martes, 8 de septiembre de 2009

Tiempo de reformas

José Blanco
La Jornada/8 de septiembre de 2009

Hace unas semanas Calderón hizo fe pública de un liberalismo decimonónico que a nadie en su sano juicio podría ocurrírsele proponer hoy; fue acaso un exceso de retórica, aunque hablaba en un acto público. Dijo que la sociedad mexicana necesitaba crecer para ver la acción del gobierno como subsidiaria: el contexto completo del discurso al que aludo traducía sin duda la idea liberal del Estado policía. Un Estado está para cuidar la propiedad y la seguridad de los particulares: hacer cumplir la ley y punto.
Calderón y su gobierno muestran a las claras que ignoran absolutamente que no existe ningún caso exitoso de desarrollo que no haya sido resultado de un propósito deliberado, dirigido por el Estado, a partir de las condiciones históricas propias, creando un proyecto social legítimo, resultado de un consenso. Se trata de la construcción expresa de condiciones para desatar procesos sociales, económicos y políticos que conduzcan a una espiral virtuosa, es decir, a la autopoiesis.
La autopoiesis designa el proceso por el que un sistema organizado se autoproduce y autorreproduce. Es exactamente lo que ocurre cuando una sociedad ha entrado en el círculo virtuoso del desarrollo socioeconómico.
El término fue introducido por los biólogos chilenos Maturana y Varela. Lo definen así: “los sistemas autoproducidos (una célula, un organismo, la conciencia o sique, una corporación, etcétera) constan de una red de procesos u operaciones que pueden transformar o destruir componentes, pero en los que el mismo sistema opera su identidad como contradistinta al entorno y la mantiene a través de esa retícula de procesos de interacción entre sus elementos (Maturana and Varela, Autopoiesis and Cognition. 1980)”. El concepto fue llevado y desarrollado para los sistemas sociales por Niklas Luhman.
Después de la expresión de fe pública en el liberalismo económico de Calderón, algo pasó en la cabeza del Presidente que propone ahora, en su Informe de Palacio, un decálogo para el futuro del país: 1) Frenar la pobreza, 2) cobertura universal de salud, 3) educación de calidad, 4) reforma profunda de las finanzas públicas, 5) reformas al sector energético, 6) reforma al sector de las telecomunicaciones, 7) reforma laboral, 8) reforma regulatoria de fondo, 9) profundizar y ampliar la lucha frontal contra el crimen y por la seguridad de los ciudadanos, y 10) reforma política de fondo.
¿Por qué propuestas de la magnitud que parecen estar detrás de esos enunciados no fueron puestas sobre la mesa al inicio de su mandato? Es claro que con el déficit de consenso y legitimidad con que tomó la Presidencia, las propuestas habrían caído en el vacío político en aquel momento. Pero resultaría necio que los partidos no las tomen ahora para intentar construir un consenso lo más amplio posible con ellas y sumar otras que fueran pertinentes.
De otra parte, el acto mismo de presentar ese conjunto de propuestas es una confesión de la disfuncionalidad básica del gobierno hasta el día de hoy. Cuando el Presidente se planta frente a las cámaras de televisión y anuncia cuántos narcotraficantes han sido encarcelados y cuántos kilos de estupefacientes se han incautado, es claro que tales datos no son indicadores de que la seguridad haya mejorado, porque la imagen pública es exactamente la contraria. Variadas encuestas señalan el temor de los ciudadanos a ser víctimas de la inseguridad que reina en el país.
Ningún ciudadano en México es capaz de decir que este o aquel funcionario público es un cuadro gobernante de primer orden. Una encuesta reciente mostró que los ciudadanos ignoran hasta el nombre de los secretarios del Presidente.
Es claro que no sabemos nada aún sobre los contenidos expresos de las que por ahora son unas propuestas que sólo enuncian su nombre, y no mucho más. Es preciso por eso que el Presidente apure su propuesta y la entregue a la sociedad y al Congreso. Calderón cuenta por ahora con un alto nivel de aceptación social.
El PRI ha dicho sin rubores ni timideces que quiere regresar al Poder Ejecutivo, y que quiere hacerlo con el país en marcha, no en una creciente desgracia. Sobra quien ponga el grito en el cielo, pero sin duda se trata de una aspiración legítima. Para eso están los partidos en todas partes: para intentar convertirse en gobierno; con estas propuestas el PAN intentará exactamente lo contrario: retener el poder. El PRI y el PRD, por otra parte, tienen su propia agenda.
La legitimidad de las aspiraciones políticas de todos los partidos no puede estar en cuestión, pero sí cuando de por medio no está la búsqueda de un mejor futuro para la sociedad mexicana.
Ojalá el Presidente presente una propuesta de fondo. No se puede pedir a la sociedad que acepte una reforma en el sistema impositivo si no están claramente expuestas las condiciones que podrían volverla aceptable: 1) la eliminación del desperdicio: un programa con medios, fechas, garantías, y 2) una propuesta de plan presupuestal multianual, en el contexto del cual pueda hacerse explícito en qué van a gastarse los recursos que solicita y que elimine la restricción del equilibrio, por ejemplo.
No puede insistirse en una reforma laboral si no va acompañada de una propuesta de seguro de desempleo al menos para toda la población económicamente activa ligada a la economía formal; es otro ejemplo. Ojalá no estemos frente a otro parto de los montes.

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