lunes, 14 de septiembre de 2009

Ayuda o empleo

Luis González de Alba
Milenio/14 de septiembre de 2009

No un 2 por ciento en nuevo impuesto dirigido a mitigar la pobreza, sino cinco refinerías, diez empresas buscando nuevos yacimientos de petróleo, otras diez montando oleoductos, cinco nuevas vías férreas en construcción, veinte transnacionales levantando sus instalaciones… empleos para los mexicanos sin empleo y no paliativos: eso estaríamos viendo si no hubieran PRI y PRD torpedeado en 2007 el proyecto presidencial dirigido a atraer capitales. Y lo derrumbaron con saliva, discursos que ni ellos se creen.
Las encuestas señalan que una mayoría estamos bien dispuestos a pagar ese 2 por ciento si tuviéramos garantizada su aplicación a los necesitados. Pero a una multitud nos indignan los nuevos impuestos si engordarán la burocracia o se los embucharán los partidos políticos. No conozco a nadie que acepte pagar más al fisco si no hay una fuerte restricción al gasto de los gobiernos, y un recorte aún mayor a las desorbitadas porciones que sin límite se sirven los partidos políticos. Tres mil millones nos cuesta mantener partidos que muchos quisiéramos ver aniquilados, como el Verde negociazo familiar, el Panal con su abeja reina, Convergencia Hacia la Nada, etcétera.
El sindicato de maestros se chupa casi medio billón (medio millón de millones) y sus alumnos llegan a prepa sin entender lo que leen y mal sabiendo sumar y restar. Ante esa cifra, ya en el orden de las difíciles de imaginar, palidecen los 200 millones de pesos que el PRD y partidos menores, así como diputados adictos, le pasaron a López Obrador para sostenerle su pre-pre-precampaña.
Los 70 mil millones que según Carstens recaudaría el gobierno con el impuesto del 2 por ciento para la pobreza, los puede obtener por vía más expedita: cortando la teta de donde mama 44 mil millones Luz y Fuerza del Centro, caso asombroso de compañía que cobra la electricidad más cara que en países ricos y aún así necesita que el gobierno la mantenga. Otro caso insólito y único en el mundo es que Pemex deba mantener con la venta de crudo a Pemex refinación, que pierde más de 100 mil millones de pesos. Una sola planta petroquímica de Pemex obtiene utilidades: la que debió abrir en Texas para poder asociarse con capital privado. Si el gobierno vende Pemex refinación se ahorra cerca de 120 mil millones, más los 12 mil millones que piensa invertir en Hidalgo (y que no recuperará jamás): más de 130 mil millones.
Sumados esos miles de millones que pierden paraestatales, más los recortes a la burocracia engordada por Fox cuando se vio, como López Portillo, “administrando la abundancia”, nos acercamos con mucho a rellenar el agujero fiscal de 300 mil millones faltantes.
Cargar los impuestos sobre el consumo es una medida que induce una mayor justicia social porque hace primer objetivo de la recaudación no a quien más gana, sino a quien más gasta. En cambio, gravar con prioridad los ingresos castiga el ahorro, permite que el amplio sector de comercio informal escape por completo a la vigilancia del fisco. Pero gravar el consumo detecta a quien, registrado o no como contribuyente, tiene ingresos, puesto que se los gasta. Incentivar el ahorro de quienes más ganan permite a los bancos disponer de mayores cantidades para créditos, y los créditos activan la economía. Ya el ahorro se castiga con tasas de interés menores a la inflación. De ahí que el IVA general sea el instrumento más socialmente justo y de mejor control por parte del fisco: no hay cómo ocultar ingresos que se gastan. La evasión es imposible. Y quien compra poco, paga poco.
Reforma de la reforma
En vísperas de que el Congreso debata de nueva cuenta las apresuradas y obtusas reglas electorales, se han abierto foros de análisis. Tienen completa razón los amigos que defienden la reforma electoral de 2007 en el punto que hace a acotar la libertad de expresión. No conozco a nadie que haya planteado la libertad hasta la calumnia ni el derecho a la injuria como parte de la libertad de expresión. Pelean contra un espantajo a modo. Lo que argumentamos quienes nos amparamos contra las reformas es nuestro derecho a la información, sobre todo cuando es negativa. Esto es, que el corrupto pueda ser llamado corrupto, el inepto, inepto y el ladrón, ladrón, aunque eso sin duda lo denigre. Es una práctica obvia en el mundo entero. En México se prohíbe… y se infringe. Si resulta ser una calumnia, la ley ya penaliza el hecho, con o sin elecciones de por medio.
http://www.luisgonzalezdealba.com/

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