que los rige y 2) la relación con los otros factores del proceso educativo (materiales pedagógicos, infraestructura de las escuelas, acceso a la tecnología, etcétera). La reforma tiene que ser amplia e integral y avanzar en todos los ejes de manera simultánea. Y esto depende de la voluntad política del Estado.
Presidente de la Fundación del SNTE y director de la revista de educación “AZ”
La meta general de elevar la calidad educativa goza de una amplia base social; tan amplia que incluye incluso a actores confrontados en otros campos, políticos o sociales. La necesidad imprescindible de una mejora en la educación suma a unos con otros; o al menos debería hacerlo. Los alumnos desean una mejor educación y oportunidades de acceso al empleo; los padres de familia quieren mayor bienestar para sus hijos; los empresarios requieren una fuerza de trabajo capacitada para la competencia global; los gobiernos buscan niveles más altos de productividad y una población más educada, y, por supuesto, los maestros desean mejorar las condiciones individuales y colectivas en las que laboran.
Donde radica la diferencia es, en primer lugar, en el procedimiento político-administrativo que cada uno de los actores considera idóneo para llevar a cabo las reformas al sistema educativo. Y, más de fondo, existen también diferencias en la definición que cada uno le otorga al concepto de calidad educativa. Pero el punto de tensión se genera cuando, de una forma reduccionista, se quiere recargar la responsabilidad de estas diferencias en los maestros —en lo individual y como gremio.
Es evidente que en un proceso productivo intensivo en el factor trabajo, como lo ha sido históricamente el proceso educativo, las presiones (y las expectativas) se concentran desproporcionadamente sobre los maestros. Cualquier política pública que proponga transformar el proceso educativo tiene que incorporar el esfuerzo de los trabajadores de la educación. ¡Qué mejor que hacerlo con la colaboración voluntaria de los propios maestros, que es lo que está implícito justamente en la suscripción de la Alianza por la Calidad Educativa (ACE) por parte del SNTE!
A medida que los cambios tecnológicos han modificado la forma en que se genera y se difunde el conocimiento, es necesario adaptar también el método de aprendizaje que prevalece dentro del aula y la escuela. No es lo mismo educar a través del libro de texto, el pizarrón y el cuaderno, que hacerlo por medio de Enciclomedia, el internet y la computadora. Pero para actualizar a dicha realidad los programas pedagógicos, la formación de los maestros bajo nuevos paradigmas y la dotación a las escuelas de los materiales y recursos necesarios, se requiere que la sociedad asuma un enorme compromiso a favor de la reforma, un compromiso a la vez administrativo, económico y político. Al frente de dicho compromiso debe estar, por supuesto, el gobierno y, específicamente, la autoridad educativa, la SEP.
La paradoja es que, a pesar del consenso que existe en la sociedad a favor de la reforma educativa, se ha buscado descalificar —desde ambos extremos del espectro político— al magisterio organizado, que es, justamente, el sector social en el que tiene que recaer el principal esfuerzo de la reforma. Se les exige a los maestros que cuenten con una formación (y disposición) para la cual no fueron capacitados en el pasado por el propio Estado. Los nuevos resultados, metas y objetivos que se espera alcancen los maestros, requieren de una transformación amplia del entorno en el que laboran (de ahí el carácter integral de la ACE); no sólo de un cambio en su desempeño individual.
Existe voluntad de los maestros para construir un nuevo sistema educativo orientado a la calidad. Pero no se pueden modificar los esquemas de formación, ingreso, ascenso, cambio de adscripción, actualización, capacitación, baja, retiro, evaluación, prerrogativas y sanciones —que forman en su conjunto los elementos del marco laboral y profesional de los maestros— sin tomar en cuenta (como en cualquier proceso productivo): 1) el marco administrativo-legal que los rige y 2) la relación con los otros factores del proceso educativo (materiales pedagógicos, infraestructura de las escuelas, acceso a la tecnología, etcétera). La reforma tiene que ser amplia e integral y avanzar en todos los ejes de manera simultánea. Y esto depende de la voluntad política del Estado.
Presidente de la Fundación del SNTE y director de la revista de educación “AZ”
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