jueves, 17 de septiembre de 2009

El sentido político de la autonomía universitaria

Humberto Muñoz García*

¿Por qué analizar la autonomía universitaria desde una perspectiva política? Porque la noción de autonomía refiere a cuestiones esenciales de la vida académica de personas y comunidades en la universidad pública y porque la autonomía ha sido centro de disputa política en las relaciones de la universidad con el Estado.
La autonomía tiene un sentido político, entre otras cosas, porque está vinculada con la acción y la expresión libre de todas las ideas en el espacio académico universitario, espacio desde el cual se relaciona con el poder del Estado, con otros poderes fácticos y con la sociedad para que, en teoría, no intervengan ni interfieran en la vida universitaria y en las relaciones que dentro de la universidad mantienen sus actores. Además, porque el financiamiento a la universidad pasa hoy por un juego político con el Estado que afecta el ejercicio de la autonomía.
En un artículo anterior, publicado en Campus, se anotaron los antecedentes y alcances políticos de la autonomía en México. Aquí trato varios puntos más. Desde una perspectiva política, la autonomía, hoy, le es indispensable a la universidad para situarse en el juego político de la democracia. Exploro, en breve, cómo la disputa política por la autonomía la ha restringido, causando efectos en las universidades públicas que han modificado su espacio frente a los poderes en la sociedad y, también, su vida política interna. Y, finalmente, sostengo que es imperativo lanzar ideas y propuestas para que la autonomía alcance toda la amplitud que tiene en su concepción constitucional.
1. Hacia fines del siglo XX y los años que van del actual, el Estado mexicano ha transformado su fisonomía, en aspectos que nos son de interés. Se transformó de Estado educador en Estado evaluador. Tal movimiento estuvo acompañado por la transición hacia una democracia electoral. El escenario político se diversificó.
Con el Estado evaluador, las universidades debieron adaptarse a los designios oficiales. Necesitaron salir al medio político a buscar recursos, a negociarlos, teniendo que relacionarse con múltiples actores políticos (cámaras y comisiones en las cámaras de representantes, fracciones parlamentarias, secretarías de Estado federales y locales, partidos políticos, grupos empresariales, la ANUIES, el Conacyt, fundaciones nacionales y extranjeras, etcétera).
En la consecución de recursos económicos, la autonomía reveló con toda claridad su esencia política. En la diversidad y pluralidad de la vida política nacional, a la universidad pública le es indispensable el pleno goce de la autonomía para tener capacidad de relacionarse con todos los actores y fuerzas políticas que luchan por el poder. Para que dentro de la lucha se ubique correctamente en el escenario político nacional y pueda aparecer en él para beneficiarse. Para que la universidad pueda presentar propuestas para el desarrollo local y nacional que sean tomadas en cuenta por las fuerzas políticas y para contender con las demandas de educación y conocimiento científico que le hacen llegar un número de públicos cada vez mayor. Para que las tensiones que le produce la multiplicación de demandas puedan resolverse positivamente.
La autonomía plena, además, está ligada a la posibilidad de conseguir y justificar sus recursos, a que la universidad contribuya a ampliar el espacio público en la sociedad. De esto último depende, en buena medida, el respeto y el reconocimiento que se le otorgue a sus tareas.
2. La autonomía restringida. El manejo político del financiamiento que ha hecho el gobierno de la república ha tenido una notable influencia para restringir la autonomía. Las políticas de educación superior han aumentado el control político del gobierno federal sobre las universidades públicas. Este hecho lo revela el cambio de la forma de gobierno de las instituciones universitarias.
En un texto de hace unos años (Muñoz, 2006) comencé a explorar el problema. Advertía que los rectorados se habían vuelto gestores más que conductores de la academia; que había ocurrido un proceso de subordinación de los funcionarios de las rectorías al gobierno federal. Adrián Acosta, en su último libro (2009), lo puso de una manera más completa y compleja: los rectores se volvieron príncipes, burócratas y gerentes. Esta figura ilustra los cambios del gobierno universitario. Coincidimos en que la planeación estratégica ha producido un aparato de gobierno universitario altamente burocratizado. Él agregó que los cambios en el gobierno universitario no parecen haberse relacionado con la mejoría en el desempeño institucional.
El cambio en la forma de gobierno en las universidades públicas es relevante porque la máxima expresión de la autonomía consiste en la capacidad de designar a las autoridades. A raíz de la planeación estratégica y la restricción a la autonomía, los conductores y decisores en la universidad ganaron fuerza. Tienen el encargo de aplicar las políticas educativas del gobierno en su universidad. Toman decisiones sin que existan los mecanismos adecuados de consulta y participación de la comunidad académica. La burocratización de la vida política universitaria, la necesidad de aparición frecuente de los rectores en el escenario político local y nacional han venido modificando el significado de la autoridad universitaria.
Al imponerse la administración sobre la academia, se ha establecido una lógica política en la que los argumentos e intereses académicos de la comunidad cuentan menos en las designaciones que las conexiones, los grupos a los cuales se pertenece, la eficacia y la eficiencia de control político. Se ha minado la creencia en la legitimidad basada en el valor del conocimiento y con ello la idea de autoridad universitaria. Se ha nutrido, igualmente, un sentimiento comunitario de falta de representatividad de los cuerpos decisorios. La lucha por ganar espacios y establecer programas académicos se ha vuelto más política que académica. Para la gestión de lo académico cuenta, y bastante, el peso político de quien la promueve.
El poder ha desplazado, en buena medida, al saber como criterio de designación de las autoridades. El prestigio académico está ubicado en un segundo plano. Los grupos dirigentes de la universidad han fincado su capacidad de mando en el manejo exitoso de la gestión para conseguir recursos. Y han encontrado mecanismos de reproducción por fuera de la academia. En las universidades hay una menor capilaridad política en el reclutamiento de cuadros directivos provenientes de la academia y una menor rotación en los puestos de mando.
3. La autonomía sigue en disputa. Para la universidad la autonomía es crucial tal y como está sancionada en la ley. Porque le permite ampliar sus márgenes de acción académica y política en un escenario político nacional donde todo está en riesgo. La autonomía, hoy, debe extender los límites con los cuales opera el concepto en la práctica para garantizar la libertad académica.
Nuestra principal disputa con el Estado es justamente por la ampliación de la autonomía. Analizarla con más detalle y a un mayor nivel de profundidad es fundamental para insistir en ampliarla, tal como se expone en la Constitución. Su defensa va ligada al carácter público de la universidad, al planteamiento de ideas para establecer relaciones políticas con el gobierno que sean acordes a la esencia de la autonomía y a la relevancia que actualmente tiene la universidad para ampliar la esfera pública en la sociedad y coadyuvar a la salida de la crisis nacional.
La autonomía en nuestros días es trascendente para que la universidad pública pueda operar en un medio político con pluralidad de intereses en el ámbito nacional, para que la universidad se ubique y funcione en el contexto de la democracia.
Pero, sobre todo, para que la universidad pública cumpla mejor sus fines y funciones. Y eso significa que la sociedad reconozca la importancia de sus tareas, lo cual la ayuda para redefinir sus relaciones con el Estado, a ganar grados de libertad para plantear opciones de desarrollo al país y obtener un financiamiento suficiente y oportuno que brinde certeza a la realización de su quehacer sin interferencias de nadie.
Consideramos crucial que lo académico vuelva a ser el elemento fundamental de los procesos políticos universitarios, el núcleo desde donde se constituye la comunidad, desde el cual se toman y justifican las decisiones de los cuerpos colegiados, incluida la designación de autoridades, reflejando el sentir de los académicos y estudiantes. La autoridad universitaria ganará legitimidad y con ella podrá mostrar en el exterior una institución cohesionada en su voluntad general.
A los académicos nos resta pensar y proponer, con base en la autonomía, las reformas jurídicas y políticas que le den nuevas energías al gobierno universitario, para que tenga una buena conducción institucional. En esa condición, desde el espíritu académico y sus valores, tendrá la mejor arma para disputar la autonomía con el Estado, para conciliar con él sobre la base del interés común y para que las instituciones puedan avanzar en medio de la complejidad social y del conocimiento en estos tiempos.
* Seminario de Educación Superior, IIS. Profesor de la FCPS. UNAM.
Tomado de: http://www.campusmilenio.com.mx/337/ensayos/sentido-politico.php

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