jueves, 17 de septiembre de 2009

¿Por qué la obligación de la universidad pública de defender su presupuesto?

Herlinda Suárez Zozaya*

En México, tanto en el imaginario social como en términos de opinión pública, la dicotomía público-privado en el ámbito de la educación superior se encuentra ubicada en terrenos de mutua rivalidad. Lejos está nuestro país de que la relación entre la educación pública y la privada sea parte de un proyecto educativo político-social, integrado y armónico, que haya sido pensado y construido con el objetivo de “vivir juntos”.
En cambio, el sistema mexicano de educación superior gestiona y representa la mencionada dicotomía de tal forma que evoca distancias y separaciones sociales, disputas ideológicas y de poder; en fin, luchas por la supremacía entre grupos y clases sociales. Así que la representación que hoy tiene la sociedad mexicana del carácter público de la universidad ha sido construida a partir de tensiones y de un contenido axiológico que no es neutro. Por cierto, esto no es casual, pues hay fundamentos históricos.
En su uso común y más generalizado, lo público de la universidad suele asociarse a su adscripción al conjunto de instituciones del Estado y, particularmente, con su dependencia respecto del financiamiento estatal. Esto ha causado a la universidad pública, por un lado, sospechas y distanciamientos por parte del sector privado; por otro, resquemores y envidias.
Pero para no abonar las miradas de recelo del sector privado hacia las universidades públicas ni caer en malos entendidos, se ha de comprender, en primer lugar, que el Estado le entrega recursos a la universidad pública no por que quiera hacerlo, sino porque está obligado a ello. El Estado mexicano debe seguir el mandato que la sociedad le diera ya hace años, y que sigue vigente.
El precepto social de que la universidad pública reciba recursos del Estado deviene, justamente, de que en la esencia de la noción de lo público se encuentra grabada su indiscutible relación con el interés común. Sustentado en esta esencia, lo público de la universidad pública refiere al derecho y obligación que tiene este tipo de universidad de participar en la esfera pública gestionando y defendiendo este interés.
En este sentido, la diferencia entre universidades públicas y privadas descansa en que estas últimas no tienen tal obligación, aunque obviamente ambas tienen el derecho. Si las universidades privadas no actúan en favor del interés común es porque no quieren. Justamente es su naturaleza privada las que las lleva a velar únicamente por sus intereses particulares, tratando de acentuar las diferencias de lo que les es “propio” respecto de lo “común”. Ésta es la razón por la que no pueden ser financiadas con recursos del erario público.
Así que en modo alguno es un hecho nimio, mucho menos injustificado, que las universidades que llevan en su denominación el calificativo “pública” reciban recursos del Estado y las universidades privadas no. Es la sociedad la que, a través del Estado, provee a las universidades públicas de recursos con el fin de que, en su representación, desplieguen un conjunto de acciones indispensables para la búsqueda y defensa del interés colectivo, y para evitar que los intereses privados actúen en contra del patrimonio y los intereses de la sociedad.
Autonomía y vida democrática
Ahora bien, como uno de los intereses de la sociedad, cuando menos a partir de la segunda mitad del siglo XX, es la adscripción a la democracia, la noción de lo público también se vincula con la promoción de la vida democrática. Consecuentemente, la universidad pública tiene la responsabilidad de velar por el respeto a la democracia y, por tanto, dentro de sus responsabilidades está la de evitar que las decisiones que conciernen a la sociedad sean tomadas por particulares, incluidos los gobernantes.
Debe recordarse que una de las características de la democracia, incluso en las de carácter indirecto o representativa, es que la titularidad del poder reside en la totalidad de los miembros de la sociedad, haciendo que la toma de decisiones responda a la voluntad colectiva y no sólo a la de los gobernantes.
En las sociedades democráticas la igualdad de oportunidades es considerada como el pilar necesario para construir una sociedad justa con cada individuo. Esta consideración se proyecta sobre la universidad pública, la cual tiene el deber de procurar la distribución justa y equitativa de los bienes y servicios que ofrece y produce, sin distingos debidos a características sociodemográficas, culturales o económicas de los individuos.
Obviamente, los requisitos académicos que deben cumplirse provocan que las universidades públicas no escapen de jugar un papel importante en la reproducción de las desigualdades sociales. Sin embargo, su carácter público las obliga a luchar por hacerlas mínimas.
Así que siendo México un país donde hay tanta pobreza, la vigencia de la voluntad democrática obliga a las universidades públicas a que sus colegiaturas tengan un costo reducido, o de plano nulo. Y para dar cabida a la diversidad cultural, la laicidad es exigencia. A estas alturas ya podemos entrever que la universidad pública no sólo tiene el mandato de actuar como representante de la sociedad en la esfera pública, sino de participar en la construcción de lo público. La universidad cumple un papel social como productora y distribuidora de bienes públicos. La educación superior, la ciencia, los desarrollos tecnológicos y sus innovaciones, también los jóvenes profesionistas mismos, constituyen bienes apreciados y esenciales para llevar a cabo el proceso de producción y reproducción de la sociedad y para el incremento constante de su productividad.
Pero ahora que el capitalismo se ha desindustrializado y las sociedades desmodernizado, resulta oportuno recordar que lo público carece de un significado fijo o inmutable y que la cuestión de su relación con el interés común, con lo social y con la democracia hoy la está disputando el mercado.
Y en este momento, precisamente por su carácter público, la universidad pública tiene el derecho y a la vez la obligación de participar en la disputa. En resumidas cuentas, la defensa del presupuesto universitario y la disputa por el significado de lo público de la universidad pública se entrecruzan.
Una vez aclarado lo anterior, no pueden ya quedar sospechas: el Estado está obligado a financiar a las universidades públicas para que puedan responder cabalmente a los encargos que la sociedad le ha dado. Dicho de otra manera: lo público de la universidad pública es lo que le otorga a esta institución el derecho de recibir recursos del Estado, sin que por ello esto deba traducirse en dependencia o en deberes y obligaciones hacia el mismo.
De hecho, por llevar este calificativo la universidad pública está obligada a no recibir recursos de ninguna fuente que pudiera coartarle la libertad de defender el interés común y la democracia. Y es que la responsabilidad que tiene esta institución con la defensa de los intereses de la sociedad le exige no anteponer intereses de ningún particular.
Por esto, los recursos que le entregue el gobierno en turno deberán ser suficientes; por esto, la universidad pública tiene la obligación de defender su presupuesto y no permitir mermas, sobre todo ahora que el liberalismo contemporáneo pretende ampliar la esfera de influencia del individuo y la competencia en detrimento de lo colectivo.
La situación no puede ser más dramática para las universidades públicas. Sus servicios y productos han adquirido un reconocimiento público, nunca tan claro, precisamente cuando el contexto económico y político está exigiendo a las universidades que se coloquen en el mercado y transfieran sus productos a entidades privadas, priorizando los intereses de comercialización internacionales respecto del bienestar social nacional.
Por su parte, el Estado promueve la idea de una supuesta superioridad, en términos de calidad, del sector privado y de un presunto peso excesivo del sector público para la sociedad. En México esta ideología ha tenido tal ascendencia que los gobiernos están tratando de “desfinanciar” a las universidades públicas, tratando de obligarlas a buscar y establecer nexos corporativos y operar de acuerdo con los objetivos del lucro.
Las universidades públicas están sobre aviso. Los gobiernos, que se sienten dueños de los recursos públicos, están usando el desfinanciamiento a estas instituciones para enviarles el siguiente mensaje: o efectúan una alianza con el mundo de los negocios o serán aniquiladas. Lo que en cualquier caso significa que lo público de la universidad, tal y cómo ahora lo conocemos, desaparecerá. Evidentemente, para que la sociedad no salga en su rescate, todo esto debe suceder en un contexto de queja constante de falta de recursos públicos, escasas esperanzas de mejoría en el futuro y amenazas de escasez y pobreza a la sociedad. ¿Cuál puede ser entonces la posición estratégica de la universidad pública, que tiene la responsabilidad de velar por el patrimonio y los intereses sociales?
Hoy, los horizontes del actuar político se han estrechado. No obstante, la universidad pública tiene la obligación de exigirle al Estado que le entregue los recursos suficientes para que la institución mantenga su responsabilidad con la democracia, al tiempo que alcanza altos niveles de competitividad, sin tener que recurrir al mercado.
¡Qué bueno que los rectores de algunas universidades públicas ya han tomado la batuta en la lucha por el presupuesto! Y a todos los académicos, sobre todo a los profesores e investigadores de ciencias sociales y humanidades, nos toca crear opinión pública, participando en diálogos plurales en congresos, medios de comunicación, publicaciones, en las propias aulas y en el campus, acerca de la disputa que hoy existe en torno de la representación de lo público de la universidad pública y del significado político de las estrategias de desfinanciación. Es hora de debatir y contrarrestar la seudopinión pública manipulada, donde hay una carencia de mediaciones críticas en lo que se comunica.
* Investigadora titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM.

No hay comentarios: