Gabriel Guerra CastellanosEl Universal/7 de septiembre de 2009
Un foro organizado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo me da pretexto para reflexionar acerca de la relevancia de la apertura informativa, de la conducta que siguen en ese aspecto los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y los tres niveles de gobierno y sus repercusiones en nuestra vida cotidiana en momentos tan complejos como el que hoy vivimos en México.
Siempre he estado convencido de que mayor información, mayor transparencia y mejor comunicación son esenciales para el buen desempeño de las entidades públicas y privadas, lo mismo si se trata de empresas, organismos gubernamentales o ciudadanos cuya vida trasciende por cualquier motivo la esfera de lo estrictamente privado. Es decir, que más información generalmente se traduce en menos especulación, que una mayor apertura a las interrogantes y cuestionamientos de la sociedad genera mayor confianza y certidumbre, que no hay por qué dejar de ser claro y transparente.
Nuestro país atraviesa hoy por una enmarañada situación económica, política y judicial. Hay una serie de frentes abiertos en los que no siempre se percibe quiénes son los combatientes y quién está del lado de los buenos o de los malos. Dedicados a ver la paja en el ojo ajeno y no las vigas en el propio, lo único que alcanzamos a distinguir es que, parafraseando al confundido Hamlet, algo está podrido en nuestro reino.
Nadie duda de la podredumbre, pero muchos cuestionan dónde es que está y todos se apuran en señalar hacia otro lado: son mis adversarios, mis contrincantes, los que se atreven a cuestionarme, todos esos son los podridos. Si los medios señalan alguna conducta escandalosa, ellos son los que están mal; si las ONG denuncian, entonces se les acusa de ser partidistas o peor; si un ciudadano o un medio demanda conocer cierta información, la tendencia siempre es la misma: negar, negar hasta lo que es obvio.
Si bien no son esas conductas exclusivas de México, pareciera que nos especializamos en hacer las cosas de la manera más tortuosa y opaca posible. Alguna vez se quejaba un legislador de que los fotógrafos sólo estaban buscando el momento para pescarlo dormitando en su curul, como si la culpa fuera del que capta el momento y no del que se duerme en su sitio de trabajo. Lo mismo podríamos decir de los funcionarios públicos que reclaman el escrutinio mediático o ciudadano en lugar de cuidarse de no incurrir en conductas inadecuadas. O, a ver, ¿está mal el burócrata que exige una “mordida” o el ciudadano que lo denuncia? ¿Está mal el empresario que evade impuestos o el medio de comunicación que lo evidencia?
En un país en que todo se resuelve por la vía menos recta, es comprensible que se condene la denuncia en vez de al acto inmoral. De acuerdo al más reciente Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, que realiza cada dos años Transparencia Mexicana, en el 2007 se cometieron en México 197 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos, concesionados y particulares, con un costo de 27 mil millones de pesos para quienes los tuvieron que pagar, es decir, los ciudadanos. Ese impuesto adicional, que equivale a una décima parte del “boquete” en la hacienda gubernamental, nos debería escandalizar, pero lo toleramos, lo que dice mucho acerca del país en que nos estamos convirtiendo.
El Presidente de la República y los principales actores políticos se han pronunciado acerca de los cambios que requiere México. Coinciden en dos puntos: son escuetos en lo que a detalles se refiere y amnésicos en lo que a la transparencia y el combate a la corrupción respecta. No reparan en que la opacidad, la ausencia de información clara y oportuna y las políticas secretistas le causan un enorme daño al país.
La transparencia es factor central para el avance social, la democracia y el desarrollo económico. Obliga a una mejor rendición de cuentas, permite a los actores económicos tomar decisiones basadas en hechos y a la sociedad a vivir en un mundo más cercano a la realidad, alejado de especulaciones y rumores. Hay estudios internacionales que documentan la correlación directa entre transparencia y acceso a la información y un mejor desempeño gubernamental. Viven mejor y son más prósperos aquellos países que logran combinar un eficaz acceso público a la información con normas adecuadas de conducta del sector público y certidumbre legal.
Hay en México pocos ejemplos que demuestran que sí es posible romper con el círculo vicioso de la secrecía y la clandestinidad públicas. El Banco de México autónomo difunde hoy información que hace apenas unos años era considerada secreto de Estado. Como consecuencia tiene mayor credibilidad y sus decisiones son respetadas y vistas como producto de información veraz que todos los interesados conocen. Si bien faltan cosas por hacer, lo cierto es que hoy México ha salido relativamente bien librado, por la simple y sencilla razón de que los mercados le creen al banco central.
Parece de Perogrullo, pero muchos todavía no lo entienden…
www.twitter.com/gguerrac
Siempre he estado convencido de que mayor información, mayor transparencia y mejor comunicación son esenciales para el buen desempeño de las entidades públicas y privadas, lo mismo si se trata de empresas, organismos gubernamentales o ciudadanos cuya vida trasciende por cualquier motivo la esfera de lo estrictamente privado. Es decir, que más información generalmente se traduce en menos especulación, que una mayor apertura a las interrogantes y cuestionamientos de la sociedad genera mayor confianza y certidumbre, que no hay por qué dejar de ser claro y transparente.
Nuestro país atraviesa hoy por una enmarañada situación económica, política y judicial. Hay una serie de frentes abiertos en los que no siempre se percibe quiénes son los combatientes y quién está del lado de los buenos o de los malos. Dedicados a ver la paja en el ojo ajeno y no las vigas en el propio, lo único que alcanzamos a distinguir es que, parafraseando al confundido Hamlet, algo está podrido en nuestro reino.
Nadie duda de la podredumbre, pero muchos cuestionan dónde es que está y todos se apuran en señalar hacia otro lado: son mis adversarios, mis contrincantes, los que se atreven a cuestionarme, todos esos son los podridos. Si los medios señalan alguna conducta escandalosa, ellos son los que están mal; si las ONG denuncian, entonces se les acusa de ser partidistas o peor; si un ciudadano o un medio demanda conocer cierta información, la tendencia siempre es la misma: negar, negar hasta lo que es obvio.
Si bien no son esas conductas exclusivas de México, pareciera que nos especializamos en hacer las cosas de la manera más tortuosa y opaca posible. Alguna vez se quejaba un legislador de que los fotógrafos sólo estaban buscando el momento para pescarlo dormitando en su curul, como si la culpa fuera del que capta el momento y no del que se duerme en su sitio de trabajo. Lo mismo podríamos decir de los funcionarios públicos que reclaman el escrutinio mediático o ciudadano en lugar de cuidarse de no incurrir en conductas inadecuadas. O, a ver, ¿está mal el burócrata que exige una “mordida” o el ciudadano que lo denuncia? ¿Está mal el empresario que evade impuestos o el medio de comunicación que lo evidencia?
En un país en que todo se resuelve por la vía menos recta, es comprensible que se condene la denuncia en vez de al acto inmoral. De acuerdo al más reciente Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, que realiza cada dos años Transparencia Mexicana, en el 2007 se cometieron en México 197 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos, concesionados y particulares, con un costo de 27 mil millones de pesos para quienes los tuvieron que pagar, es decir, los ciudadanos. Ese impuesto adicional, que equivale a una décima parte del “boquete” en la hacienda gubernamental, nos debería escandalizar, pero lo toleramos, lo que dice mucho acerca del país en que nos estamos convirtiendo.
El Presidente de la República y los principales actores políticos se han pronunciado acerca de los cambios que requiere México. Coinciden en dos puntos: son escuetos en lo que a detalles se refiere y amnésicos en lo que a la transparencia y el combate a la corrupción respecta. No reparan en que la opacidad, la ausencia de información clara y oportuna y las políticas secretistas le causan un enorme daño al país.
La transparencia es factor central para el avance social, la democracia y el desarrollo económico. Obliga a una mejor rendición de cuentas, permite a los actores económicos tomar decisiones basadas en hechos y a la sociedad a vivir en un mundo más cercano a la realidad, alejado de especulaciones y rumores. Hay estudios internacionales que documentan la correlación directa entre transparencia y acceso a la información y un mejor desempeño gubernamental. Viven mejor y son más prósperos aquellos países que logran combinar un eficaz acceso público a la información con normas adecuadas de conducta del sector público y certidumbre legal.
Hay en México pocos ejemplos que demuestran que sí es posible romper con el círculo vicioso de la secrecía y la clandestinidad públicas. El Banco de México autónomo difunde hoy información que hace apenas unos años era considerada secreto de Estado. Como consecuencia tiene mayor credibilidad y sus decisiones son respetadas y vistas como producto de información veraz que todos los interesados conocen. Si bien faltan cosas por hacer, lo cierto es que hoy México ha salido relativamente bien librado, por la simple y sencilla razón de que los mercados le creen al banco central.
Parece de Perogrullo, pero muchos todavía no lo entienden…
www.twitter.com/gguerrac
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