miércoles, 23 de septiembre de 2009

Centralismo y desconfianza

Carlos Ornelas
Excélsior/23 de septiembre de 2009

Con diversos nombres —auditoría general de plazas, padrón nacional de docentes— desde hace años, investigadores, periodistas, asociaciones civiles y otros actores presionan al gobierno para que haya transparencia en el número de plazas de los trabajadores de la educación y la cantidad de comisionados al sindicato, a partidos políticos o a la administración pública. Incluso, el Senado demandó en 2007 que la SEP le informara de esos datos. La Secretaría sólo pudo enterar al Congreso los relativos a 14 estados y después de otros tres, los demás no le han respondido. Nadie sabe en este país cuántos mentores hay en la educación básica, cuántos trabajan en realidad ni cuántos los comisionados o aviadores, pero sí que hay grandes fugas financieras por esa vía.
Tal vez debido a esas razones la iniciativa de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, que envió a la Cámara de Diputados el presidente Calderón, persiga “transparentar” el nombre, la plaza y la CURP de cada profesor, director y empleado de la educación de los estados. Bien, dirán muchos, porque la proposición es un ataque a la opacidad con que se manejan las plazas docentes y de apoyo con cargo al erario. Pero, al mismo tiempo, ese proyecto fortalece al centralismo burocrático y deja “la soberanía” de las entidades por los suelos.
El diputado panista Julio Castellanos, hasta hace unos meses oficial mayor de la SEP, aclaró que la Secretaría cuenta con el analítico de plazas, con nombre y apellido de todos los maestros a quienes se paga con recursos federales del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y Normal que se transfieren a los estados a través del Ramo 33 (Reforma, 14 de septiembre). En otras palabras, la iniciativa implica fiscalizar los recursos que los estados asignan a la educación básica y a reforzar los mecanismos de supervisión de los órganos centrales, incluida la Auditoría Superior de la Federación, sobre los gobiernos locales.
Hay aspectos que aplaudir de esa moción. Es casi seguro que la Legislatura la aprobará y su instrumentación acaso sirva para proporcionar información, aunque sus efectos prácticos no se verán de inmediato, pues no prevé mecanismos para que la información y la transparencia sirvan con miras a desmantelar el clientelismo sindical.
La iniciativa presidencial y su eventual aprobación demuestran que por fin el gobierno central se hace eco de la desconfianza de órganos civiles sobre los métodos de administración de la educación, donde el SNTE lleva la mano. Pero no toma en cuenta la suspicacia sobre cómo el gobierno federal administra a ese sector. Hay una falacia de petición de principio en la propuesta presidencial: hay que fiscalizar a los estados, plantea, pero qué de la SEP. Uno se puede preguntar para qué le sirve a la Secretaría conocer el analítico de plazas si no actúa con el fin de disminuir el número de comisionados y aviadores que cobran con recursos federales. La SEP, según Castellanos, sabe cuántos son, pero no hace nada. Y no lo hará, digo yo, porque el Presidente privilegia su alianza con Elba Esther Gordillo.
Quizás el centralismo burocrático explique por qué el nuevo secretario de Educación del Gobierno del Distrito Federal, Mario Carrillo Huerta, haya declarado a nuestra compañera Jessica Castillejos que la descentralización de la educación básica no es una prioridad para el Gobierno del DF, que es mejor trabajar junto a la SEP (Excélsior, 19 de septiembre). Tal vez su jefe nunca quiso la descentralización, no tiene caso recibir un sistema de educación donde no podrá ejercer el poder ni introducir innovaciones, además, se podría echar encima a las secciones locales del SNTE.
La iniciativa y su eventual aprobación también enseñan que los poderes centrales desconfían del federalismo y de la democracia. Una tesis federalista es que, cuando los dineros salen de las arcas centrales, son patrimonio de los gobiernos de los estados. De ellos es la responsabilidad de administrarlos y de las legislaturas locales la facultad de fiscalizarlos. Se dirá que éstas son apéndices del Ejecutivo y que hay cacicazgos regionales que se agandayan los fondos. Cierto, los hay y florecen en los gobiernos de cualquier color. Pero toca a los ciudadanos de esos estados bregar por la transparencia y la rendición de cuentas. Los políticos del centro los menosprecian, los consideran incapaces y ciudadanos de segunda clase que no piensan. Por eso cavilan que hay que razonar por ellos.
Carlos.Ornelas10@gmail.com

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