Luis Maldonado VenegasEl Universal/3 de septiembre de 2009
El mandato del artículo tercero constitucional es inequívoco: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación”.
Educación —establece nuestra Carta Magna— orientada a luchar contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Educación laica, democrática, nacional, tendente a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Educación que contribuya a una mejor convivencia humana y a evitar los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.
Las universidades públicas son vitales en este empeño educativo, crucial para la nación. Señaladamente una de las más prestigiadas de América y del mundo: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Por eso resulta absurda, por decirlo suavemente, la decisión de recortar en 1% el presupuesto de las universidades públicas del país, de por sí agobiadas por la anoxia financiera.
De los 800 millones de pesos de esa mutilación irracional, 200 millones corresponderían a la UNAM, nuestra “máxima casa de estudios”. La universidad pública, por excelencia, del Estado: nacional, autónoma y de México, inscrita en junio de 2007 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en el Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Analista y prestigiado universitario, Raúl Trejo Delarbre ha señalado puntualmente el problema: que desde el Estado, insensatamente, se asuma que la autonomía de la UNAM otorga pretexto suficiente para desentenderse financieramente de la institución.
De una institución conformada por una comunidad con 305 mil alumnos en sus planteles de bachillerato, licenciatura y posgrado; más de 35 mil investigadores, profesores de carrera, técnicos académicos, profesores de asignatura y asistentes; de una casa de estudios con tareas de divulgación cultural que incluyen conciertos, teatro, danza, cine, exposiciones, actividades literarias y talleres, así como conferencias, cursos, apoyos y becas para la formación académica, proyectos de investigación, intercambios y más de 140 bibliotecas con casi 7 millones de volúmenes.
El Estado tiene la obligación de atender sus responsabilidades financieras ante las crisis que hoy golpean al país. Pero no debe, de ninguna manera, dar la espalda a las universidades públicas, particularmente (cito de nuevo a Trejo Delarbre) a “su” universidad pública.
México necesita más y mejor educación. La necesita porque la educación es rumbo: de ella parten todos los caminos hacia el desarrollo, el bienestar, la igualdad de oportunidades y la justicia social. Una sociedad sin educación deviene en pueblo a la deriva.
Apoyemos a la casa emblemática de las universidades públicas; apoyemos al rector José Narro Robles en su cruzada en defensa del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México, hoy que la insensibilidad política y social lleva a malos gobernantes a suponer, erróneamente, que el Estado es tan sólo un “gestor monolítico del poder”.
luismaldonado@senado.gob.mx
Educación —establece nuestra Carta Magna— orientada a luchar contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Educación laica, democrática, nacional, tendente a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Educación que contribuya a una mejor convivencia humana y a evitar los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.
Las universidades públicas son vitales en este empeño educativo, crucial para la nación. Señaladamente una de las más prestigiadas de América y del mundo: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Por eso resulta absurda, por decirlo suavemente, la decisión de recortar en 1% el presupuesto de las universidades públicas del país, de por sí agobiadas por la anoxia financiera.
De los 800 millones de pesos de esa mutilación irracional, 200 millones corresponderían a la UNAM, nuestra “máxima casa de estudios”. La universidad pública, por excelencia, del Estado: nacional, autónoma y de México, inscrita en junio de 2007 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en el Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Analista y prestigiado universitario, Raúl Trejo Delarbre ha señalado puntualmente el problema: que desde el Estado, insensatamente, se asuma que la autonomía de la UNAM otorga pretexto suficiente para desentenderse financieramente de la institución.
De una institución conformada por una comunidad con 305 mil alumnos en sus planteles de bachillerato, licenciatura y posgrado; más de 35 mil investigadores, profesores de carrera, técnicos académicos, profesores de asignatura y asistentes; de una casa de estudios con tareas de divulgación cultural que incluyen conciertos, teatro, danza, cine, exposiciones, actividades literarias y talleres, así como conferencias, cursos, apoyos y becas para la formación académica, proyectos de investigación, intercambios y más de 140 bibliotecas con casi 7 millones de volúmenes.
El Estado tiene la obligación de atender sus responsabilidades financieras ante las crisis que hoy golpean al país. Pero no debe, de ninguna manera, dar la espalda a las universidades públicas, particularmente (cito de nuevo a Trejo Delarbre) a “su” universidad pública.
México necesita más y mejor educación. La necesita porque la educación es rumbo: de ella parten todos los caminos hacia el desarrollo, el bienestar, la igualdad de oportunidades y la justicia social. Una sociedad sin educación deviene en pueblo a la deriva.
Apoyemos a la casa emblemática de las universidades públicas; apoyemos al rector José Narro Robles en su cruzada en defensa del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México, hoy que la insensibilidad política y social lleva a malos gobernantes a suponer, erróneamente, que el Estado es tan sólo un “gestor monolítico del poder”.
luismaldonado@senado.gob.mx
Presidente del CEN de Convergencia y senador de la República
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